Análisis: ¿En qué áreas crecería más el Presupuesto General para 2025?

San Pedro Sula, Honduras.

El pago de deuda pública, la partida confidencial del Poder Ejecutivo e infraestructura son los tres campos en los que más aumentaría el Presupuesto General de la República para 2025, según un análisis de la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium basado en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.

Sobresalen también los incrementos, según los cálculos de este medio, en las partida destinadas a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Sag), el Instituto Nacional Penitenciario (INP) —que duplicaría sus fondos para el próximo año— y Educación.

Llama la atención que algunas de entidades o servicios reportan un significativo incremento, pese a que este año han mostrado una baja ejecución, como la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la partida confidencial, tipificada como Servicios Financieros de la Administración Central.

La Secretaría de Finanzas presentó el pasado martes ante el Congreso Nacional el Proyecto de Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2025, que asciende a 430,907.8 millones de lempiras.

Este monto representa un aumento de 23,770.4 millones de lempiras en comparación con el presupuesto aprobado para 2024, equivalente al 5.8%.

Si se compara con el presupuesto modificado el incremento sería de 24,456 millones de lempiras (6.02% de crecimiento).

El proyecto de presupuesto para 2025 contempla una asignación de 266,667.6 millones de lempiras para la administración central, lo que supone un incremento de 17,892.4 millones de lempiras, equivalente al 7.2% en comparación con el presupuesto aprobado para 2024.

Por su parte, la administración descentralizada recibirá 164,240.2 millones de lempiras, un aumento de 5,877.9 millones de lempiras; es decir, un crecimiento del 3.7% respecto a este año.

El proyecto de presupuesto para 2025 refleja ajustes significativos en diversas instituciones del Estado, priorizando algunas áreas, unas se mantienen estables respecto al año presente y otras experimentan una caída. Con el propósito de llegar a las conclusiones más cercanas a la realidad, se partió del presupuesto modificado o vigente de 2024 para realizar las comparaciones con respecto al presupuesto proyectado de 2025.

De las 113 instituciones estatales, 61 podrían tener un aumento en el presupuesto, mientras que en siete se mantendría la cifra y en 45 más bien disminuiría.

El proyecto de presupuesto para 2025 revela que el mayor incremento corresponde a la deuda pública. Al comparar el presupuesto modificado o vigente para 2024 con la proyección de 2025, se observa un aumento de más de 11,684 millones de lempiras. Esta partida crecerá de 55,635 millones a 67,320 millones de lempiras, lo que representa un incremento del 21%.

Se proyecta un incremento del 35% para los Servicios Financieros de la Administración Central —identificada con el código 449 y conocida como partida confidencial— , a pesar de que es una de las instituciones con menor ejecución presupuestaria en 2024.

Para este año, el Congreso Nacional aprobó un presupuesto de más de 12,171 millones de lempiras, mientras que en 2024 se asignaron 6,877 millones de lempiras.

Entre las 10 instituciones con el mayor aumento presupuestario se encuentra el Instituto Nacional Penitenciario; sin embargo, es una de las tres entidades que, según la propuesta de Finanzas, verá su presupuesto duplicado o incluso triplicado. En particular, se proyecta que su asignación se duplicará el próximo año, probablemente debido al costo de la nueva cárcel en las Islas del Cisne, cuyo valor asciende a 2,000 millones de lempiras.

El presupuesto solicitado para la Empresa Nacional Portuaria prácticamente se duplicaría, con un incremento del 91%. Por otro lado, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras también prevé un aumento del 19% en su presupuesto, aunque la institución denuncia que los fondos desembolsados no alcanzan el 6% anual que el Estado está obligado a entregarle.

En términos absolutos, la Secretaría de Energía enfrentaría el mayor recorte presupuestario, con una reducción de aproximadamente 4,009.9 millones de lempiras.

Algunos programas de ayuda social también figuran entre los que recibirían menos fondos, como el Programa de Red Solidaria, que sufriría una reducción del 43%. Por su parte, la Secretaría de Defensa, que hasta agosto de 2024 contaba con un presupuesto vigente superior a los 12,032 millones de lempiras, enfrenta una solicitud de reducción a 10,844.8 millones de lempiras por parte de la Secretaría de Finanzas.

La Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria experimentará una drástica reducción del 76% en su presupuesto, que disminuirá de 407 millones a 97 millones de lempiras. De manera similar, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones enfrentará una fuerte contracción, con su presupuesto reducido a un tercio del actual, pasando de 993 millones a 374 millones de lempiras.

