¿Dónde acudir en caso de que una mara lo obligue a irse de su casa?

Si usted hoy mismo se enfrenta al desplazamiento forzado y no sabe a dónde ir o a quién acudir, la Ley para la Prevención, atención y protección de las personas desplazadas internamente obliga a las instituciones del Estado a brindar asistencia humanitaria inmediata si no cuenta con los recursos necesarios para subsistir.

Para ello, de manera primaria, establece apoyo con asistencia humanitaria. Esta es una ayuda temporal para atender las necesidades inmediatas de las personas y comunidades afectadas, incluyendo el aseo, la alimentación, el alojamiento, el transporte y asistencia médica y psicológica.

La entrega de la asistencia humanitaria depende del análisis de necesidades del caso y se hará por un periodo máximo de tres meses, que se pueden extender por tres meses más.

En la actualidad las solicitudes se reciben mediante la Dirección para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por Violencia (DIPPDIV) de la Secretaría de Derechos Humanos, a través de diferentes canales: Teléfono: +504 3183-8376 o escribiendo al correo electrónico: atención.dippdiv@sedh.gob.hnEn el futuro y con la adopción del Reglamento de la Ley, se crearán Unidades Municipales para la Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente (UMAPPDEF),quienes también podrán recibir las solicitudes de asistencia y protección de las personas, brindar asistencia humanitaria durante la fase de emergencia, entre otras.

La solicitud de atención y protección puede ser presentada directamente por la persona o grupo de personas desplazadas internamente o por representación agente organizaciones de sociedad civil y humanitarios.

Tenga en cuenta que el procedimiento es gratuito; no se exige representación legal en ninguna etapa; no necesitas pruebas ni la presentación de denuncias, demandas o quejas; y si no cuenta con documentos de identificación personal, no se se le puede impedir la presentación de la solicitud Una sola persona puede presentar la solicitud en nombre del grupo familiar afectado.

Si no está conforme con la atención requerida puede solicitar un reclamo o una impugnación.

También está a disposición de la ciudadanía afectada el número 9581-1846 de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del Conadeh, la que provee alojamiento de emergencia, registro de quejas, orientación legal y referencia para asistencia.

Una década para una ley. Pese a la enorme necesidad que existía por proteger a las personas que quedan en el fuego cruzado de las maras y pandillas y la criminalidad organizada, la ley para brindarles protección tardó casi una década en ser aprobada.

En 2013 se reconoció de manera oficial la problemática del desplazamiento interno, y se estableció la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (CIPPDV), pero es hasta el 21 de diciembre de 2022 que esta normativa cobra vida.

Tras la pandemia y el retorno a la normalidad, esta ley urgía ser aprobada, particularmente por situaciones agravadas de violencia que vivían municipios como Choloma, en Cortés.

Gabriela Mendoza, titular de la Dirección de Protección a los Desplazados Internos(DIPPDIV), de la Secretaría de Derechos Humanos, contó que “Choloma era la ciudad que en sus paredes gritaba que esta ley se aprobara”.

Escenario de cruentas masacres y luchas encarnizadas entre pandillas y bandas de la criminalidad organizada que a punta de disparos disputaban el control territorial del municipio, Choloma, era en carne viva el municipio donde más desplazamientos se registraban.

“Lo mirábamos en los muros, en las paradas de buses, rótulos que decían: ley de desplazamiento ya.

Las personas requerían este marco jurídico, porque ahí estaban las víctimas”, rememoró.

Es por ello que Choloma y San Pedro Sula ya tiene su propia unidad de atención a casos. ¿Pero, de qué le sirve la ley a los desplazados? Su objetivo primordial es generar una respuesta integral a las víctimas y a las causas del desplazamiento para mitigar su ocurrencia e impacto.

Además estableció la creación del Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado (Sinardef), organismo a cargo de brindar protección a las víctimas, así como de las comunidades.

También la ley busca reconstruir los proyectos de vida de las personas que tuvieron que huir y abandonarlo todo, así como propiciar la restauración del vínculo de protección de los derechos humanos, que a su vez, reparará el tejido social.

En concreto, con esta ley, el Estado de Honduras asumen la obligación de proteger apersonas que a causa de la violencia o las violaciones a sus derechos humanos se han desplazado internamente, están en ese riesgo o han sido deportadas al país pese a que corren peligro. Además de medidas de prevención, la ley también implica acciones de asistencia y protección para las víctimas.

Si usted es una víctima, la ley le garantiza estos derechos: No ser discriminadas por el hecho de ser desplazadas forzadamente ni por otros motivos; que se respete su libertad, seguridad, dignidad e integridad; libertad de movimiento y circulación; solicitar y recibir protección frente a la violencia; gozar de condiciones satisfactorias de vida, incluyendo seguridad, higiene, educación, salud, saneamiento y alojamiento.

Además, solicitar y recibir asistencia humanitaria; solicitar y recibir información asistencia legal gratuita; reunificación pronta de la familia separada a causa del desplazamiento; regresar a su lugar de origen o reubicarse en nuevo lugar de manera voluntaria, segura y digna entre otros.

A fin de cubrir estas demandas, la ley que está en vigor y que ya brinda asistencia a 438personas, la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) dispone para el año fiscal 2023 de4,500,000 lempiras y, además, la asistencia de los casos se atiende con fondos según acuerdo de Asociación entre la SEDH y Acnur en el marco del proyecto denominado Fortaleciendo la respuesta del Estado de Honduras para la atención de las personas desplazadas internamente por violencia y personas retomadas con necesidades de protección.

Dicho acuerdo está vigente desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. En este mismo sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) apoya a la SEDH en la implementación de medidas en soluciones duraderas y salud mental y apoyo psicosocial.