Prefieren adoptar en Guatemala que en Honduras por la lentitud

A causa de la extrema lentitud que impera en el sistema jurídico nacional, cientos de extranjeros renuncian todos los años a adoptar niños de Honduras y prefieren los de Guatemala que se ha convertido en el cuarto país del mundo que más menores de edad coloca en familias de Estados Unidos y Europa.

Abogados y extranjeros consultados por LA PRENSA Premium dijeron que, aunque hay leyes y el Estado es desde 2019 parte del Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional (Convenio de La Haya), la lentitud estatal decepciona a los aspirantes que desean convertirse en padres de un niño hondureño.

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El tortuguismo estatal, el cual data de varias décadas, inclusive ha obligado a algunas las agencias internacionales de adopción (inscritas en el Registro general de adopciones de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Dinaf) a cerrar oficinas o prescindir de los representantes porque no les resulta rentable.

La parsimonia institucional ha permitido que solamente 269 niños hondureños sin familia hayan tenido como destino hogares estadounidenses entre 1999 y 2021, una cifra irrelevante compara con los 29,807 menores guatemaltecos que ahora viven en mejores condiciones en Estados Unidos, de acuerdo con datos del Departamento de Estado.

“Nosotros estábamos emocionados con adoptar dos niños en Honduras pero ahora estamos decepcionados. Es demasiado lento y complicado. No vemos claridad”, dijo un ciudadano europeo que solicitó el anonimato.

Para los extranjeros, que son segunda prioridad después de los hondureños, una adopción puede durar dos años “si tienen suerte”, según abogados, o “cinco y en algunos casos hasta más de ocho años” por las trabas que se presentan en los niveles administrativos y judicial.

“Conozco varios casos de extranjeros que han desistido. Con los nacionales (aspirantes a adoptar) el proceso dura cuatro, cinco años, porque son prioridad. Con los internacionales es mucho más tiempo, deben esperar que haya niños disponibles. Esta lentitud se debe, en gran parte, a la voluntad de los funcionarios que ejercen el proceso. En los últimos años ha habido reformas legislativas encaminadas a agilizar el proceso; el proceso debería ser rápido, pero en la realidad no ocurre”, criticó Sara Aguilar, abogada experta en adopciones.

Explicó que la lentitud comienza “con la declaración de abandono de un niño la cual, como está establecido en el Código de la Niñez, no debería durar más de dos meses”. Sin embargo, “el juzgado emite las sentencias después de muchos años, cuando los niños tienen hasta diez años de edad”.

“El procedimiento de declaraciones de abandono tiene dos etapas: Dinaf hace el procedimiento administrativo que debería durar no más de dos meses, pero esta institución tarda muchos años. Después traslada el expediente al Juzgado de la Niñez y este tarda muchos años ”, dijo.

Aguilar asistió ayer a una audiencia de adopción en el Juzgado de Familia de una niña que actualmente tiene 9 años y “el sistema (de protección) la recogió cuando tenía cuatro meses de edad. “Tengo otro caso que está en el Juzgado de la Niñez, pendiente de la sentencia de abandono, la niña ahora tiene diez años”.

Dado a que el Estado no tiene capacidad económica para crear una estructura de protección de niños, cuyos derechos han sido quebrantados, la Dinaf envía a los menores a las Instituciones Residenciales de Cuidado Alternativo (IRCA) que funcionan a través de fundaciones que gestionan ayuda económica en Honduras y en el extranjero.

Dinaf traslada a los IRCA a niños desde horas de nacidos (encontrados abandonados en calles y aceras de las ciudades) hasta menores que han sido objeto de agresiones sexuales por parientes o que han quedado huérfanos porque su padre y madre murieron de manera violenta y no tienen familiares que les den refugio.

En los IRCA los niños reciben alimentación, vestuario, techo, medicina, educación de manera gratuita hasta que cumplen los 18 años. Muchos de ellos cumplen la mayoría de edad dentro de estas instituciones porque el Estado no logró declararlos en abandono para luego ser adoptados.

“Tuve un caso de un niño que en la certificación de nacimiento tiene los nombres de la padre y madre, pero materialmente no están. Un día, yo le dije a a las autoridades que el niño debe ser declarado en abandono porque los padres materialmente no están. Si la ley dice que un niño debe ser declarado adoptable porque no tiene representantes legales, entonces decláreme a este y me contestaron que no había asidero jurídico”, dijo.

Entre 2004 y 2020, es decir, en un período de 16 años, Guatemala concedió en adopción a 21,531 niños, a un promedio de 1,345 por año, de acuerdo con datos de estudios realizados por la Universidad de Newcastle de Reino Unido. En 2021, Dinaf apenas asignó 43 menores para procesos de adopción, según el informe de ese año publicado por esa entidad.

En 2019, el Estado de Honduras se sumó al Convenio de La Haya (29 de mayo de 1993) del cual forman parte 90 países que buscan garantizar que las adopciones internacionales tengan como prioridad el interés superior del niño y prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de menores. Pero, para la abogada Cynthia González, quien desde 1992 ha trabajado en procesos de adopción, la adhesión de Honduras al acuerdo de La Haya “no ha causado un cambio, no ha mejorado, la lentitud en la burocracia sigue igual, los gobiernos que hemos tenido no le ha asignado el presupuesto necesario a las instituciones que trabajan en la protección de la niñez, como Dinaf”.

“Dinaf tiene poco personal. No tienen capacidad para realizar todas las adopciones. Considero que deben descentralizar algunos trámites para agilizar y no depender en un 100% de Tegucigalpa. He visto que las nuevas autoridades de Dinaf tienen la voluntad para ayudar a los niños, pero por falta de personal y logística no lo logran”, dijo. “Gracias a Dios que existen los hogares (IRCA), el Estado no tiene capacidad para darle protección a todos esos niños que están en las calles, en mendicidad y abandono, y no pueden ser adoptados”.

González lamenta que “muchos extranjeros que desean ser padres adoptivos les toca venir a Honduras a ver como los niños van creciendo en los hogares y no logran disfrutar de los primeros años de infancia; la burocracia del sistema no lo permite”.

Omar Arias, abogado de la oficina regional Dinaf en San Pedro Sula, le dijo a LA PRENSA Premium que “el nuevo gobierno y las nuevas autoridades de esta institución tienen toda la voluntad y esperan hacer historia con cambios y mejoras que se puedan hacer para agilizar las adopciones que tienen algunos trámites que deben ser simplificados porque son engorrosos”.

Dentro del proceso de adopción, “nosotros, por ejemplo en San Pedro Sula, solo podemos hacer las declaraciones de abandono, pero eso se eleva a sede judicial y luego pasa al Programa de Consolidación Familiar que está en Tegucigalpa”, ejemplificó.

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) es una de las instituciones que históricamente ha recibido un bajo presupuesto pese a que debe resolver uno de los problemas sociales que afectan al país.

En septiembre de 2021, el gobierno anterior le asignó un presupuesto a la Dinaf para 2022 de L181,630,621.Este año, el nuevo gobierno, para que opere en 2023, le otorgó L265,649,962, L84 millones más que en 2022.Sin embargo, aún con el aumento, Dinaf sigue entre las instituciones que tienen menor asignación presupuestaria para 2023.