Las secretarías de Estado, que incluyen la Secretaría de Salud, contarán con un presupuesto de 151,315.2 millones de lempiras para el próximo año, lo que representa un aumento de 3,090.2 millones de lempiras en comparación con los 148,224.9 millones asignados en 2024.

Las instituciones desconcentradas, como el Instituto Nacional de Estadística, recibirán un presupuesto de 23,934.3 millones de lempiras para el próximo año, ligeramente inferior a los 24,221.8 millones aprobados en 2024, lo que refleja una disminución de 287.4 millones de lempiras.

Los órganos constitucionales, que incluyen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tendrán un presupuesto de 11,562.3 millones de lempiras, lo que representa un aumento de 246.7 millones de lempiras en comparación con los 11,315.6 millones asignados para este año.

Para los institutos autónomos, como el Instituto Nacional de Formación Profesional, se solicitó un presupuesto de 4,746.5 millones de lempiras, lo que representa una reducción de 105 millones de lempiras en comparación con los 4,851.5 millones asignados el presente año.

Los institutos de seguridad social, como el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Instituto de Previsión Militar, recibirán 75,021.9 millones de lempiras, un aumento de 5,140.2 millones en comparación con los 69,881.6 millones del año actual. Las universidades nacionales, como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, verán un incremento en su presupuesto, pasando a 9,713.8 millones de lempiras, lo que representa una diferencia de 1,588.7 millones respecto a los 8,125.0 millones asignados anteriormente.

Para el Hospital Escuela se solicitó mantener el presupuesto de 2,929.2 millones de lempiras. En cuanto a la deuda pública, que incluye bonos soberanos y préstamos internacionales, se propuso un presupuesto de 67,319.5 millones de lempiras, un aumento significativo de 11,684.0 millones en comparación con los 55,635.4 millones del año previo.

Los servicios financieros, que abarcan instituciones como el Banco Central de Honduras, verán su presupuesto incrementado a 12,171.0 millones de lempiras, lo que implica una variación de 3,158.8 millones en comparación con los 9,012.1 millones previos.

La Unidad Especial de Protección mantendrá su presupuesto en 365 millones de lempiras. Las empresas públicas, como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y Hondutel, recibirán un presupuesto de 56,705.2 millones de lempiras, lo que representa un aumento de 1,814.4 millones en comparación con los 54,890.7 millones de este año.

Finalmente, para las instituciones financieras, como el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, se propuso un presupuesto de 18,052.8 millones de lempiras, lo que marca un incremento de 368.6 millones respecto a los 17,684.1 millones del año pasado.

Economistas y financistas consultados por LA PRENSA Premium coincidieron que este presupuesto, aunque atractivo a simple vista debido a su crecimiento en los últimos años, no se ajusta a la realidad económica del país. De hecho, del total presupuestado para el próximo año, el Estado solo podría cubrir aproximadamente el 60% con sus propios recursos, mientras que cerca del 40% restante deberá ser financiado externamente.

Además, el presupuesto ya contempla los costos derivados de las tasas de interés, las cuales serían considerablemente altas debido a que se están obteniendo de organismos como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que oscilan entre el 6% y el 8%. Esto contrasta con las tasas más favorables ofrecidas por otras entidades como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que van del 2% al 4%.

En opinión del analista financiero Elfren Matute, “este Gobierno se ha caracterizado por aprobar los presupuestos más altos, pero también por tener los porcentajes más bajos en ejecución, al revisar los datos, vemos que la mayor parte del presupuesto se destina a gastos corrientes y al servicio de la deuda. Estamos hablando que más del 15% del total del presupuesto se asigna al servicio de la deuda, y si consideramos los gastos corrientes, se consume alrededor del 70%”.

Matute cuestionó que en áreas como educación y salud, que son pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier país, no se está asignando ni un 10% del presupuesto a cada uno, cuando deberían ser rubros con asignaciones mucho más altas.

Una verificación realizada por este medio respalda esta afirmación: pues la Secretaría de Educación representa el 9.9 por ciento del presupuesto proyecto, mientras que Salud absorbe menos, 6.9 por ciento.

Honduras no está generando ingresos suficientes, sino que está aprobando un presupuesto extremadamente alto, con cada vez más préstamos. El problema radica en que el Estado elabora un presupuesto en función de lo que planea gastar y no en el marco de lo que tiene disponible.

“Aproximadamente entre el 30% y el 40% del presupuesto tiene que ser financiado con fondos externos, ya que el Estado solo recauda alrededor del 70% a través de tributos y otras fuentes. El tema de ingresos se basa en una proyección del Gobierno, pero esto no significa que ya se tenga ese dinero en mano, sino que debe ser recaudado a lo largo del año, y si no logran alcanzar esa proyección, tendrán que financiar lo que no se logre recaudar”, pormenorizó Matute.

