Balas perdidas mataron a 55 hondureños desde 2015: 13 eran estudiantes

San Pedro Sula, Honduras.

Un bebé que estaba en una fiesta de inicio de año este 2023 en La Ceiba, una doctora que comenzaba su vida profesional en Química y Farmacia en agosto del año pasado en Siguatepeque, una adolescente que compartía con su familia en febrero pasado en Talanga y una menor que se alistaba para disfrutar junto a su padre de un partido de fútbol el 3 de febrero en San Pedro Sula: todos murieron por balas perdidas y en circunstancias distintas.

Honduras no cuenta solo con números altos de homicidios, accidentes de tráfico y enfermedades mortales, también crece la cantidad de acontecimientos de personas que mueren producto de balas sin destino. Este tipo de hechos suelen captar rápidamente la atención mediática y de las autoridades policiales, pero luego todo se reduce al silencio y el olvido esperando la próxima tragedia, donde la impunidad es lo que siempre impera.

De acuerdo con cifras oficiales, del 1 de enero de 2023 al 13 de marzo de 2023 se registraron 581 homicidios, estas cifras solo muestran cómo arrasa la violencia en el país en distintas modalidades.

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Datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad a través de la Dirección de la Policía Nacional indican que entre los años 2015 y febrero de 2023 se produjeron 55 muertes producto de la negligencia en el uso de armas de fuego y que fueron decomisadas a nivel nacional.

Entre los años 2017 y 2019 ocurrieron la mayor cantidad de decesos por este tipo, siendo Francisco Morazán y Cortés los departamentos con más casos reportados. Municipios como el Distrito Central, encabezado por Tegucigalpa, y San Pedro Sula, siguen siendo las zonas donde más defunciones por mal manejo de armas de fuego hay.

En el período analizado, entre la lista de principales víctimas producto de disparos al aire se contabilizan 13 estudiantes, ocho agricultores, ocho labradores y siete amas de casa. Entre los fallecidos resultaron bebés, niños de entre 4 y 10 años, adolescentes de entre 11 y 17 años, así como adultos en un rango de edad de 18 y 63 años. Del total de personas muertas bajo esta forma, 41 eran hombres y 14 mujeres, según las estadísticas.

Entre los años 2020 y febrero de 2023 se arrestó a 63 hombres y a una mujer por vincularlos con muertes de ciudadanos que se encontraban en la vía pública, estadios, viviendas y otros espacios.

Las detenciones se llevaron a cabo principalmente en ciudades como Tegucigalpa y Gracias. Solo durante el 2022 fueron esposadas 28 personas y similar número durante el 2021, con 29 sospechosos. En lo que respecta al presente año, las autoridades llevan dos capturados.

Investigaciones preliminares apuntan a que en la mayoría de estos hechos las víctimas no tenían conexión directa con la cadena de sucesos que ocasionaron las balas, ni siquiera estaban conscientes de lo que ocurría a su alrededor hasta que fueron impactadas.

Especialistas en seguridad pública sostienen que es necesario un control riguroso de las armas para reducir los actos de violencia, donde gran parte de las víctimas solo estaban en proximidad con los eventos. Aunque varios de estos no dispararon a propósito contra otras personas, las balas no dieron en el blanco pensado.

Las medidas viables para evitar estos hechos pasan por tener mayor presencia policial en zonas de conflicto, además de un estricto control en la portación de armas de fuego. Por otro lado, se considera imperativo frenar el flujo ilícito de armas, que va desde las fronteras hasta las ciudades y el interior.