Interactivo: ¿Cuáles son las 15 demandas que Honduras tiene pendientes en el Ciadi?

Tegucigalpa, Honduras.-

Desde el pasado 25 de agosto Honduras quedó fuera del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), a pesar de tener 15 casos de arbitraje pendientes de resolución que ahora enfrentarán un camino incierto.

En total, eran 18 casos registrados contra Honduras desde 1999 hasta agosto de 2024, pero tres fueron concluidos y 15 siguen pendientes, de acuerdo a los datos oficiales de la institución.

Esto representa un riesgo legal y financiero significativo que sobrepasaría los 12 mil millones de dólares (equivalentes a aproximadamente 300 mil millones de lempiras), según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Estos casos incluyen a empresas de diversas naciones, como Estados Unidos, España, Colombia, México, Panamá, entre otros.

Las 15 demandas varían de sectores económicos, pues siete son dedicados a la generación de energía, cinco al transporte, dos a las finanzas y uno a la construcción.

Además, siete empresas citaron tratados de libre comercio en sus casos, cuatro se basaron en contratos con el gobierno de Honduras, tres invocaron la Ley de Inversiones del país, y una recurrió al Tratado Bilateral de Inversión de Honduras.

Las fechas de registro de los casos ocurrieron entre 2018 y 2024, con el último desarrollo iniciado el 20 de agosto de este año. Además, según los datos, el instrumento invocado en cada uno de los casos va desde la Ley de Inversiones, contratos hasta tratados de libre comercio.

La situación ha encendido las alarmas entre los inversionistas y ha colocado a Honduras en el centro de un debate global sobre la seguridad jurídica y el respeto a los compromisos internacionales, pues expertos han interpretado este movimiento como un intento del país de evadir la ola de arbitrajes.

El Ciadi, adscrita al Banco Mundial y creado en 1966, ha sido durante décadas el principal foro para la resolución de disputas entre Estados y empresas extranjeras. Su salida supone un cambio drástico en la política de inversión del país, que ahora enfrenta el reto de gestionar estas controversias con menor apoyo institucional.

A continuación, explore más detalles de las 15 demandas existentes contra Honduras en el Ciadi.

Uno de los casos demandantes más emblemáticos involucra a la empresa Servicios de Terminal de Contenedores Internacionales Inc. (Filipinas) y su subsidiaria Operadora Portuaria Centroamericana S.A. de C.V. (OPC), concesionarias del puerto de Puerto Cortés, que iniciaron un proceso de arbitraje contra el Estado de Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).

Este proceso fue registrado el 16 de agosto de 2024, y está representado por el bufete White & Case LLP de Miami. La disputa surge tras la adjudicación de una concesión para la construcción de un muelle en el puerto de Omoa, Cortés.

El conflicto radica en que, según la empresa, el desarrollo del nuevo puerto no está contemplado en el Plan de Nación 2010-2022 ni en el decreto de Visión de País 2010-2038, que señala a Puerto Cortés como infraestructura estratégica para Honduras.

Las empresas argumentan que se ha afectado el equilibrio económico de su contrato de concesión en Puerto Cortés, donde manejan el 85% de la carga del país.

Sostienen que la construcción de esta nueva terminal afecta las condiciones bajo las cuales se licitó y adjudicó su concesión en 2019, alterando el contrato de manera unilateral.

“Causa ya serios perjuicios económicos en virtud de que el equilibrio económico y financiero de nuestro contrato ha sido roto unilateralmente, y ello modifica las condiciones bajo las cuales se licitó, adjudicó y se operó a la fecha el proyecto de concesión de la Terminal de Contenedores y Carga General de Puerto Cortés”, mencionaron.

Señalan además que, desde 2021, han intentado revertir estas decisiones mediante comunicaciones con las autoridades hondureñas, pero no han obtenido respuesta, lo que los llevó a iniciar este arbitraje.

ICT y OPC reclaman más de 10 millones de dólares en daños, explicando que las modificaciones contractuales rompieron el equilibrio financiero de la concesión, generando serios perjuicios económicos.

Otra disputa de gran magnitud surge del caso presentado por el empresario salvadoreño Víctor Miguel Silhy Zacarías, propietario de Laboratorios Suizos, quien acusa al Estado hondureño de haber violado el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).

Su demanda, registrada como ARB/24/32, también ha sido llevada ante el Ciadi por la firma White & Case. La demanda se refiere a la generación de energía renovable.

En el ámbito de la energía, Honduras también enfrenta la presión de la empresa española X-Elio Energy S.L., perteneciente al grupo canadiense Brookfield, que presentó el caso ARB/24/31.

