Aumentan casos de accidentados que combinan alcohol y sustancias

San Pedro Sula, Honduras.

El silbido de las sirenas de ambulancias y el estridente ruido de choques son sonidos comunes en los bulevares, calles, avenidas y carreteras de Honduras. Con un promedio de cinco muertes diarias, según cifras oficiales, el país enfrenta una crisis de seguridad vial que no solo cobra vidas, sino que también sume en el dolor y el luto a innumerables familias.

De enero hasta el 10 de julio de este año se produjeron un total de 950 muertes y más de 3,000 accidentes viales en todo el país, según lo informado por autoridades de tránsito.

Entre los años 2018 y 2023, con base a estadísticas analizadas por LA PRENSA Premium, se produjeron 76,494 eventos asociados a tránsito vehicular a nivel nacional, la mayoría, ocurridos en Francisco Morazán, Cortés y Atlántida. Los principales municipios con reportes fueron el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca y Roatán.

De la oleada de casos registrados, 7,084 personas perdieron la vida y 12,379 resultaron lesionadas. Las estadísticas detallan que las principales formas de accidente fueron colisiones, atropellos, choques y despistes.

Del total de vehículos involucrados, 15,711 eran carros turismo, 13,398 pick-ups, 12,597 motocicletas y 9,696 camionetas.

En estos eventos se vieron involucrados principalmente vehículos particulares, de carga, transporte público y privado. Entre los más afectados o participantes figuraron motoristas, comerciantes, estudiantes, jornaleros y amas de casa.

De todos los hechos ocurridos, 8,767 fueron ocasionados por no mantener la distancia de seguridad, 4,760 por obstrucción de la vía pública, 4,679 por no respetar la prioridad según el diseño vial y 4,592 por falta de atención a las condiciones de tránsito.

Alex Valladares, técnico en urgencias médicas en la Cruz Roja Hondureña, manifestó que “no tenemos un sistema de respuesta de emergencia adecuado que pueda responder a la abrumadora demanda”.

Idealmente, debería haber una ambulancia por cada 30,000 habitantes; sin embargo, con solo unas 15 ambulancias disponibles y no todas operativas en todo el país, la institución se ve obligada a repartirlas entre diferentes entidades y necesidades.

Valladares destacó las consecuencias devastadoras para las víctimas de accidentes. “Cuando una persona sufre lesiones graves y es llevada al hospital, muchas veces se encuentra con instalaciones saturadas, esto no solo prolonga su estancia de 15 días a un mes, sino que también conlleva la pérdida de empleo, afectando gravemente su sustento y generando caos en sus hogares”.

En la Cruz Roja han identificado numerosos casos donde los pacientes, bajo el efecto de sustancias, además de alcohol, presentan comportamientos que complican su atención médica. Por ejemplo, en múltiples casos con heridos, al ser evaluados físicamente muestran pupilas dilatadas, responden lentamente y no parecen experimentar dolor, a pesar de sufrir diversas fracturas. Este comportamiento es típico de quienes consumen sustancias más allá del alcohol, las cuales producen una euforia engañosa.

Se trata de una combinación de diversos fármacos, pero no es responsabilidad de la Cruz Roja Hondureña determinar qué tipo de sustancias se han utilizado, ya que no realizan pruebas toxicológicas.

El representante de la Cruz Roja mencionó que podrían ser sustancias frecuentemente consumidas en la sociedad actual, lo que sugiere la posibilidad de drogas sintéticas, así como las tradicionales como marihuana o cocaína.

Información de tránsito que revisó este medio de comunicación indica que, entre 2018 y 2023 hubo 2,264 casos confirmados de accidentes vehiculares asociados a conductores en estado de ebriedad, también, 350 casos sospechosos de haber involucrado el consumo de alcohol y 162 incidentes en los cuales se sospechaba la conducción bajo la influencia de alcohol o drogas.

El costo de tratar a una persona con lesiones básicas en un hospital puede rondar desde los 3,000 lempiras hasta los 100,000 lempiras, pero a menudo solo se consideran las lesiones visibles, pues los daños internos pueden ser mortales, pasan desapercibidos y añaden enormes costos adicionales.

La falta de seguridad en el transporte público y a nivel de motocicletas también es preocupante, los autobuses carecen de cinturones de seguridad en la mayoría de sus asientos, lo que agrava las lesiones en caso de accidente. Es crucial promover el uso de cascos y otras protecciones en motociclistas para reducir la gravedad de las lesiones en conductores.

Para abordar esta crisis, Valladares enfatizó la importancia de la educación vial y la concienciación pública. “Debemos educar a los jóvenes sobre las graves consecuencias de sus acciones al volante, es necesario crear una cultura de seguridad vial desde una edad temprana para reducir el número de accidentes”, dijo.

En un llamado a la acción, Valladares instó a las autoridades y a la sociedad civil a trabajar juntos para mejorar las condiciones viales y aumentar la capacidad hospitalaria, esto incluye a grupos organizados de vehículos y motocicletas.

Parte de las alternativas propuestas incluyen la implementación de campañas específicas no solo para reducir las muertes por accidentes, sino también para sensibilizar sobre los costos humanos y económicos que estos conllevan. Además, se sugiere la creación de espacios controlados para actividades deportivas que promuevan tanto la seguridad como beneficios hospitalarios.

De su lado, el subcomisario Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat), compartió sus preocupaciones y observaciones sobre la situación actual.

“El 86% de los fallecidos en accidentes viales son hombres, mientras que el 14% restante son mujeres”, reveló Hernández, quien a su vez reflexionó que esto puede deberse en parte a comportamientos de riesgo más frecuentes entre los hombres, como el exceso de velocidad y el consumo de alcohol.

