Atlántida, el nuevo botín de invasores de tierras

Jutiapa

De un lado de la cerca un campo verde rebosa de pasto sano. Del otro, una vaca con la piel pegada a los huesos, cubierta del sol por un plástico y a punto de morir, yace echada en un corral que más se asemeja a un desierto.Parecen dos mundos, pero es la misma propiedad.

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Del lado verde, 100 familias que se apropiaron de ella a punta de pistolas y machetes no dejan que el ganado del rancho Corsa pueda siquiera entrar a comer; del otro lado, 58 vacas casi en estado esquelético están condenadas a la muerte por falta de comida.

De ellas, 32 son adultos y 26 terneros, que constantemente demandan leche de sus madres mal nutridas.Y no es que sus dueños no puedan alimentarlas, lo han hecho, pero ya llevan seis meses sin poder entrar a la parte de la propiedad que los invasores no han tomado, ya que han sido amenazados de muerte.

“Las 96 manzanas de la propiedad fueron invadidas en mayo de 2022, de las cuales 24 manzanas tienen producción de palma africana, que ya fue cosechada por los campesinos, dirigidos por una pastora evangélica de nombre Nolvia Albertina Turcios, sobre quien pesa una orden de captura que la Policía Nacional se niega a ejecutar”, señaló Luisa Fernández, heredera de la hacienda.

El conflicto por invasiones de propiedades está a punto de convertir a Atlántida en una réplica del caos que ya lleva en el Bajo Aguán más de 40 años y que ha dejado un incontable número de víctimas mortales de ambos bandos, es decir, aquellos que dicen ser dueños legítimos y los que la reclaman por derecho ancestral.

La diferencia es que ahora los invasores están eligiendo ganaderías, y en algunos casos se quedan con los animales o los matan para su consumo. También están viviendo de la producción de las granjas, como en el caso de Corsa, que además se dedicaba a vender heno en pacas.

Luisa Fernández es una joven que ha tomado las riendas del rancho que su abuelo le heredó a su padre Luis Ramón Fernández.

Señala que al problema por la invasión de la propiedad se les han sumado cuantiosos gastos en abogados, en el traslado de alimentos para el ganado y vitaminas y varios millones más por las pérdidas de producción de palma y heno. Sus cálculos iniciales en los primeros cinco meses de invasión superaban el millón de lempiras, cifra que asegura ya se duplicó.

“El ganado está en estado crítico y peligra. No se encuentra alimento, y si lo hallamos no podemos ingresar a los predios a dejarlo. Los invasores tampoco permiten que ingresen los animales a pastar y dicen que animal que ingresa, lo matarán. De cualquier forma, igual voy a perder el ganado. Ya sea que ellos ingresen a comérselos o los maten de hambre porque no podemos ni trasladarlos a otro lugar porque como dueños no pueden ni llegar al rancho”, lamentó.

Lo que más lamenta es que la ley no sea respetada, ya que asegura que tienen un fallo judicial donde se ordena el desalojo y la captura de los cabecillas cuyos nombres e identidades constan en el expediente del caso 0101-2022-220-1CLPO .

“El desalojo de agosto pasado fue un fracaso, no hemos tenido ningún apoyo. Hacemos un llamado a la presidenta Xiomara Castro. Lo que nos está sucediendo a nosotros, al ganado, es una total falta de humanidad de las personas invasoras. Es triste y decepcionante, es un sentimiento de impotencia que no puedo ni describir”, lamentó.

“El rancho es una propiedad privada que se ha trabajado 30 años, nunca ha estado en ocio, y ellos -invasores- entraron justamente cuando la producción de palma estaba alta en mayo, junio, julio, y se robaron toda la producción”, lamentó.

“Nos hemos acercado a autoridades como representantes del Instituto Nacional Agrario (INA) y diputados como Carlos Zelaya, así como Julio Contreras y Luis Villatoro, y no nos dan solución. ¿Y nuestros derechos, dónde están?, reclamó.Más y más invasiones. Lo que pasa en el rancho Corsa, ubicado en la aldea La Bomba, en el municipio de Jutiapa, Atlántida, no es un problema exclusivo de ellos.

José Lanza, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida, es tajante cuando se refiere a las invasiones que se han venido dando en su departamento.

“Si no le echan mano ahorita, esto se puede degenerar. Lo que estamos viendo es que la seguridad jurídica no está funcionando. No es lo mismo la ley que la justicia. La ley es para poderla aplicar, pero la justicia va más allá de poderle indicar a la gente de que no puede hacer eso”, expresó.

Lamentó que las invasiones a propiedades privadas, en producción y hasta con ganado estén sucediendo y que los infractores no enfrenten las consecuencias.

“Los operadores de justicia están actuando mal porque no actúan en el momento en que deben hacerlo, y se ha llegado a tal punto que la misma Policía le tiene miedo a los delincuentes”, expresó.

Lanza señaló que solo en Atlántida cuentan al menos 10 invasiones y temen que la situación se convierta en una crisis como la del Bajo Aguán, en Colón.

“El problema es que están afectando a ganaderos independientes y a los que siembran palma. Están matando los animales o dejándolos morir. Nos sentimos totalmente impotentes y lo que puede suceder aquí es que la gente va a tomar la ley por sus manos y no se quiere llegar a eso. Muchos se están hasta armando porque dicen que si la ley no actúa, ellos lo harán”, lamentó.