Esta compañía alega impagos prolongados y demoras en la recepción de los subsidios a productores de energía renovable, en específico energía solar. Su planta en Marcovia, Choluteca, ha sido un punto de disputa en las negociaciones con el gobierno hondureño.

X-Elio reclama que la falta de cumplimiento de los pagos acordados en los contratos ha puesto en riesgo la viabilidad financiera de su inversión, lo que la ha llevado a recurrir al arbitraje internacional, también bajo la representación de White & Case.

En el sector energético, el arbitraje registrado como ARB/24/24, que involucra a Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios S.A.S. de Colombia y otros socios, marca otro punto importante en los conflictos legales de Honduras.

Representados por las firmas Clifford Chance e Inter Global Legal World Services, esta demanda se centra en la abrupta salida de la Empresa Energía Honduras (EEH) del mercado hondureño. Tras gestionar la distribución de electricidad desde 2015, la rescisión del contrato en 2023, impulsada por el gobierno hondureño, desató una demanda por daños económicos que ascienden a cifras millonarias.

Para Kevin Rodríguez, economista y experto en energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la Ley de Energía de 2022 ha generado un entorno adverso para la inversión en el sector.

“Esta ley ha sido mal diseñada y ha provocado que las empresas generadoras se sientan amenazadas, lo que ha llevado a un aumento en las demandas,” dice Rodríguez. “Actualmente, ya hay cuatro demandas relacionadas con esta ley y es probable que aparezcan más”, agregó.

Rodríguez, experto en temas de energía, destacó que 14 de las 15 demandas de energía surgieron desde que este gobierno de la presidenta Xiomara Castro asumió el poder en 2022.

Rodríguez explicó que en el sector energético, la inversión en proyectos no solo incluye el costo de construcción, sino también el financiamiento a largo plazo. “Cuando se financia una planta generadora, el valor del contrato puede reflejar el financiamiento y los ingresos proyectados durante un período extenso, a menudo de 20 a 30 años,” afirmó Rodríguez.

“Si el gobierno intenta cambiar los términos del contrato, no solo afecta el valor del proyecto, sino también el financiamiento necesario para su operación”, agregó.

El experto ilustró el problema con un ejemplo de cuando se adquiere un préstamo para una vivienda, cuyo valor es de 3 millones de lempiras.

“Para sacar el préstamo le ven su salario, ven que usted puede pagar, le dan el préstamo por 15 a 20 años para que la cuota sea más baja, pero si a usted le dicen que le van a dar el préstamo y que lo tiene que pagar en dos años y la casa cuesta 3 millones, nadie lo puede hacer porque se vuelve muy cara la cuota, entonces lo mismo aplica para el tema de energía”, explicó.

Respecto a las demas demandas, Rodríguez opinó que los conflictos de las demandas están directamente relacionadas con las acciones del gobierno y que surgen porque las empresas sienten que sus contratos no están siendo respetados.

Una de las demandas más recientes en la que Honduras se ve envuelta es la que presentó la empresa Palmerola International Airport, S.A. de C.V., que administra el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua.

Este caso, registrado como ARB/23/42 y llevado por Interjuris y Clifford Chance, argumenta que el gobierno de Honduras ha incumplido en varias ocasiones los términos del contrato de concesión, afectando el financiamiento y desarrollo del aeropuerto.

Reclaman que estas acciones han puesto en peligro la operatividad del principal aeropuerto de Honduras y que el Estado debe compensar los daños económicos generados.

En paralelo, Fernando Paiz Andrade y Anabella Schloesser de León de Paiz, empresarios guatemaltecos propietarios de empresas en el sector energético renovable, también presentaron una demanda registrada como ARB/23/43 en el Ciadi.

Este caso tiene que ver con la renegociación forzada de contratos energéticos por parte del gobierno de Honduras, que buscan imponer nuevas condiciones bajo la Ley de Energía de 2022.

Según los demandantes, las modificaciones unilaterales a los acuerdos previos son una violación a las garantías de inversión, y por ello, están solicitando una compensación multimillonaria.

La empresa Inversiones y Desarrollos Energéticos, S.,caso ARB/23/40, es otra de las demandantes. El proyecto de generación de energía renovable que impulsaban se encuentra en el centro del litigio, a cargo de White & Case en Miami, Estados Unidos.

En el sector de la construcción, los empresarios Juan Carlos y Ernesto Arguello también iniciaron un procedimiento arbitral bajo el caso ARB/23/17, alegando incumplimiento del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica (CAFTA-DR).

Por otro lado, las empresas Norfund y KLP Norfund Investments AS (ARB/23/13) también presentaron una demanda tras verse afectadas por la aprobación de la Ley de Energía Eléctrica del Congreso Nacional.

