6 de cada 10 alcaldes que aumentaron su salario son de municipios de empobrecidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Poco urbanizados, con problemas en el fluido eléctrico, acceso al agua e inmersos en la pobreza. Esa es la realidad de la una gran mayoría de los municipios de Honduras que aún les queda un largo camino para alcanzar un buen nivel de desarrollo.

A pesar de conocer las condiciones desfavorables del municipio y de la situación financiera de la municipalidad que dirigen gracias al voto de confianza de los ciudadanos, muchos de estos alcaldes aprovecharon el cambio de gobierno para aumentar su salario.

Previamente, La Unidad de Datos de LA PRENSA PREMIUM analizó los salarios de 219 alcaldes en los períodos 2018-2022 y 2022-2026, descubriendo que 125 de ellos aumentaron su salario en la nueva administración.

De estos, 74 pertenecen a municipios con bajo nivel de desarrollo, lo que significa que seis de cada diez alcaldes incrementaron su salario pertenecen a municipios empobrecidos.

Los 49 alcaldes restantes que gozaron de un incremento salarial son de municipios con un nível de desarrollo alto y medianamente alto.

En 2020, la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) lanzó la actualización de la Categorización Municipal es una clasificación que evalúa el desarrollo de los municipios a través del Índice de Desarrollo Municipal (IDM).

El IDM permite conocer las debilidades del municipio y buscar oportunidades de desarrollo.

A través de esta herramienta de medición los municipios son clasificados en cuatro categorías: los municipios categoría A (desarrollados), categoría B (en desarrollo), categoría C (en crecimiento) y categoría D (crecimiento lento).

Actualmente, 43 se encuentran en nivel A, 40 en nivel B, 173 en nivel C y 42 en nivel D.

Los municipios en categoría A y B se caracterizan por tener mejores condiciones de desarrollo humano, urbanización, acceso a electricidad y agua, y buena cobertura en servicios de comunicación.

Asimismo, las alcaldías de estos municipios tienen finanzas estables gracias a que captan fuertes recaudaciones, lo que les permite ejecutar más obras de inversión y ser más autosostenibles sin ser tan dependientes de las transferencias del gobierno central.

En contraste, los municipios en clasificación C y D suelen estar en condiciones de pobreza, donde los problemas con el fluido eléctrico son latentes, baja o nula urbanización.

Además, sus municipalidades tienen una débil gestión y captan pocos ingresos, dificultando la ejecución de proyectos de inversión

El ritmo de crecimiento de estos municipios es lento, constituyendo el 72% del total de municipios de Honduras, traduciéndose en 215 municipios.

En ese sentido, este rotativo constató que en los municipios donde menos desarrollo hay son donde hay más alcaldes que subieron sus sueldos: 66 ediles de municipios en categoría C y 12 en categoría D, En adición 21 alcaldes de municipios categoría A y 26 en categoría B aumentaron sus salarios.

28 alcaldes de municipios categoría C subieron su salario entre un rango del 1% al 15%; 24 lo aumentaron entre el 16% al 30%; diez entre el 31% al 45% y cuatro lo incrementaron en más del 46%.

Por otro lado, de los doce alcaldes de categoría D, diez aumentaron su sueldo entre 1% al 30%, y dos entre el 46% a 60%.

En cuanto a los 26 alcaldes en categoría B, 11 aumentaron su sueldo entre 1% al 15%; diez entre el 16% al 30%, tres entre 31% a 45% y dos en más del 46%.

De los alcaldes de los municipios más desarrollados (categoría A), cinco subieron su salario entre el 1% al 15%; doce entre el 16% al 30%; dos entre 31% a 45% y otros dos entre el 46% al 60%.

Aún a sabiendas de que el municipio no está en las mejores condiciones, no existe una normativa jurídica que prohíba los incrementos o que establezca algún techo.

Pero esta decisión no es unánime, sino que va acompañada de la corporación municipal, el máximo órgano de gobierno local que formula su presupuesto y aprueba cuánto ganará el alcalde, el vicealcalde y los regidores.

Leonardo Martínez Navarro, catedrático universitario de la carrera de Desarrollo Local en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), consideró que es necesario retomar y activar los anteproyectos de la Ley de Municipios y la Ley Fiscal Municipal, esta última con un abordaje más financiero.

Respecto a las escalas salariales, la Asociación de Municipalidades de Honduras (Amhon) cuenta con un manual de puestos y salarios genérico.

Este contempla sugerencias de en cuánto debería rondar los salarios de acuerdo a su categorización municipal, pero solo es una recomendación. Por ello que el mismo manual aclara que los salarios deben ser conforme a la realidad de cada municipio

Desde la Secretaría de Técnica de la Carrera Administrativa Municipal (SETCAM) se ha estado trabajando en manuales de puestos y salarios, según reveló el académico, “pero al final es la corporación municipal la que va aprobar o decidir”, recordó.

“Muchos de esos salarios y aumentos están injustificados porque para que un salario se aumente en más del 50, debería haber una evaluación de desempeño, costo de vida y la capacidad financiera”, enfatizó.

Con ello, explicó que las condiciones financieras de las municipalidades deben evaluarse según los ingresos que dicha alcaldía recauda a través de sus impuestos.

Ya que la autonomía municipal blinda a las corporaciones municipales, se deben buscar otras alternativas con el fin de que los salarios no representen un impacto negativo en el bolsillo de los habitantes.

Por lo tanto, Martínez Navarro recomendó la implementación de un presupuesto participativo.

El catedrático explicó que para aplicar esta medida se deben integrar grupos del municipio, como ser representantes de la empresa privada, sociedad civil, juntas de agua y los pobladores en general.

“Esta gente deberá pasar por un proceso de formación y capacitación para que aprendan sobre qué es el presupuesto participativo. Así ellos serán quienes formulen el presupuesto y no la municipalidad, detalló.

Esta iniciativa ya ha sido aprobada en otros países como Perú, en donde llegaron a decretar una ley de presupuesto participativo, la cual ordena a todas las alcaldías a ejecutar este mecanismo.

El presupuesto participativo es presentado a la corporación municipal y este es aprobado en un cabildo abierto. Una vez aprobado, la corporación municipal no podrá cambiar los presupuestos que los miembros de la comunidad presentaron en el cabildo.

El docente mencionó que desde el gobierno se puede diseñar una política pública y una ley de presupuesto participativo para que todas las municipalidades se vean obligadas a hacer uso de esta herramienta.

“El presupuesto que no venga refrendado por la gente de la comunidad no se va a aceptar”, apuntó.

De igual forma, Martínez indicó que otra posible respuesta sea la creación de un ente rector integrado por la academia, la AMHON, la secretaría de Gobernación y la Secretaría de Trabajo.

Estas medidas pueden ser viables para controlar los salarios de los alcaldes, pero ante todo, el experto en temas de municipalidad consideró que es imprescindible que exista voluntad política por parte del alcalde y el resto de la corporación, así como del gobierno en atender este fenómeno.