Investigados más de 50 policías de tránsito por pedir dinero a cambio de dar licencias

San Pedro Sula, Honduras.

Redes de corrupción dentro del cuerpo policial encargado de regular el tráfico en nuestro país es algo más que un secreto a voces, es una realidad que experimentan en primera persona aquellos conductores desesperados que buscan tramitar su licencia de conducir por primera vez o que quieren evitarse hacer largas filas y trámites engorrosos en las oficinas regionales de tránsito.

Investigaciones han revelado que un número significativo de agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Dnvt) han solicitado sobornos a los ciudadanos a cambio de emitir licencias de conducir. Un oficio tramitado a través de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) y el Instituto de Acceso a Información Pública (IAIP) muestra que solo entre 2019 y 2022 se procesaron 41 casos de miembros de este cuerpo de seguridad del Estado, señalados de solicitar dádivas (dinero) para otorgar el documento de identificación vehicular.

Entre los investigados figuraron un clase I, un clase II, un clase III, 29 agentes, un subinspector, dos inspectores, una subcomisionada, un comisionado y otro cuyo cargo se consignó como no identificado. Los expedientes refieren que se trata de policías asignados a los departamentos de Valle, Olancho, Atlántida, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Choluteca, Copán, Francisco Morazán y la mayoría en Cortés. De los 41 casos, 30 son hombres y 11 mujeres.

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En 10 de los casos, la Didadpol recomendó cancelación por despido, 10 de las denuncias fueron desestimadas, 17 archivados o se mantienen en investigación y de cuatro de ellos se sugirió suspenderlos durante 15 días. De la decena de recomendaciones por despido emitidas, el entonces ministro de la Secretaría de Seguridad, Julián Pacheco, a través de la Secretaría General, solo canceló de la institución a dos agentes y a un clase II de policía el 5 de julio del año 2018, el 15 de febrero y el 12 de noviembre de 2019.

Información de la sección de recursos humanos de la misma Policía Nacional indica que los involucrados en esta actividad ilícita lo hacen a través de redes sociales o directamente con el ciudadano.

Linconl Pacheco, director nacional de tránsito, reconoció que están al tanto de redes que se dedican a esta actividad ilegal, por lo que han coordinado acciones junto al Ministerio Público y unidades de control interno a fin de resolver las denuncias correspondientes.

“Todo está en proceso de investigación, es una red que opera a nivel nacional en lugares donde Vialidad y Transporte emite licencias de conducir. Esta gente inescrupulosa se dedica a estafar a personas desinformadas”, comentó el jefe policial durante una entrevista con este medio.

Aunque la Secretaría de Seguridad es el segundo filtro de indagación, con potestad de atenuar la falta o incluso agravarla, es la Didadpol la que tiene a cargo la etapa investigativa del proceso disciplinario contra miembros de la Policía Nacional o empleados y funcionarios de la Secretaría a de Seguridad, pudiendo investigar solo faltas graves y muy graves establecidas.

Su directora Silvia Ayala dijo no comprender del todo por qué los casos que recomendaron no terminaron en cancelación. “Todo depende la gravedad de la falta, en algunos casos se considera la trayectoria del policía o el nivel de participación, posiblemente dictaron una sanción menor desde la Secretaría de Seguridad, desconozco los criterios en sí”, apuntó la abogada.

Explicó que los casos desestimados desde la Didadpol fueron en la etapa preliminar (10 días) porque posiblemente no se encontró responsabilidad suficiente, no se logró identificar plenamente al involucrado o este presentó pruebas importantes que contrastaban los señalamientos. Los casos consignados cmo archivados se dan en dos etapas: al hacer las diligencias se considera que no se cometió falta y la otra surge en la última fase, cuando llega el procesado y presenta más pruebas de las mostradas durante la audiencia de descargo.

Didadpol tiene más de 75 días para investigar cada caso y puede, incluso, remitir a la Fiscalía si en el delito hay dinero de por medio. Comentó que en lo que va del año 2023 han registrado 12 denuncias y que la mayoría de estas se desprenden de personal de la misma institución policial o en algunos casos de ciudadanos que llaman quejándose porque pagaron y no les dieron la licencia.

Indicó que en los registros de este año hay tanto policías de bajo rango como por ejemplo comisarios y que todos están en proceso investigativo. Destacó que en ciertos casos se empieza denunciando a un policía de bajo perfil y en el camino de las investigaciones surgen indicios de participación de hasta jefes policiales.

La ley es la ley y debe cumplirse independientemente de quién se trate, así lo considera el criminólogo Herman Vogelansag. “Si estos policías han cometido una falta deben ser sancionados o despedidos, pues se supone que son los representantes de la ley, juraron protegerla y defenderla”, sentenció.

Para el experto en seguridad pública, estas “son mafias bien oirganizadas, existe una desorganización dentro de la Policía, falta de liderazgo de los altos mandos y poco interés de cumplir con su trabajo”. Vogelsang pidió no solo instó a castigar a los policías involucrados, sino también a quienes pagan por estos favores, pues a su criterio, “igual son puente de corrupción”.

Analistas de la sociedad civil que trabajan con enfoques en transparencia y que fueron abordados sobre lo que ocurre, concordaron que mientras no se erradique estas y otras formas lucrativas de ganarse la vida, como cobrar para otorgar licencias a conductores irresponsables, será difícil sanear de raíz la Policía.

Denis Díaz, abogado y especialista en política criminal, recordó que en Honduras existe una cultura de corrupción en la cual se emplean sobornos, cobro de favores, favores, amenazas, para alcanzar objetivos o al margen de la ley.

Amplió que una parte de la población conduce vehículos sin su licencia, situación que puede presentarse por muchos factores.

“Partamos del supuesto de un ciudadano que no puede obtener su licencia por algún factor externo o porque desea no hacer fila, entonces ofrece al policía dinero a cambio que le facilite o le colabore sin presentar la documentación requerida ni respetando el tiempo de los demás ciudadanos. Si el policía pide dinero incurre en el delito de cohecho, ya sea activo (cuando pide por su voluntad obtener un beneficio personal, dádivas, favores, pago en efectivo o especies a cambio de hacer una acción contraria a sus deberes como funcionario; castigado con dos a cuatro años de cárcel) o pasivo (cuando recibe dinero a cambio de algún beneficio sobre un asunto que tenga bajo su conocimiento; sancionado con uno a cuatro años de prisión, más la inhabilitación especial igual al doble del tiempo que dure la reclusión)”, dijo.

En cuanto al proceso judicial, al ser un delito, se debe denunciar ante el Ministerio Público o para que se proceda la fase de investigación.

Es necesario que el ciudadano tenga los medios de prueba con los cuales pueda acreditar que un funcionario policial solicitó o recibió dinero, favores o dádivas a cambio de hacer actividades contrarias a sus funciones y sobre todo contrarias a ley.

Para el analista jurídico, es sumamente complicado combatir el comportamiento corrupto cuando “los funcionarios policiales están siendo mal pagados, que, claro esta no es una justificación, pero es una realidad que sobrepasa y se antepone al deber y a la aspiración que como ciudadanos tenemos, que es la de una sociedad mas respetuosa de la leyes”, concluyó.