Este caso se encuentra suspendido hasta octubre de 2024, mientras las partes llegan a una negociación. Norfund y su socio Scatec ASA (ARB/23/12), que también demandó a Honduras, operan plantas solares en el país y aseguran que la nueva legislación vulnera sus derechos como inversionistas extranjeros.

Scatec, involucrado en el polémico proyecto solar Agua Fría en Nacaome y en el desarrollo de Los Prados en Choluteca, ha tenido una historia de confrontaciones con las comunidades locales y problemas judiciales tras la supuesta vinculación de Proderssa, una empresa local, con la red criminal de “Los Cachiros”.

El proyecto de infraestructura también se ha convertido en un foco de conflicto con la demanda interpuesta por Autopistas del Atlántico, S.A. de C.V. y sus socios (ARB/23/10).

Este consorcio, integrado por empresas de Colombia, Panamá y Honduras, demandó al Estado tras la cancelación del proyecto de construcción de una autopista que había generado controversias desde su inicio en 2015.

El fracaso del proyecto, marcado por protestas contra la instalación de peajes y falta de socialización con las comunidades afectadas, llevó a una inversión perdida de 98 millones de dólares. Ahora, el Estado enfrenta una demanda que podría costarle más de 179 millones de dólares, una suma que supera incluso el valor total de la obra inconclusa, según expertos.

JLL Capital, S.A.P.I. de C.V., empresa mexicana, también reclama más de 100 millones de dólares en el caso ARB/23/3, acusando al gobierno hondureño de confiscación ilegal de su control corporativo sobre Grupo CA Capital, una compañía dedicada a ofrecer préstamos a empleados del sector público y privado.

Finalmente, la demanda más cuantiosa proviene de Honduras Próspera Inc. y sus afiliados (ARB/23/2), que reclaman 10,775 millones de dólares tras la derogación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) por parte del Congreso Nacional en 2023.

Los inversionistas de la ZEDE Próspera, situada en Islas de la Bahía, argumentan que la eliminación de su estatus especial y los intentos fallidos de negociación con el gobierno han vulnerado sus derechos garantizados por 50 años, lo que ha derivado en una disputa legal.

Para el economista Ismael Zepeda aunque el país enfrenta un creciente número de demandas, estas aún no tienen un carácter definitivo. “En primer lugar es tener la esperanza que no se materialicen estas denuncias en el Ciadi y que el Estado de Honduras pueda de una u otra forma tener la capacidad de gestionar y llegar a acuerdos”, consideró.

El economista se mostró preocupado por la falta de seguridad jurídica que afecta a las inversiones en Honduras. Según él, aunque Honduras intenta atraer inversiones extranjeras a través de incentivos fiscales y la apariencia de un estado de derecho, los conflictos no resueltos y las limitaciones del Estado generan desconfianza.

Zepeda advirtió que la imagen de Honduras como un lugar poco fiable para invertir no solo afecta a los inversores extranjeros, sino también a los nacionales. “Este elemento, esta imagen... de un país que no tiene un ambiente o un clima de inversiones,” explicó, subraya cómo las demandas internacionales contribuyen a un entorno de inversión desfavorable.

Además, el economista mencionó que la salida de Honduras del Ciadi podría ser vista como un intento de eludir las reglas internacionales.

LA PRENSA Premium consultó la opinión del procurador de la República, Manuel Díaz Galeas, sobre las demandas y la preparación del país frente a estos prestigiosos bufetes, pero se limitó a decir que “no me interesa, soy de los abogados que los litigios los enfrento y confronto en los tribunales, no en los medios de comunicación”.

Sin embargo, se conoció que el gobierno comenzó a coordinar su defensa a través de la contratación de bufetes legales de renombre y algunos expertos independientes en el tema, aunque se enfrenta a una desventaja considerable frente a otras firmas internacionales de prestigio que representan a las empresas demandantes.

Honduras, con 15 demandas activas, lidera el ranking de litigios en el Ciadi entre los países centroamericanos. En comparación, El Salvador enfrenta cinco demandas, con solo una pendiente de resolución; Panamá ha concluido doce y tiene nueve casos activos; Costa Rica ha finalizado trece y tiene dos en proceso; Nicaragua ha cerrado dos y mantiene una pendiente; y Guatemala ha concluido cinco casos y tiene tres aún sin resolver.

Este panorama convierte a Honduras en el país con mayor número de litigios en la región, un reflejo de la compleja relación entre el Estado y los inversores internacionales, y una señal de alerta sobre los retos que enfrenta el país en el ámbito de la inversión extranjera.