Tegucigalpa, Honduras
De ellos, 197 han obtenido una resolución condenatoria, 63 absolutoria y a 170 menores se les decretó sobreseimiento definitivo. Pero del grupo que fueron sentenciados, la mayoría están cumpliendo medidas cautelares no privativas de libertad.
Los cambios
Los que infrigen la ley
“Hay muchos retos en los centros de internamiento. Se trabaja en la construcción de un centro más grande; pero en los cinco que existen continúan los problemas de autogobierno, violencia, falta de control y sobre todo la falta de un sistema integral de rehabilitación para estos jóvenes”, expresó Ruelas.
Los que cobran extorsión, roban a transeúntes, distribuyen droga y hasta sirven de sicarios a mafias son cada vez más niños, en un país donde es bajo el porcentaje de menores que enfrenta la justicia por sus delitos.
De enero a junio, la Unidad de Estadísticas del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (Cedij), de la Corte Suprema de Justicia, apenas reporta 593 menores que llegaron a ser procesados.
| Cinco
Centros pedagógicos Internan a los menores en conflicto con la ley, donde son enviados: Renaciendo, El Carmen, Jalteva, Los Cobras y Sagrado Corazón de María.
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Algunos están con arresto domiciliario, otros bajo el cuidado o vigilancia de una institución o persona, y a otros se les pide que se presenten periódicamente ante un juez, o tienen prohibiciones. Los menos son los que se les dicta detención y son internados en un centro de menores.
Según el Ministerio Público (MP), a la mayoría de los menores detenidos generalmente se les procesa por robo, posesión de droga o hurto.
Hasta el 18 de mayo de 2018 se reportaban en los cinco centros pedagógicos de internamiento (CPI) 421 niños, niñas y adolescentes con medidas cautelares y sancionados. El tratamiento de los jóvenes que cometen delitos debe incluir un verdadero sistema reformatorio, además de medidas de coerción y tratamiento psicológico. Pero el sistema hondureño es sumamente débil.
 Son las recomendaciones que hacen para reparar los cinco módulos que albergan a los menores que son enviados para internamiento a este sector.
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Desde la reforma al Código de la Niñez, los jueces están aplicando más las medidas alternativas al internamiento.
De ahí que el número de niños, niñas y adolescentes en los centros juveniles Renaciendo en Támara, Los Cobras y Sagrado Corazón de María, ambos en la capital; Jalteva en Cedros, y El Carmen en San Pedro Sula, es menor que en 2016. “Se busca el interés superior del niño, no separarlo de la familia y que la familia tome en serio su papel. Se prefiere siempre la medida menos gravosa. Esto origina que sean más los menores con medidas alternativas no privativas a la libertad”, explicó la jueza Mildred López.
Según acuerdo 04-15, emitido el 16 de octubre de 2015, se unifica a los Juzgados 1 y 2 de la Niñez e instruye a los jueces de Ejecución a nivel nacional a dar apoyo al Juzgado de Niñez en lo concerniente a las medidas de ejecución de penas y medidas de seguridad.
Las medidas alternativas distintas al internamiento están evitando la sobrepoblación en los centros, pero también la necesidad de que el Estado cumpla con la rehabilitación de menores atrapados en la violencia o usados con organizaciones delictivas.
En opinión de Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, “se han incrementado las medidas alternativas a la privación de libertad por faltas menores, donde los jóvenes asisten a una terapia, están en un domicilio, o tienen que asistir a un centro educativo o hacer un trabajo comunitario. Se empieza a entender la participación de los jóvenes en actos reñidos con la ley penal y el tratamiento que se les debe dar”,
 En un buen porcentaje los internos son mareros.
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Muchos de los que han sido sancionados en materia de niñez pero que están recluidos en la prisión de El Pozo fueron condenados como adultos porque han delinquido cuando cumplieron los 18 años.
Los que han estado en los centros de internamiento de menores, sobre todo si son pandileros, no han recibido un tratamiento, por lo que se vuelven potenciales delincuentes. El tema se ha vuelto urgente.
| 421
menores internados Autoridades registran que hasta el 18 de mayo son 421 niños, niñas y adolescentes que se encuentran internados en los centros pedagógicos del país.
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La puesta en marcha del Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (Inami) ha enfatizado que se protejan los derechos de los menores; pero el sistema adolece de rehabilitación, lo que no le garantiza ni al menor ni a la sociedad una mejora de estos jóvenes.
Nuevo proyecto
El Centro Pedagógico de Menores Infractores Jalteva, en Cedros, Francisco Morazán, es la esperanza para superar la problemática de los menores que tienen conflictos con la ley. “Buscamos superar la grave problemática que hemos tenido en cuanto a infraestructura, que nos ha venido limitando para la aplicación de las normativas internacionales y de las metodologías que corresponden”, dijo Felipe Morales, director del Inami.
En Jalteva, aseguran, mantendrán a los menores con las medidas de seguridad y garantías que les da la ley y los convenios internacionales. Allí se espera albergar a más de mil menores que contarán con todas las condiciones, logística y rehabilitación que necesitan.
Menores procesados
Jueces analizan las medidas alternativas no privativas de la libertad antes de considerar el internamiento.
1- medida cautelar
Evita el envío del menor a los centros pedagógicos de internamiento. El juez valora cada caso y si es el primer proceso del menor.
2- se analiza el riesgo Se considera la integridad física del que no es pandillero, situación clave para alojarlos en los módulos.
3- medidas sustitutivas Se aplican en busca del interés superior del niño. Los jueces aplican siempre la medida menos gravosa para el menor.
