“Honduras sigue siendo un Estado feminicida”: Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad

Julissa Villanueva, viceministra de la Secretaría de Seguridad, reconoció la urgencia de una respuesta efectiva sobre femicidios en el sistema de justicia y seguridad

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Julissa Villanueva, viceministra de la Secretaría de Seguridad.

lun 8 de abril de 2024

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TEGUCIGALPA.

La violencia de género y los femicidios en Honduras persisten como una preocupación prioritaria tanto a nivel nacional como internacional.

En una entrevista exclusiva concedida a LA PRENSA Premium, la viceministra de la Secretaría de Seguridad, Semma Julissa Villanueva, proporcionó una visión completa sobre esta problemática y las acciones que el gobierno ha tomado para hacerle frente. A continuación la entrevista.

Viceministra, ¿cuál es su opinión sobre el reciente informe de la ONU que sitúa a Honduras como el quinto país con más casos de femicidios en Latinoamérica?

En primer lugar me gustaría comentar los femicidios en Honduras son un problema de salud pública, un problema endémico que hay que analizar de una manera integral. Desde luego, en los años anteriores es cuando más muertes violentas de mujeres de tipo homicida o femicidios se han presentado, llegando a alcanzar cifras tan altas como 14 por cada 100,000 -habitantes-.

Si usted analiza las cifras, en el año 2024, se ha bajado a 7 por cada 100,000. Sin embargo, esto no significa que las cosas en relación a este tema estén bien en Honduras, puesto que cada 23 horas matan a una mujer. Las cifras nos están diciendo es que los casos no se están judicializando como se debe.

Es decir, de cada 100 casos, apenas el 5% se logra judicializar. Los casos no se investigan adecuadamente y hay grandes falencias en esta temática que nos deja a buscar las soluciones, sobre todo en cada actor de los operadores de justicia, reconociendo que los entes que investigan tanto la policía como la ATIC todavía tienen una alta mora de casos.

¿Qué avances se tienen sobre el paradero de mujeres que han sido desaparecidas en Honduras? Por ejemplo, el caso de Belkis Molina y Angie Peña.

Hay muchos casos emblemáticos y complejos que aún se investigan, sobre todo casos relacionados con trata de personas y explotación sexual comercial de mujeres y niñas. Podemos decir que, si bien en ambos casos, tanto en el de Belkis como en el de Angie, se tienen personas detenidas, asociadas a su desaparición, continúan aún las investigaciones activas, de los cuales se van a tener resultados. Todavía están activos, no se han cerrado y muy pronto se presentarán avances.

¿Cómo evalúa la efectividad de las medidas implementadas hasta ahora en la prevención y persecución de los delitos de violencia de género?

No son medidas muy satisfactorias, podemos decir. Hasta ahora el tema de la prevención, pese a que se han invertido bastantes recursos económicos por parte de los cooperantes. No está dando resultado, sigue siendo un desafío para la mesa interinstitucional de muertes violentas.

¿Cuáles son los obstáculos más grandes que impiden una respuesta efectiva del sistema de justicia ante los casos de femicidio y violencia de género en Honduras?

En Honduras, la investigación es defectuosa, es negligente, es lenta y sobre todo no alcanza a todas las ciudades que presentan altos números de casos de diversas formas de violencia contra las mujeres y muerte de tipo femicida. Creo que no estamos prestando atención a estos números estadísticos que ameritan realmente que las políticas se estén revisando constantemente.

¿Qué medidas específicas está implementando el gobierno para abordar y prevenir la violencia contra las mujeres en el país?

La presidenta -Xiomara Castro- ha declarado un estado de emergencia a más alto nivel en el país, buscando que las soluciones se analicen de manera integral en una mesa interinstitucional de femicidios y muertes violentas, donde la ministra Nathalie Roque y la ministra de Ciudad Mujer lo encabezan. De la misma forma, la Secretaría de Seguridad, los grupos organizados de la sociedad civil analizan en conjunto los casos para abordarlos de manera preventiva e inclusive integrando a estas mesas al Poder Judicial y al Poder Legislativo para que se logre tener marcos legales adecuados en la temática.