Oposición: “Es inaceptable que Castro minimice la situación”

San Pedro Sula, Honduras.

La divulgación de un video secreto que muestra una reunión en la que se ofreció dinero, entre el exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, y varios narcotraficantes, incluyendo a “Los Cachiros”, desató un terremoto político en el Gobierno anteayer, martes.

La revelación provocó una ola de reacciones en diversos sectores de la sociedad, quienes condenaron a la clase política del país y exigieron no solo la renuncia de la mandataria Xiomara Castro, sino también que se persiga penalmente a miembros del partido Libre vinculados a actividades de narcotráfico y que se reconsidere la decisión de renunciar al tratado de extradición con Estados Unidos.

Además de Carlos Arnoldo Lobo, los hermanos Devis y Javier Rivera, Ramón Matta Waldurraga, y Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H, todos vinculados al narcotráfico, el video muestra a Carlos Alberto Muñoz Guerrero, suplente de Carlos Zelaya en el Congreso, y a Adán Fúnez, alcalde de la ciudad de Tocoa, Colón.

El video nunca se había hecho público hasta ahora porque su contenido no se utilizó en juicios; sin embargo, Carlos Zelaya decidió confesar su participación y renunciar al Congreso luego de ser citado por el Ministerio Público. Posteriormente, su hijo José Manuel Zelaya también dimitió de su cargo como ministro de Defensa. Durante la conferencia de prensa ofrecida anoche por la presidenta Castro, el escándalo de su cuñado no fue tratado de manera exclusiva.

El congresista de Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, externó, en alusión a la conferencia de prensa recién dada por Xiomara Castro, que la Constitución establece que, frente a un hecho criminal, el presidente tiene la obligación de denunciar para proteger la seguridad interior del Estado.

“Se presentaron 33 casos adicionales a los dos que ya discutimos, el de Carlos Zelaya y el del señor (Adán) Fúnez, entonces, desde el Congreso estamos dispuestos a respaldar las reformas y leyes necesarias para que el sistema de justicia pueda combatir el crimen de manera efectiva. Tanto el narcotráfico como la corrupción, la presidenta ha sido clara en su postura y ha sido contundente al decir que quien debe perseguir a narcos y corruptos es la Fiscalía General, ahora el caso de Carlos Zelaya está en manos de la Fiscalía y ellos deben encuadrar estos hechos en un tipo penal”, expresó Barrios.

El diputado por el departamento de Cortés, también perteneciente al oficialismo, Samuel Madrid, manifestó que este es un hecho aislado y particular.

“El compañero Zelaya lo enfrenta con valor y dignidad, algo que pocos han hecho en el pasado al renunciar a sus privilegios. Cada quien debe asumir su responsabilidad y nuestro gobierno no tiene ninguna relación con este asunto ni se ha beneficiado de él”, apuntó.

El legislador reconoció que esto les afectará como organización política, pero aclaró que “al menos se ha dado un paso digno al someterse a la justicia, tampoco estamos aprovechando para atacar a quienes han caído, creemos que los operadores de justicia deben actuar conforme a la ley. Es reprochable que cualquier persona involucrada en problemas de narcotráfico tenga vínculos con políticos”.

Cuestionó, además, que haya “una campaña” de la oposición y de ciertos sectores, incluyendo a la Embajada americana, para “atacar a Libre”.

De su lado, el diputado de Libre, abogado y exfiscal de Honduras, Jari Dixon, aceptó que “esta es una imagen bastante impactante que hace pensar que algunos miembros de nuestro partido han estado involucrados en actos reñidos a la ley, pero ellos deberán responder a las autoridades nacionales e internacionales a título personal, ya que Libre, con más de un millón de militantes, no tiene nada que ver con estas acciones, nuestra militancia no protegerá a nadie, a diferencia de lo que sucede en los partidos tradicionales”.

Dixon se refirió a que, si bien es cierto, este evento representa un fuerte impacto para Libre, no se puede desestimar todo lo que la presidenta Xiomara Castro ha logrado.

“Nunca antes habíamos visto tantos proyectos en beneficio de la población, por tanto, el proyecto de refundación del país sigue adelante, y cualquiera que falle a este proyecto tendrá que abandonarlo”, advirtió.

El vicepresidente y diputado de Libre por el departamento de Francisco Morazán, Hugo Noé Pino, en conversaciones recientes con LA PRENSA Premium, habló sobre cuál es su postura con relación al escándalo que sacudió ayer por la tarde al partido de Gobierno y que involucra a uno de los miembros de la familia Zalaya, Carlos Zelaya, quien hace poco renunció a su cargo.

“Al igual que la presidenta Xiomara Castro, condeno cualquier tipo de negociación entre los narcotraficantes y políticos”, comenzó diciendo el parlamentario.

Pino continuó declarando que el choque mediático producido por esta noticia de alguna manera calará y afectará en los cimientos del Gobierno. “El impacto en Libre es negativo, sin duda, sobre todo al corto plazo, pero nuestro partido demostrará que sigue luchando contra grandes flagelos como lo son la corrupción y el narcotráfico”.

Mientras tanto, Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso, cuestionó la retórica que ha venido exclamando repetidamente Libre respecto a la lucha y colusión con el narcotráfico por parte de los políticos en el país.

“¿Qué van a decir? ¿Que esto es mentira? ¿que son falsedades? ¿que son denuncias irreales? Se le ha caído la máscara a Libre y a los que gobiernan este país, ha quedado demostrado que quienes tenían trato con los narcos en Honduras son precisamente los que están en el poder en este momento”, especificó Zambrano, quien representa a la oposición en el Hemiciclo.

“Es el momento de que nos unamos todos, sin distinción de partidos o colores políticos, para no perder este país, recuperar la democracia, la paz y asegurar que quienes están ligados al narcotráfico no gobiernen más”, fue el llamado que hizo el congresista tras el escándalo del narcovideo.

Tony García, vicecanciller hondureño,dijo que que “lo que puedo decir es que nos ha tomado por sorpresa a todos, incluyendo la militancia de Libre, porque nuestra bandera de lucha es antinarcoactividad y anticorrupción”.

El funcionario de Cancillería agregó que Libre “es un partido tan diferente que moralmente obligó a uno de los implicados a renunciar al segundo puesto más importante del Congreso Nacional, eso nunca se había visto. La militancia cree que toda persona salpicada debe ser investigada, todos desde la dirigencia para arriba condenan cualquier nexo entre políticos y narcos”, aseguró.

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, exigió la renuncia de la presidenta Xiomara Castro tras divulgación de video y formalizó su solicitud en una carta en redes sociales, argumentando que acusaciones de narcotráfico contra su entorno familiar violan la confianza pública y principios éticos del servicio público.

Castellanos advirtió que su permanencia no solo socava la credibilidad del Estado de Derecho, sino también pone en riesgo la paz y seguridad de la población.

“Desconocer estos vínculos y arremeter contra otros señalados, como una medida desesperada para desvirtuar estas graves acusaciones no hará que la ciudadanía olvide que seguimos en un narcoestado, con líderes que han llegado al poder usando el dinero del crimen organizado y han sido beneficiados por quienes administran la justicia actualmente”, acotó.

En una conferencia de prensa, Jorge Cálix, precandidato por el Partido Liberal, en compañía de otros miembros, expuso que “es inaceptable que Xiomara Castro minimice la situación, como lo hizo en reciente cadena nacional, la evidencia que relaciona a su cuñado con el narcotráfico es innegable. En nombre de la dignidad y soberanía que tanto pregona, la presidenta debe asumir la responsabilidad política que le corresponde y presentar su renuncia, a igual que sus hijos y los dos cuñados de Carlos Zelaya. No se puede gobernar un país bajo la sombra de la corrupción y el narcotráfico”.

Los liberales pidieron a los hondureños, en este mes de la Patria, hacer un frente común para exigir la renuncia de quienes han fallado en sus responsabilidades.