La ejecución del Gobierno, según estimaciones, alcanza el 60% y 70% en promedio, pero cuando no se ejecuta el presupuesto en determinadas instituciones, esos recursos asignados prácticamente se pierden, ya que no pueden ser utilizados para el siguiente año.

Liliam Rivera, directora de economía dentro de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), recordó que el Gobierno está tomando decisiones en áreas como infraestructura y transporte, donde se están reorientando recursos debido a la ausencia de fondos externos para proyectos de infraestructura.

“Esperamos que el presupuesto enviado al Congreso Nacional contemple mecanismos para agilizar la ejecución de recursos externos, necesarios para ejecutar proyectos, además de incluir compras y contrataciones que ayuden a agilizar la ejecución de la inversión pública”, sugirió.

La financista de este organismo de sociedad civil calificó como “preocupante” que, cuando no se ejecuta el presupuesto, la gente no recibe los bienes y servicios que estaban planificados.

“Estamos dando seguimiento a esta situación, como en el caso de los medicamentos, cuya ejecución ronda el 30%, y los textos escolares, que no tienen la prioridad necesaria. Tampoco se observa avance en infraestructura educativa ni hospitalaria, entonces, más allá de contar con un monto alto, es fundamental saber en qué se está destinando y cómo beneficia a la población”, enfatizó.

De acuerdo con el informe del Presupuesto 2025 dado a conocer por el Gobierno, se asignarán 28,816.7 millones de lempiras para proyectos de inversión pública. Este monto abarca una serie de iniciativas, incluyendo la construcción y rehabilitación de tramos carreteros y otras obras públicas esenciales, así como fondos para la construcción de ocho nuevos hospitales y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en el país.

Además, se financiarán transferencias monetarias condicionadas para beneficiar a más de 190,000 hogares, se contempla inversiones en la generación y transmisión de energía, así como la construcción y mejora de 60 centros escolares.

Se destinarán recursos para la ejecución de proyectos sociales para las comunidades, incluyendo la mejora de la red de agua potable, el alcantarillado, el alumbrado público y la pavimentación. También se invertirá en la construcción y mejora de las regionales universitarias a nivel nacional y se proporcionará apoyo a la infraestructura de 12 aduanas, facilitando las operaciones comerciales.

De otro lado, del monto global se incluye inversión productiva con un monto de 28,816.7 millones de lempiras, su mayoría corresponden a obras de construcción de 84 proyectos, 72 en ejecución y 12 nuevos.

Asimismo, la inversión social para el año 2025 representa una asignación de 58,830.3 millones de lempiras, lo que equivale al 60.2% del total destinado a inversión pública. Este monto se destinaría a una variedad de iniciativas, incluyendo créditos agrícolas para apoyar a los productores, programas de merienda escolar y becas para estudiantes. Además, buscarán cubrir los costos de matrícula gratuita y ofrecer subsidios para la energía eléctrica y los combustibles.

También prevé un bono tecnológico, así como subsidios específicos para los sectores cafetalero y ganadero. Las transferencias municipales recibirían apoyo, invirtiendo en la adquisición de maquinaria y equipo para las instituciones del sector público.

El sector de protección social recibiría la mayor asignación, lo que representa el 31% del presupuesto total. Esto incluye programas sociales ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Social y los Programas Red Solidaria y Acción Solidaria.

Le sigue el sector salud, con una asignación equivalente al 16% del total. Los fondos están dirigidos a la construcción de ocho nuevos hospitales en zonas como Santa Bárbara y Tegucigalpa, así como a la expansión de unidades de cuidados intensivos neonatales en Copán, La Paz y Francisco Morazán. También piensan fortalecer el programa de trasplantes renales en el Hospital Escuela y el hospital Mario Catarino Rivas.

La inversión en el sector de energía representa el 11% del presupuesto, cuyos recursos se asignan principalmente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y a la Secretaría de Energía. Este gasto está orientado a la mejora de la infraestructura energética y a asegurar una distribución eficiente de la electricidad.

El sector de carreteras, cuya partida equivale al 8% del total, se destina a la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Estos fondos se utilizarán para la construcción de tramos carreteros y puentes para mejorar la conectividad e infraestructura vial del país.

El sector seguridad ciudadana recibe también el 8% del presupuesto, los recursos se asignan a programas destinados a mejorar la infraestructura de seguridad y a la rehabilitación de barrios.

