Urgen programas y recursos para rescatar familias de las “garras” de la basura

San Pedro Sula, Honduras.

En un mundo que clama por justicia social se vuelve imperativo explorar medidas concretas para tender una mano a las familias de bajos recursos que luchan por sobrevivir entre montañas de desechos.

La pobreza extrema no debe ser una sentencia perpetua, y existen enfoques factibles para aliviar el sufrimiento y empoderar a estas comunidades marginadas. Acceso a alimentos y agua limpia, refugio y vivienda digna, inversión en escuelas y hospitales, así como programas de empleo, son parte de las alternativas que expertos consultados por LA PRENSA Premium ven factibles para evitar que este segmento poblacional continúe hundiéndose o evolucione aún más el problema social en los próximos años.

La garantía de acceso regular a alimentos y agua limpia es un cimiento fundamental para la vida digna. Iniciativas que proporcionen alimentos y agua segura a estas comunidades son esenciales para asegurar su supervivencia y bienestar básico.

La colaboración entre organismos gubernamentales, sin fines de lucro y las empresas puede generar oportunidades para construir refugios asequibles y viviendas dignas que protejan a estas familias de las inclemencias y el hacinamiento.

Programas educativos pueden abrir puertas a empleos más estables y oportunidades de crecimiento. La inversión en escuelas y talleres puede empoderar a estas familias para que tomen control de su futuro. Por otro lado, la provisión de atención médica básica y medicamentos son esenciales, además del apoyo psicosocial, pues estas familias a menudo enfrentan tensiones emocionales y mentales profundas.

Al proporcionar recursos para pequeños negocios y brindar capacitación, también se puede impulsar la autosuficiencia económica de estas comunidades. En la lucha contra la pobreza en zonas marginales, emerge la necesidad imperante de forjar una estrecha alianza entre los sectores de la sociedad civil y el Gobierno, con este último asumiendo un rol central.

Desde la perspectiva de José Amado Mancía, representante del Comisionado de Derechos Humanos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs), surge una creciente preocupación por el asentamiento de personas en áreas de alto riesgo.

Mancía planteó un urgente llamado al Gobierno para que adopte medidas concretas que permitan a estas comunidades abandonar entornos insalubres. A su vez, instó a impulsar políticas encaminadas a brindar viviendas dignas, generar oportunidades laborales y asegurar acceso a educación y servicios de salud de calidad.

En su enfoque, el defensor de los derechos humanos en el norte del país subrayó la relevancia de sumar a la ecuación la participación activa de organizaciones locales y patronatos. A través de una voz unificada se podría ejercer presión sobre las autoridades centrales para atender las necesidades de estas comunidades vulnerables.

Mancía cuestionó la histórica falta de atención gubernamental hacia esta población marginada, señalando que la pobreza halla sus raíces en la privación de derechos económicos, sociales y culturales. Esta carencia, a su vez, acentúa la marginalización y potencia las posibilidades de la delincuencia.

Un panorama similar se observa en Guatemala, El Salvador y México, donde personas enfrentan condiciones análogas.

La efectividad de estas acciones depende en gran medida del impulso de políticas públicas enfocadas en estos sectores desfavorecidos. En palabras de Mancía, “el Estado tiene la responsabilidad primordial de garantizar estos derechos”, ya que la falta de ello podría conllevar incluso consecuencias legales en instancias internacionales, como una condena en la Corte Interamericana.

En paralelo, Lourdes Ramírez, socióloga y experta en gestión social urbana y proyectos, recalcó que estas poblaciones residen de manera permanente en zonas irregulares, donde el acceso a la tierra resulta costoso y la convivencia se torna compleja.

Ramírez insiste en que dentro de la propia dinámica de la pobreza, existe una estratificación aún más profunda, y que no es cuestión de temer a estas comunidades, sino de reconocer y garantizar sus derechos. La desigualdad es marcada y la frustración constante por la falta de acceso a recursos se encuentra arraigada en estos sectores.

La académica hizo un llamado apremiante a desarrollar una conciencia colectiva que contrarreste el individualismo predominante, dado que la interacción humana está siendo cada vez más escasa.

“Dentro de las mismas condiciones de pobreza hay quienes son aún más pobres, no se trata de personas a las que hay que tenerles miedo, son normales y reclaman sus derechos. En estos sectores hay mucha preocupación porque los padres no tienen qué darle a sus hijos, hay una gran desigualdad y molestia constante por no tener acceso a nada”, señaló la académica.

No obstante, incluso en este contexto desafiante, se han identificado voluntarios abnegados provenientes de organizaciones sin ánimo de lucro, quienes han dedicado años a marcar una diferencia sustancial en las vidas de aquellos que enfrentan situaciones precarias. Su esfuerzo es un recordatorio claro de que la colaboración y la solidaridad pueden crear impactos transformadores.

Una de estas organizaciones es TECHO, una entidad latinoamericana sin ánimo de lucro liderada por jóvenes de distintos países, que durante años ha brindado apoyo a familias de escasos recursos.

Marcelo Zumelzu, director comercial de TECHO para Centroamérica, informó a este medio de comunicación que solo en Honduras han construido más de 3,000 viviendas desde que comenzaron sus operaciones. Además, han instalado paneles solares en hogares que carecen de energía eléctrica, construido baños, realizado reparaciones en centros educativos y llevado a cabo proyectos de electrificación.

“Creemos que estamos en una situación de emergencia en Honduras, donde más del 70% de la población se considera pobre y vive en condiciones extremadamente difíciles. Es importante entender que estas poblaciones no son pobres porque quieren serlo, porque son perezosas o porque esperan que les den todo. Son personas que carecen de oportunidades”, subrayó el voluntario de TECHO.

“Como TECHO, trabajamos en comunidades, no en casos familiares individuales. Somos una organización que busca visibilizar la pobreza y consideramos que es un problema urgente. Lamentablemente, no recibimos apoyo local ni central cuando solicitamos fondos para brindar soluciones concretas”, agregó Zumelzu.

Además de las organizaciones sin fines de lucro como TECHO, es importante resaltar que hay un papel crucial por desempeñar y una cuenta aún pendiente de tipo social por parte de las instituciones gubernamentales y la sociedad en su conjunto. Garantizar el acceso a la educación de calidad, servicios de atención médica y oportunidades de empleo es fundamental para romper el ciclo de la pobreza en estas áreas.

La educación, en particular, se presenta como una herramienta poderosa para el cambio social. Cuando se brinda acceso a una educación de calidad a los niños y jóvenes de estas comunidades, se les proporciona una oportunidad real de romper la pobreza y forjar un futuro más promisorio.