Ana García dice que EEUU infringe defensa justa a JOH

Ana García de Hernández, esposa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, manifestó durante la tarde de este miércoles que el “Gobierno de Estados Unidos infringe indebidamente” el derecho a que los abogados del expresidente Juan Orlando Hernández presenten una defensa adecuada en su juicio en Nueva York.

Hernández publicó una carta en redes sociales en la que se refiere a la audiencia CIPA (Ley de Procedimientos de Información Clasificada) que sostuvieron en una reunión la Fiscalía con la defensa legal de Hernández.

La esposa del exmandatario señaló que el gobierno estadounidense, a través de la Fiscalía de Nueva York, se negó a conceder a Sabrina Shroff, abogada autorizada de JOH, la necesidad de conocer y tener acceso a la documentación.

“La postura del gobierno sobre el “Documento” infringe indebidamente y sin justificación legítima el derecho de Juan Orlando a que sus abogados presenten una defensa completa y adecuada a su nombre. La defensa de Juan Orlando debería poder utilizar el “Documento” sin las restricciones que el gobierno pretende a imponer a ese uso”, expone el escrito publicado por García, también ex primera dama de Honduras.

Expuso que anteriormente la información marcada por el gobierno como “confidencial”, no se encontraba bajo un estado de protección y cuestionó que a pocos días del juicio la documentación haya sido clasificada con un “nivel alto”.

“Nunca trataron de proteger y que no se mantuvo en secreto, nunca, ni siquiera después de que Juan Orlando fuera detenido y encarcelado en el MDC”, señaló la esposa del expresidente.

“La defensa le pide a la Corte que no debería permitir que se mantengan las restricciones indebidas del gobierno. La jurisprudencia -incluso la jurisprudencia que emana de la Bahía de Guantánamo- establece que se debe salvaguardar el derecho de acceso del acusado y que no se deben permitir restricciones que impidan dicho acceso”, denunció en la carta.

Sugirió eliminar o modificar las condiciones impuestas por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

“Como mínimo la Corte debería ordenar al gobierno que proporcione razones concretas por las cuales los abogados defensores autorizados deberían tener que trabajar bajo las restricciones constitucionalmente inadmisibles del gobierno”, se lee en el documento.

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), quien también fue titular del Congreso Nacional, cesó como presidente el 27 de enero de 2022, y el 15 de febrero de ese mismo año fue capturado en su residencia en Tegucigalpa y llevado esposado de manos y pies a una celda especial de la Policía Nacional.

Dos meses después, el 21 de abril, fue extraditado a Estados Unidos, en un hecho sin precedentes en la historia de Honduras por ser el primer exgobernante solicitado en extradición para ser juzgado por tráfico de drogas y uso de armas.

El exmandatario enfrenta juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico y por usar o portar armas de fuego.

Cargo I detallado: conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos.

Cargo II detallado: usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego, a saber: ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le señala en el cargo uno de la acusación de reemplazo y ayudar e instigar a la misma.

Cargo III detallado: conspiración para usar o portar armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos.