“Chande”, “Cachiro”, “El Rojo” y Fabio Lobo buscarán hundir a JOH

Durante sus testimonios mencionaron y vincularon al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), más conocido en Honduras como JOH, a actividades vinculadas al narcotráfico a gran escala.

No solo lo inculparon, algunos de ellos lo señalaron directamente y por ello se convertirán en testigos claves llamados por la Fiscalía de Nueva York para testificar.

Se trata de Devis Leonel Rivera Maradiaga, otrora jefe del clan de Los Cachiros; Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa (2010-2014); Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, un narco hondureño-guatemalteco; y, el exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander “Chande” Ardón quienes están dispuestos a confesar sus presuntas alianzas con el expresidente para hundirlo junto a ellos, y quizá lograr, una reducción de sus condenas.

Con la declaratoria de culpabilidad casi en simultáneo de Mauricio Hernández Pineda, exoficial de la Policía Nacional y Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, exdirector de la Policía Nacional, se espera que también declaren en contra de Juan Orlando Hernández.

Pero no son los únicos. La lista de narcotraficantes enjuiciados en Estados Unidos dispuestos a echar de cabeza al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández es extensa y, según se maneja, asciende a casi una cuarentena.

Otros nombres y rostros conocidos que están dispuestos a darle la espalda a Juan Orlando con el fin de restar tiempo a sus condenas son Arnaldo Urbina, exalcalde de Yoro y exlíder del Partido Nacional y amigo cercano de JOH; Geovanny Fuentes, que también testificó en el juicio contra Tony Hernández, y Hugo Ardón, quien fue nombrado director del Fondo Vial luego de que su hermano Chande le pagara un millonario “aporte” a Tony Hernández para financiar la campaña política de Juan Orlando.

Sobre la situación de Hugo Ardón hay pocos detalles, ya que no ha sido acusado. Por otra parte, también puede declarar Fernando Josué Chang Monroy, narco guatemalteco que testificó en el juicio de Tony Hernández y que dijo que le llegó a comprar unos 15,000 kilos de cocaína al hermano del exmandatario.

En el caso de Hernández Pineda cabe recordar que “El acusado se declaró culpable del cargo uno de la acusación formal sustitutiva S4 de 21 USC 963, 952 (a). El juez Robert W. Lehrburger recomienda que el juez Castel acepte la declaración de culpabilidad”, señalan los documentos federales.

Dicho acuerdo abarca que el acusado fue sobreseído definitivamente de los cargos de uso de armas de guerra durante la conspiración, evitando así un castigo severo de cadena perpetua. Su condena será de entre 15 y 20 años de prisión.

El abogado Richard Ma, defensor del exoficial, reconoció: “Hemos tenido negociaciones de declaración de culpabilidad con el Gobierno y hemos tenido conversaciones con nuestro cliente. Se negociaron y discutieron diferentes y varias ofertas”. En ese entonces, Hernández Pineda estaba listo para enfrentar el juicio.

A continuación una descripción completa de quién es cada uno.

Es un narcotraficante hondureño condenado a 24 años de prisión e hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), identificado en los archivos como CW-3.

Él será uno de los testigos claves que la Fiscalía de Nueva York llevará al estrado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York para testificar contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

En el último documento presentado por la Fiscalía este 16 de enero, se establece que “Alrededor de 2013, CW-3 (Fabio Lobo) tuvo una conversación con Juan Orlando sobre la obtención de información de radar para facilitar el tráfico de drogas de CW-3 (Fabio Lobo) con Los Cachiros”, revela el documento.

De acuerdo a las últimas revelaciones, Hernández instruyó al entonces ministro de Seguridad, Julián Pacheco, identificado en el documento como CC-8 para que le facilitara la información a “cambio de proporcionar un pago”.

El 3 de octubre de 2019, durante el juicio de Tony Hernández, Víctor Hugo Díaz Morales alias “El Rojo”, aseguró que juntos traficaron unos 140,000 kilos de cocaína durante 12 años, y que en 2005 el entonces acusado (Tony) le pidió 40,000 dólares para la campaña electoral de su hermano que entonces buscaba ser reelecto diputado y al momento del juicio era presidente de Honduras (Juan Orlando Hernández).

Luego, agregó que en 2009 pagó 100,000 dólares en sobornos para la elección a la presidencia de Honduras de Porfirio Lobo, y la reelección del entonces congresista Juan Orlando Hernández, quien en el momento de su juicio era el actual gobernante de Honduras.

“El Rojo”, que testificó en el juicio contra Tony como parte de un acuerdo que hizo con el Gobierno de EE.UU también afirmó que su socio le dijo que si su hermano (JOH) lograba llegar a la presidencia, tendrían poder “y que no habría problemas con el tráfico de drogas”.

