Las autoridades de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) confirmaron ayer los abusos que se cometen dentro de los centros de cuidados de menores en Honduras, tal y como denunció LA PRENSA Premium.

“Las agresiones verbales o físicas en contra de un niño tal vez nunca paren por la misma inocencia de los niños”, dijo a LA PRENSA Premium Julia Carías, apoderada legal del Dinaf.

Resulta paradójico que en los recintos en los que se velan los derechos, los menores están siendo vituperados, maltratados y ultrajados, opinó Carías.

La confirmación de las agresiones por parte del órgano rector de la protección de los niños en Honduras surgieron después de que la Unidad Investigativa de LA PRENSA Premium evidenciara en una serie de tres días (5, 6 y 7 de septiembre) los abusos que vivieron al menos treinta niños en el centro Puertas Abiertas de Tocoa, en Colón.

“Nos encerraban, nos amenazaban con tirarnos a la calle, no podíamos hablar con nadie de lo que nos pasaba”, fue el relato de uno de los menores, al que accedió este medio, que padeció los abusos de directores del centro tocoeño antes mencionado. Las desconcertantes declaraciones fueron tomadas luego de que en el hogar Puertas Abiertas de Tocoa se revelara el abuso que cometían desde el director del centro hasta las personas que estaban encargadas de cuidar a los niños.

La acción derivó en la captura de Roberto Vásquez Matute, director del centro Puertas Abiertas, acusado por abusos sexuales agravados y otras agresiones, al igual que el coordinador Yuri Alexey Valle Mora.

Además, una cuidadora -o llamadas tías- identificada como Sayra Johana Romero Inestroza, quien está acusada de trato degradante agravado, intimidación a testigo, amenazas y encubrimiento.

Yoleth Carolina Gutiérrez Rivera, esposa del director, quien trabajaba en el centro como asistente, también fue acusada al igual que la psicóloga Nora Elizabeth López Domínguez y otra de las tías, de nombre Sandra del Carmen Cruz Morales, quienes gozan de medidas sustitutivas a prisión, mientras se sigue el proceso en los juzgados de Tocoa.

Según el sistema actual, Dinaf no administra ni gestiona directamente los centros, sino que esta responsabilidad se terceriza en oenegés, conocidas como Instituciones Residenciales de Cuidados Alternativos (Ircas), a quienes el Estado transfiere un determinado monto para cumplir ese rol.

Sin embargo, varios centros se han convertido para los menores en un infierno, donde sufren maltrato y abuso. Esta situación se acrecienta debido a la poca vigilancia del Estado.

En el caso del centro de Tocoa, los menores nunca denunciaron los episodios de violencia porque eran amenazados con ser desalojados del recinto, donde supuestamente tenían techo y comida al alcance.

Si la supervisión no es estricta, los hechos de abuso están a merced. Por ejemplo, en San Pedro Sula se conoció que una psicóloga de una Irca golpeó a uno de los menores mientras le daba asistencia, contó un empleado a este equipo.

La acción, que ocurrió hace más de un año, terminó con la remoción de la psicóloga de su puesto y también fue denunciado al Dinaf.

Posterior al incidente no se realizaron investigaciones ni tampoco indagaron sobre otros presuntos abusos.

Acciones

Las autoridades del Dinaf detallaron que al menos 20 niñas fueron abusadas sexualmente, aunque LA PRENSA Premium conoció que la cantidad de menores abusados ascendería a 30. “Es un hecho que duele, que nos preocupa, que nos hace llorar”, dijo Dulce María Villanueva, directora del Dinaf, en conferencia de prensa. Producto de la agresión sexual una de las menores resultó embarazada. Después de cumplir con el tiempo de gestación el bebé nació y ahora crece fuera del recinto de Tocoa, dijeron las autoridades.

El 5 de agosto pasado la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) junto a la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público (MP) allanaron el Irca de Tocoa para proteger a los menores que habitan en ese espacio, que son 39.“Por el momento, como Dinaf, solo nos estamos encargando de la protección de los menores y de la ayuda psicológica mientras el Ministerio Público seguirá haciendo las interrogaciones pertinentes”, precisó Villanueva.

“Para no entorpecer el trabajo de las autoridades competentes, los menores de edad aún no han sido trasladados del espacio físico (...), pero el Dinaf ha realizado gestiones para reubicarlos”, agregó.

Otra de las acciones que se ha ejecutado es que “ninguna persona está autorizada ni tiene acceso a las Ircas”, únicamente las autoridades competentes.

Regulación

Monitoreos diarios, que el Dinaf se encargue directamente de la protección de los menores y un aumento al presupuesto de la entidad sería, para las autoridades, las medidas que garantizarían un verdadero cuidado.“La Ircas, que son oenegés, no son malas, pero nosotros debemos tener el trato directo de los menores para saber, por ejemplo, qué personal se contrata”, consideró, entretanto, la abogada Carías.

“Debemos tener el control de los menores para garantizar que ellos están bien en todo momento”, añadió.

Desde el Dinaf estiman que los abusos o cualquier tipo de maltrato podría ser mitigado con monitoreos diarios.

“Hay que enterarse de los días tras días. Las autoridades pasadas se desentienden de todo, hasta de los mismos problemas administrativos”, expuso.

Pero totalmente son conscientes de que se necesita un aumento de la partida presupuestaria para ejecutar todas las acciones de la estrategia “porque de no ser así se nos haría mucho más difícil”. Con la reforma al presupuesto general que se hizo efectivo a inicios de abril pasado, el Dinaf dispone de unos 246 millones de lempiras, una cifra que, según sus autoridades, todavía es insuficiente para asegurar el bienestar de los menores damnificados.

Para analistas consultados por este equipo, Honduras tendrá un déficit en su futuro si no se emplean medidas para adaptar a los menores despejados porque podrían terminar en las cifras criminales.