“Hay una notable falta de pericia y experiencia entre los conductores, especialmente los jóvenes. Muchos accidentes también son resultado de la imprudencia, hay falta de responsabilidad de empresas que operan transporte público y tenemos casos preocupantes de motoristas con licencias suspendidas”, lamentó.

Hernández explicó los esfuerzos continuos para mejorar la seguridad vial. “Mantenemos una operatividad constante con oficiales que controlan la situación lo mejor que podemos, pero necesitamos un enfoque integral para abordar este problema”, subrayó.

“En el caso de las motocicletas, vemos que siete de cada 10 jóvenes involucrados en accidentes de tránsito no poseen licencia”, informó el oficial.

En Honduras hay una proporción de un policía por cada 3,200 vehículos, lo que limita la capacidad de vigilancia física y empuja a migrar hacia soluciones tecnológicas para identificar y retirar a los irresponsables de las vías.

Destacó los desafíos en los exámenes psicológicos y médicos para los conductores. “Es evidente que los estándares actuales no siempre cumplen con las expectativas necesarias, estamos en proceso de modificar la Ley de Tránsito para mejorar la regulación y garantizar que los conductores estén adecuadamente preparados y evaluados antes de obtener una licencia”, declaró el jefe de SIAT.

Desde la Policía reconocen la necesidad urgente de respuesta para asistir a los pacientes lesionados. Esto se solucionaría implementando un seguro obligatorio de daños a terceros, dado que solo el 6% de los vehículos en Honduras están asegurados.

Con más de 3 millones de vehículos en nuestro parque vehicular, según el Instituto de la Propiedad (IP), el Estado está gastando considerablemente en la atención de accidentes que podrían evitarse.

Por su parte, el comisionado y jefe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Adonay Hernández, destacó la urgencia de abordar las causas subyacentes de los accidentes y mejorar las políticas de regulación.

“Es lamentable justificar los oficios que realizamos, es importante asumir la responsabilidad de las causas de los accidentes. La importación y el ingreso de vehículos, muchas veces sujetos a amnistías, a menudo incluyen autos que no cumplen con las condiciones mecánicas o físicas adecuadas, estas amnistías deben ser revisadas para evitar situaciones trágicas que podrían prevenirse”, pormenorizó.

El jefe de Tránsito pidió a los colegios Médico y de Psicólogos intervenir en la validación de los procesos relacionados con la seguridad vial.

Entre los principales objetivos de las autoridades, en conjunto con la academia, está implementar la educación vial como una asignatura en el sistema educativo básico y pre-básico, razón por la cual trabajan para poner en marcha talleres de formación para docentes y estudiantes.

“Pusimos a disposición de la población números de teléfono para que denuncien, así hemos logrado resolver muchos casos. Comparado con el año pasado, hemos visto una reducción en los accidentes, pero aún necesitamos hacer mucho más, se requieren más campañas y nuevas políticas efectivas para enfrentar esta crisis”, destacó el jerarca policial.

El psicólogo Felipe Maldonado ofreció una visión esclarecedora sobre las causas y consecuencias psicológicas de estos eventos.

“La población entre los 22 y 29 años es la más afectada. Estos jóvenes, que ya han establecido su vida laboral y tienen responsabilidades familiares, son víctimas frecuentes debido a la imprudencia, el abuso de sustancias y el alcohol”, apuntó.

El consumo de alcohol, especialmente combinado con bebidas energizantes utilizadas en el transporte urbano y pesado para evitar el sueño, disminuye el control y aumenta la imprudencia. La euforia resultante puede dificultar aún más la capacidad de respuesta, siendo una responsabilidad personal el manejo adecuado de estas situaciones.

Maldonado se refirió a la inseguridad que rodea el uso de motocicletas, evidenciada por incidentes donde incluso niños y cónyuges no están debidamente protegidos: “Los cascos no siempre son efectivos, y esto resalta la necesidad urgente de una mejor prevención por parte de las autoridades; sin embargo, también es responsabilidad personal utilizar los equipos de seguridad adecuados.”

El psicólogo instó a mejorar los sistemas de evaluación para la certificación de conductores: “No basta con conocer las leyes de tránsito, los conductores deben estar preparados mentalmente para enfrentar los desafíos que conllevan estos accidentes, incluyendo estrés, ansiedad, depresión y efectos postraumáticos”.

Las causas que provocan los accidentes de tránsito, dejando cientos de personas muertas y lesionadas anualmente en el país, son conocidas pero no corregidas por las autoridades competentes, lo que resulta en la repetición constante de estos incidentes.

Según la titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, una de las medidas preventivas para proteger la vida de peatones y usuarios del transporte es realizar un mantenimiento oportuno y constante de las unidades a nivel nacional. Además, es crucial el cumplimiento de las leyes existentes, ya que del análisis de los hechos se concluye que la inseguridad vial en el país no se debe a la falta de leyes, sino a su incumplimiento.

“Las autoridades encargadas del transporte en el país deben realizar una estricta revisión a cada vehículo antes de autorizar su circulación por las carreteras del país. La situación de seguridad vial en Honduras no es buena, si se toma en cuenta que el país se encuentra entre los peores de América Latina, en lo que respecta a la mortalidad por accidentes viales”, recordó.

Los expertos concuerdan que los accidentes viales no solo tienen un impacto devastador en las familias de las víctimas, sino también en la economía del país. Los costos asociados con la atención médica de emergencia, la rehabilitación, y la pérdida de productividad laboral representan una carga significativa para el sistema de salud y para la sociedad en su conjunto.