El Rojo era requerido por la Corte Distrital Sur de Nueva York desde el 31 de octubre del 2015 y fue condenado por los delitos de “conspiración para importar dentro de los Estados Unidos y dentro del territorio aduanero de los Estados Unidos desde un lugar fuera de los mismos, cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contienen una cantidad perceptible de cocaína”.

El exjefe del cartel hondureño Los Cachiros, Devis Leonel Rivera confesó en el juicio contra el narcotraficante Geovanny Fuentes el 10 de marzo de 2021, que sobornó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a su otrora vicepresidente Ricardo Álvarez y a otros dos exmandatarios, Manuel Zelaya y Porfirio Lobo, a cambio de protección y de contratos gubernamentales para lavar el dinero de la droga.

En un impactante testimonio, Rivera contó que Los Cachiros entregaron a Hilda Hernández, hermana del presidente, 250,000 dólares en efectivo en 2012, cuando éste era congresista y candidato a la Presidencia, a cambio de “protección de que no nos fueran a capturar en Honduras, tanto la policía militar como la policía preventiva, que no fuéramos a ser extraditados yo y mi hermano (Javier) a Estados Unidos y que Juan Orlando Hernández seguiría dándonos contratos para lavar dinero del narcotráfico”.

Rivera también dijo que en 2014, cuando Hernández ya era presidente, entregó 50,000 dólares en efectivo en un restaurante de Tegucigalpa a su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández porque éste “prometió contratos para Inrimar”, una empresa fachada de Los Cachiros para lavar dinero. Tony Hernández fue hallado culpable de narcotráfico en Nueva York en 2019 y su sentencia está prevista para el 23 de marzo.

Rivera, relató asimismo que pagó medio millón de dólares al vicepresidente y exalcalde de Tegucigalpa Ricardo Álvarez en 2012, cuando este era candidato a la presidencia de Honduras, a cambio de “darnos protección de que no fuéramos a ser capturados en Honduras mi hermano Javier y yo”.

Álvarez “prometió anular la ley de extradición de Honduras a Estados Unidos” y nuevos contratos gubernamentales para las empresas fachada de Los Cachiros, dijo Rivera, un legendario jefe de la droga que ha confesado 78 asesinatos y trabajó para la agencia antidrogas estadounidense DEA en Honduras dos años, hasta que se entregó a las autoridades estadounidenses en 2015.

Los Cachiros sobornaron asimismo con medio millón de dólares del narcotráfico al expresidente y esposo de la actual presidenta Xiomara Castro, Manuel Zelaya (2006-2009) en 2006, a cambio de “poner como ministro de Seguridad a un primo mío”, dijo Rivera al jurado. Pero finalmente eso no sucedió, dijo el excapo, vestido con un traje de presidiario amarillo y con los tobillos encadenados.

El líder de Los Cachiros reveló asimismo que el gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo (2010-2014) ayudó a Los Cachiros a lavar dinero. “Nos dio varios contratos de carreteras. El gobierno de Pepe Lobo nos pagaba con cheques procedentes del gobierno de Honduras y así se lavaba el dinero del narcotráfico”, dijo.

El Departamento del Tesoro de EUA los colocó junto a su familia en una lista negra en septiembre de 2013 y el gobierno hondureño comenzó a incautarles propiedades.

Fue así, y ante el miedo de ser asesinados para silenciarlos, que entre el 5 de diciembre de 2013 y el 21 de septiembre de 2015, Devis Leonel Rivera se reúne 22 veces con fiscales estadounidenses para dar información y negociar su entrega, al menos una vez en Belize, según documentos judiciales. Ahí comenzó la caída del mundo narco hondureño.

El testificó también contra otras personalidades presuntamente implicadas en el narcotráfico como los cholomeños Leopoldo “Polo” Crivelli, y su hijo Polito Crivelli.

También grabó a escondidas a colaboradores del cartel como Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014). Primero por su cuenta y luego, a partir de diciembre de 2013, en colaboración con la agencia antidrogas estadounidense, la DEA.

El exalcalde hondureño de El Paraíso, Copán, en el occidente del país, Alexander Ardón contó ante la justicia estadounidense durante el juicio de Tony Hernández, que presenció una reunión en 2013 donde ‘El Chapo’ Guzmán entregó un millón de dólares en efectivo al exdiputado Tony Hernández.

El documento -un in limine, locución latina que significa “en el umbral”- es un resumen de la evidencia aportada para el juicio de Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente hondureño, en el Distrito Sur de Nueva York. En ese informe, los fiscales afirman que el exalcalde, a quien identifican únicamente como CW-3, se reunió con el acusado en 2008.

