“Si Fiscalía prueba delitos en bienes de familia de JOH, podría presentar acción penal”: Marlon Duarte

En total, fueron 32 propiedades inmuebles, 19 empresas mercantiles y 80 instrumentos financieros los incautados a la familia Hernández

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La ex primera dama, Ana García, junto al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado.

mar 19 de marzo de 2024

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TEGUCIGALPA. Luego de que el Ministerio Público (MP) incutara 131 bienes del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado (2014-2022), tras el juicio por narcotráfico en Estados Unidos, expertos opinaron al respecto.

En conversación con LA PRENSA PREMIUM, el abogado Marlon Duarte hizo hincapié en la aplicación de la ley intermedia en este caso, pues es fundamental tener en cuenta que el expresidente está sujeto a la ley vigente en el momento de cometerse los presuntos delitos.

Duarte destacó la reforma del decreto 94-2021, que modificó los criterios del delito de lavado de activos, eliminando la presunción de que los bienes procedían de actividades ilícitas si no se podía justificar su origen. Esto implica que, bajo la ley anterior, la Fiscalía debía probar la ilicitud de los bienes, no los imputados.

“O sea, esos bienes son antes del 2021. Entonces le van a aplicar la Ley de Lavado de Activos que estuvo vigente al momento que se realizaron los actos o la que más le favorezca. ¿Por qué? Por el principio de retroactividad de la ley. Ese es un principio jurídico. Por esa razón, ahora solo le están imputando la licitud de la procedencia de los bienes”, explicó.

Respecto al caso de los familiares de JOH, Duarte señaló que si la Fiscalía logra demostrar que los bienes provienen de actividades ilícitas como corrupción o malversación de fondos, podría presentarse una acción penal por lavado de activos.

“Si existe otro delito que no fuese lavado de activos, que era la no justificación, en todo caso el Ministerio Público, si acredita, porque el Ministerio Público en aquellos tiempos lo que presentaba acusaciones era porque no tenían una justificación legal de su procedencia, pero esto no quiere decir que si la Fiscalía prueba que los bienes procedían de la corrupción, por ejemplo, de apropiación indebida, de bienes del Estado, malversación de caudales públicos, el tráfico de inferencias, etc. Toda esa gama de delitos, fraude en contra de los bienes, si los establece, el Ministerio Público sí les puede presentar una acción penal por lavado de activos, sí por el verbo rector de la no justificación”, explicó.

Por otro lado, el abogado hizo hincapié en la existencia de bienes que ya habían sido objeto de medidas de aseguramiento en expedientes anteriores. Señaló que, en virtud del principio legal de no repetición de medidas, resulta inconsistente y cuestionable volver a solicitar la incautación de bienes que ya estaban sujetos a medidas de aseguramiento en procesos anteriores.

”Lo que miro raro es que varios bienes ya habían sido asegurados y algunos asegurados e incautados. Entonces es extemporáneo porque usted no puede volver a repetir esa acción como otro expediente cuando en un expediente pidió aseguramiento ahora solicita incautación. Eso ya es extemporáneo”, expresó Duarte.

”Estaba fijándome en la solicitud que hicieron, que había bienes que en el proceso del 2022 ya estaban en el expediente, entonces no tiene lógica pensar de que por qué lo volvieron a hacer si ya lo habían hecho antes con esos bienes”, explicó Duarte.

En este sentido, Duarte argumentó que, en casos donde ya existen medidas de aseguramiento vigentes, solicitar nuevamente la incautación de los mismos bienes resulta jurídicamente improcedente y extemporáneo. Insistió en la importancia de respetar los principios legales y evitar la repetición de acciones ya realizadas en procedimientos anteriores.

”En algunos casos no repiten solo en el caso de aquellos que repiten es extemporáneo una medida de incautación si en el expediente del 2022 solicitaron aseguramiento, ya no pueden hacer otro expediente solicitando medida de incautación porque ya como le vuelvo a repetir es extemporáneo”, concluyó el abogado Marlon Duarte.

¿EE UU reclamará bienes?

Por su parte, el abogado Héctor Pérez planteó la posibilidad de que EUA solicite la confiscación de los bienes asegurados a Hernández, una vez que se agoten los recursos legales. “La pregunta es ¿Honduras va a permitir que Estados Unidos confisque estos bienes por indemnización de los daños que causó la droga que envió a EUA o se van a quedar aquí los bienes? Porque el país tiene mucha necesidad de estos fondos para la pobreza y seguridad”, mencionó.

En total, fueron 32 propiedades inmuebles, 19 empresas mercantiles y 80 instrumentos financieros los incautados en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira.

El pasado 8 de marzo el expresidente Hernández fue encontrado culpable de conspirar para introducir cocaína a EUA, conspirar para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos y poseer armas durante la conspiración de narcotráfico. Su sentencia será dictada el próximo 26 de junio, informó la Corte del Distrito Sur de Nueva York.