Racismo, exclusión y discriminación: las realidades que persiguen a garífunas de Honduras

Hace un mes, en la remota aldea garífuna de Río Tinto, localizada entre Punta Sal y la barra del caudaloso río Ulúa, al norte de Honduras, la presidenta Xiomara Castro inauguró la reconstrucción de una escuela valorada en 3.2 millones de lempiras.

Castro de Zelaya llegó a cortar la cinta del proyecto de transformación del centro básico Álvaro Contreras; y admitió que quizá, ese alejado pueblo que le pertence al municipio de Tela, era uno de los lugares más postergados de Honduras. Y en efecto, para los líderes patronales de esa zona el lugar no solo es remoto; está aislado y olvidado.

Llegar allá solo es posible por mar, o en helicóptero como lo hizo la primera funcionaria. Incluso, los materiales que movilizaron para el centro educativo fueron llevados en una embarcación porque para llegar a la remota aldea no hay carreteras. Apenas, existe una brecha que solo es útil en verano.

Lo lamentable de lugares como Río Tinto, es que la aldea no solo carecía de una escuela digna; tampoco tiene servicios básicos como energía eléctrica o alcantarillado sanitario; y además, es altamente vulnerable a inundaciones y a los embates de la naturaleza.

Esa realidad que viven en pleno 2024 aldeas como Río Tinto es muestra de lo que pasa con el resto de las comunidades garífunas localizadas a lo largo y ancho del litoral Atlántico hondureño.

Ese arraigado olvido fue una de las principales causas que motivó el Primer Encuentro de Patronatos Garífunas de Honduras. El evento que tuvo lugar los días 5 y 6 de septiembre fue apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Conservando Ecosistemas Costeros, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las Federaciones de Patronatos Garífunas de la Bahía de Tela e Iriona junto al Comité de vigilancia y protección intercomunitario del Sistema de Humedales Laguna de Zambuco.

El encuentro que reunió a representantes de 47 de los 49 patronatos de las comunidades garífunas hondureñas les permitió intercambiar experiencias y crear el análisis de los desafíos ambientales, sociales y de gobernanza territorial para determinar una mejor gestión de los ecosistemas costeros para generar oportunidades de desarrollo sostenible de las comunidades.

De Islas de la Bahía llegaron emisarios de la comunidad garífuna de Punta Gorda y Chachaguate; de Gracias a Dios llegaron enviados de Batalla, Coyoles, Buena Vista, Plaplaya, y Pueblo Nuevo.

De Colón estuvieron líderes de Cocalito, Sangrelaya, La Punta, Iriona viejo, Ciriboya, Cusuna, Punta Piedra, Limón, Santa Rosa de Aguán, Trujillo, Santa Fe, San Antonio y Guadalupe.

De Atlántida estaban representados Zambuco, Corozal, Nueva Go, Cayo Venado, La Rosita, San Juan, Tornabé, Río Tinto, La Ensenada, Armenia y Barra Vieja, mientras que de Cortés: Bajamar, Travesía, Masca y Sarawaina.

Tras un exhaustivo análisis de las realidades que enfrenta la población garífuna “se logró identificar la predominante y marcada exclusión social, racismo institucionalizado, discriminación racial que produce y agudizan la condición de marginación e invisibilización”, cita la declaratoria que firmaron todos los líderes comunales.

Asimismo, los embates y efectos del cambio climático, el desplazamiento forzado por conflictos de tierras y territorios causados por invasiones y el despojo, la migración acelerada y exponencial hacia el extranjero de personas garífunas en edades productivas que nos lleva a enfrentar nuevos retos sociales, económicos y culturales.

Ante la dura realidad que los aqueja, los patronatos firmaron una declaración conjunta en la que hacen puntuales reclarmos y exigencias al gobierno de Xiomara Castro.

“Demandamos de manera urgente al Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro el desarrollo acciones afirmativas en temas de salud, educación, empleo, tierra, territorio y medio ambiente, economía e infraestructura que mejoren el bienestar y las condiciones de vida de la población con un enfoque inclusivo y asimismo la voluntad política para establecer un dialogo cercano con la comunidad garífuna y sus organizaciones”.

También exigen la cancelación de la Coordinación Nacional de Pueblos Originarios y Afrodescendientes (Conapoa) espacio que aseguran, no fue consultado con el pueblo garífuna.

“Seguimos exigiendo la restitución de la Secretaría de Estado para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (Sedinafroh), y devolver la atención y operacionalización de acciones hacia nuestros pueblos desde una perspectiva intersectorial apuntando a la eficiencia para la mejora del contexto que enfrenta esta población”, añade el segundo reclamo.