Con un 7%, a través del sector seguridad alimentaria se busca apoyar principalmente en bonos cafetaleros, ganaderos y tecnológicos, así como en créditos agrícolas y cajas rurales. El sector modernización del Estado constituye el 5% del presupuesto, para impulsar la modernización del aparato estatal y mejorar la eficiencia administrativa.

Con el 4% en sector educación financiarán proyectos de infraestructura escolar, incluyendo la intervención en 983 centros educativos y la construcción de un edificio de dormitorios en la Universidad Nacional de Agricultura. También consideran la implementación de un programa de becas y la cobertura de matrícula gratuita.

Se destina el 3% al sector agua y saneamiento para la construcción de sistemas de agua potable y mejoras en el alcantarillado en ciudades como Gracias y Tegucigalpa. Con el 2% en el sector transporte y obras públicas financiarán proyectos para la construcción de caminos rurales y bonos de transporte.

Se asigna 1% para el sector deportes; es decir, para la construcción y mejora de instalaciones deportivas y recreativas, así como el mejoramiento de estadios. Con 1% en el sector de recursos forestales y ambiente invertirán en programas de reforestación y protección de cuencas hidrográficas, así como en la restauración de bosques resilientes al clima.

Se destinan 1% en el sector comunicaciones para mejorar los mecanismos y procesos para la universalización de las tecnologías de la información y la comunicación. Con una inversión que representa el 0.2% en sector artes y cultura apoyarán a la industria en áreas como la música y las artes plásticas, así como la restauración de teatros.

Además, asignan fondos menores a otros sectores, como competitividad y mipymes, turismo y varias inversiones que completan la distribución del presupuesto.

Marlon Ochoa, quien hasta hace poco fungía como secretario de Finanzas, señaló que “el presupuesto remitido al Legislativo está alineado con los objetivos de política fiscal establecidos en el marco macrofiscal para el periodo 2025-2028”.

El funcionario alabó como positivo que el Fondo Monetario Internacional haya respaldado este presupuesto. “El FMI ha anunciado que para la primera quincena de octubre se programarán la primera y segunda misión de revisión. Este presupuesto incluye un servicio de la deuda significativo para cubrir intereses y comisiones de la deuda contraída durante un período de 12 años y siete meses, tiempo durante el cual aumentó”, apuntó Ochoa.

Desde esta institución urgen al Congreso Nacional aprobar la Ley de Justicia Tributaria para cambiar el comportamiento histórico del presupuesto, tanto en términos de ingresos como de egresos.

“Esta ley busca eliminar exoneraciones fiscales que actualmente permiten que los más ricos del país paguen apenas tres centavos por cada 1,000 lempiras de ingresos. Es imperativo que esta ley sea aprobada para asegurar una mayor equidad en el sistema tributario y una recaudación más justa”, sostuvo.

Hugo Noé Pino, presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, comentó que “existe un enorme peso de lo que significa este presupuesto. En función de la transparencia, la Secretaría de Finanzas mantendrá en su página de Internet todos los documentos entregados al Congreso, permitiendo que todos los sectores tengan la oportunidad de analizar y revisarlo a detalle”.

“Como comisión haremos un análisis detallado y llevaremos a cabo la socialización correspondiente para asegurar la transparencia en el manejo, discusión y aprobación del Presupuesto General de la República. Sabemos que hay recortes significativos en algunos gastos corrientes, lo que podría generar desventajas para ciertas entidades, pero la justificación está en el aumento fuerte de la inversión en infraestructura, inversión productiva e inversión social”, reflexionó el congresista.

El Presupuesto General, una vez elaborado por la Secretaría de Finanzas y enviado generalmente antes del 15 de septiembre de cada año, pasa a ser revisado por el Congreso Nacional para que pueda analizarlo antes del inicio del nuevo año fiscal.

El Congreso Nacional, a través de su Comisión de Presupuesto realizará un estudio detallado para verificar la viabilidad y la justificación de las asignaciones presupuestarias propuestas. Tras la revisión inicial, el presupuesto será sometido a debate en el Congreso, donde los miembros podrán proponer modificaciones o ajustes.

En todo caso, las propuestas de cambio deberán ser discutidas y aprobadas en sesiones plenarias. Una vez que el presupuesto haya sido discutido y modificado, procederán a su aprobación final. Para que el presupuesto sea aprobado debe contar con la mayoría de votos en el Congreso Nacional.

Tras su aprobación, el presupuesto deberá ser promulgado y publicado oficialmente. A partir de ese momento se convierte en el plan financiero oficial del Gobierno para el próximo año y las instituciones gubernamentales deberán ejecutar sus gastos y actividades conforme a lo establecido.