En esa reunión, según confesó Ardón, Tony le hizo una propuesta: aportar dinero a la campaña de su hermano en el Partido Nacional, quien se había lanzado a la reelección en el Congreso, y a la del entonces candidato presidencial Porfirio Lobo. A cambio, Tony le daría protección y a su red de narcotráfico, conocida como “Cartel Álex” y “Cartel AA”, y nombraría a sus parientes en altos cargos en el gobierno.

Alexander, que gobernó el municipio durante dos períodos (2006-2010 y 2010-2014), dejó un legado que es imposible no ver en el pueblo que aún lo recuerda y extraña, porque convirtió el palacio municipal en una réplica de El Capitolio de Estados Unidos, con helipuerto incluido. Un orgullo para todos en sus años de gestión.

Las investigaciones de Estados Unidos afirman que Ardón Soriano entre 2000 y 2015 participó en actividades de narcotráfico a gran escala con traficantes localizados en Colombia, Honduras, Guatemala y México, entre otros sitios. El hondureño participó en el procesamiento, la recepción, el transporte y la distribución de grandes cargamentos de cocaína que llegaban a Honduras en aviones y lanchas rápidas.

Ardón tuvo acceso al menos a un laboratorio de cocaína, así como a una pista de aterrizaje clandestina que se utilizó para recibir aviones cargados de cocaína enviados desde Sudamérica. Por ahora se encuentra preso a la espera de su juicio.

Antes de ser extraditado a Estados Unidos, Arnaldo Urbina Soto, exalcalde de la ciudad de Yoro, purgaba en Honduras una condena a 16 años de prisión por el delito de lavado de activos; sin embargo, fue absuelto luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras dictó un “sobreseimiento definitivo” , ya que la condena lo había librado de enfrentar la extradición desde Estados Unidos, que lo reclamaba por crímenes relacionados con el narcotráfico.

El exalcalde fue tildado por los fiscales de Estados Unidos como un “capo de alto rango” que utilizó su posición política para crear nexos que permitieran el paso de la droga desde Honduras hasta llegar a ese país. Fue en junio de 2019 cuando un juez de extradición resolvió conceder la extradición a Estados Unidos de Urbina Soto, entonces de 42 años de edad y ahora de 47.

El exalcalde se convirtió en el extraditado número 37 desde 2014. La Corte del Distrito Sur de Nueva York acusó a Urbina Soto de tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas para introducir droga a ese país, según la acusación.

El exalcalde también fue acusado de “conspiración para importar cinco kilogramos o más de una sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína y que sea introducida a Estados Unidos, así como usar dispositivos y armas para ese tipo de actividades”. Este año, él comparecerá a juicio. Este fue fijado para el 12 de junio de 2024.

El hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, condenado a prisión perpetua y entregar 151.7 millones de dólares por la distribución de toneladas de cocaína y delitos relacionados con armas y enjuiciado por el juez Kevin Castel, también podría declarar contra Juan Orlando Hernández.

El martes 8 de febrero de 2022, “Geovanny Fuentes Ramírez fue condenado por la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos y por proteger su negocio ilícito de estupefacientes con ametralladoras.

En la consumación de los delitos relacionados con narcóticos, Fuentes Ramírez sobornó a altos funcionarios hondureños y fue responsable de actos feroces de violencia y homicidio.

El camino de destrucción que marcó Fuentes Ramírez, tanto en términos de violencia como al colmar de cocaína a Estados Unidos, ha concluido finalmente y ahora pasará el resto de su vida en una cárcel federal”.

Aparte de la pena de prisión, Fuentes Ramínez, que ya tiene 54 años, fue condenado a cinco años de libertad vigilada. Durante su juicio, Fuentes confesó que JOH le dijo que iban a “meter la droga a los gringos en sus propias narices” sin que lo notaran.

Según el fallo del jurado, hecho público el 22 de marzo de 2021, Fuentes pagó “hacia 2013”, al menos 25,000 dólares a JOH cuando era presidente del Congreso hondureño, y le permitió acceder a cocaína, valorada en millones de dólares, que se producía en su laboratorio.En un comunicado posterior a su condena en marzo de 2021, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York dijeron que Fuentes era “un traficante de cocaína despiadado, poderoso y asesino en Honduras. Facilitó el envío de grandes cargamentos de cocaína sobornando a Juan Orlando Hernández”.

1. Conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una sentencia máxima de cadena perpetua.

2. Usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una sentencia máxima de cadena perpetua.

3. Conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración de importación de cocaína, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.