También requieren que se dé cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a favor de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y la jurisprudencia para el total de las 49 comunidades garífunas, ya que la problemática se fundamenta en la tenencia de la tierra y en el respeto al territorio ancestral.

“Exigirnos al canciller Eduardo Enrique Reina la incorporación de la Plataforma Nacional de Patronatos Garífunas de Honduras y sus organizaciones a la Comisión de Alto Nivel Intersectorial para el cumplimiento de las sentencias creada mediante el Decreto Ejecutivo PCM 03 — 2024, emitido el 26 de marzo del 2024”.

Por otra parte instaron a realizar un mapeo, delimitando las áreas protegidas para sanearlas, de igual manera que los sitios de importancia para la vida silvestre, que están en manos de fundaciones y terceros sean devueltas a las comunidades garífunas afectadas.

También piden declarar a favor de las comunidades las cuencas y microcuencas que abastecen de agua sus comunidades, garantizando zonas libres de contaminación por desechos sólidos y el respeto a las formas de preservación, cuidado del medio ambiente, basados en la cosmovisión de la etnia garífuna, así como el abastecimiento a través de fuentes descontaminadas; y la prohibición de la tala de árboles que estén cercanas a las fuentes de agua.

Ello implicará protección legal, la creación y puesta en marcha de planes de manejo de agua y áreas protegidas conjuntamente con los miembros de las comunidades, todo esto bajo el amparo de la ley ambiental.

Por otra parte, instan y exigen “el libre acceso a nuestros recursos marinos costeros basados en nuestro derecho consuetudinario, la libre determinación de los pueblos y nuestra cosmovisión, continuaremos protegiendo nuestros territorios ancestrales y humedales.

Y por último, demandaron que, se aplique efectivamente el mecanismo de protección nacional para garantizar y salvaguardar la vida e integridad de líderes, lideresas garífunas y la de sus familias

Osman López, presidente de la comunidad garífuna de Tornabé y uno de los principales líderes de la etnia garífuna, considera que cada reclamo de los patronatos manifiesta las diferentes problemáticas y necesidades de cada comunidad.

“La mayor demanda que tenemos se centra en tres aspectos: respeto, tierra y territorio. Lamentablemente consideramos que el mismo Estado por parte del Instituto Nacional Agrario (INA) y del Instituto de la Propiedad (IP) han estado favoreciendo a otras personas dentro de nuestras comunidades, a pesar de que contamos con un título ya definitivo, otorgado por ellos mismos. Entonces, el mismo INA ha otorgado títulos encima de títulos en tierras de las comunidades garífunas”, denunció.

Considera que ese beneficio a terceros es para favorecer a aquellos que desarrollan servicios turísticos, ganadería y siembra ilegal de palma africana. “En algunas comunidades garífunas de Tela se le otorgó derechos a algunas fundaciones para declarar nuestras comunidades como áreas protegidas sin consultar con las diferentes comunidades antes de dichas declaratorias”.

Si bien, no cree que sea malo que se declaren áreas protegidas, el problema es que como organizaciones patronales y étnicas no se les toma en cuenta. “Son comunidades viviendo dentro de los parques, y estas organizaciones llegan a imponer acciones y actividades quese van a estar haciendo dentro de las comunidades y sin consultarnos antes”, lamentó López.

Señala que como comunidades tenían gran confianza en el nuevo gobierno, cuando asumió Castro, porque prometió que sería un gobierno de inclusión, sin embargo, “solo han sido promesas sin cumplir hacia las comunidades garífunas. Por eso solicitamos una audiencia con la Presidenta, para que pueda escuchar a los verdaderos líderes garífunas, que conocen las verdaderas necesidades de las comunidades”.

Otra de las realidad que golpea fuerte a estas comunidades ancestrales es la emigración masiva. En Tornabé, por ejemplo, en 2015 se realizó un censo poblacional y se determinó que había más de 5,000 habitantes; ahora, casi 10 años después, solo hay 2,723 pobladores en la comunidad.

“Eso quiere decir que casi el 48% de la población ha emigrado. Ahora en la comunidad se ve mucho desarrollo en infraestructura, pero de qué sirve que la gente esté construyendo sino hay nadie para habitar esas viviendas, porque la mayor parte de las familias están fuera del país”, lamentó.

Esto a su vez ha generado males mayores en todas las aldeas garífunas, porque los que se van son los padres que dejan atrás a sus hijos. “Esos jóvenes consideramos que se nos están perdiendo en el alcoholismo, drogadicción, embarazos a temprana edad”. Por ello, también demandan más acceso a la educación y a servicios de salud.