Analistas: Narcovideo de Carlos Zelaya es prueba contundente en investigación

San Pedro Sula, Honduras.

Este martes salió a la luz un video en el que varios narcotraficantes de Honduras aparecen reunidos con el tofdavía secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya. En este se discute la entrega de más de medio millón de dólares para apoyar al partido Libertad y Refundación (Libre) y la fallida campaña electoral de la actual presidenta Xiomara Castro.

Para entender el impacto de este hallazgo y su posible implicación en el contexto legal, el criminólogo Herman Vogelsang, piensa que, “si a Juan Orlando y a Tony (expresidente y excongresista del país) los inculparon con testimonios, es necesario analizar este caso a fondo. Debemos considerar quiénes son las personas involucradas, especialmente porque han pasado 11 años”.

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El analista en seguridad advirtió sobre una manipulación digital, aduciendo que con la tecnología actual se puede editar cualquier cosa, pero un buen experto podría analizar el video y determinar si lo que se escucha o lee es realmente lo que se está diciendo.

“Este video podría tener validez, lo que es grave, ya que evidencia la situación y las posibles consecuencias, con el país nuevamente en riesgo de ser señalado como un narcoestado. Salimos de una situación para caer en otra, y esto podría generar problemas en el futuro”, previó.

Vogelsang estima que este video será analizado por expertos, y si se presenta como prueba, será necesaria la verificación de las voces para asegurar que concuerden con lo que se dice. “No creo que sea un montaje, ya que la calidad del video es baja y la tecnología de hace 11 años no es como la de ahora”, contextualizó.

La revelación del video resalta la urgencia de una investigación meticulosa para asegurar que todas las ramificaciones legales y políticas sean abordadas de manera adecuada. Este video también reaviva el debate sobre los mecanismos de extradición entre Honduras y Estados Unidos.

Luis Maldonado, exgeneral de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA), expresó que “esta se convierte en una prueba suficiente para abrir un expediente y asociar esta información con lo que han resultado los juicios en Nueva York. En la medida en que se complete el expediente, correspondería al Ministerio Público, primero, actuar de oficio con las acciones pertinentes”.

El exjefe militar explicó que, en este momento, lo que procede es el inicio de una investigación exhaustiva que comprenda las actuaciones de estos cárteles de droga, sus vinculaciones con México y Colombia, así como la forma en que se relacionaban con autoridades gubernamentales e intermediarios para hacer llegar dinero y apoyar campañas.

Los motivos para extraditar a Tony y a Juan Orlando Hernández, ya condenados en Estados Unidos, fueron tres: conspiración para introducir droga a Estados Unidos, uso de armas y ametralladoras, y conspiración para usar estas armas para cumplir sus objetivos.

Tomando como premisa lo anterior, ejemplificó que, “lo que aplica en este caso es una participación activa con los cárteles de droga para recibir fondos, lo cual, por un lado, parece ser para financiar campañas políticas y por otro, cumplir un compromiso que supuestamente se había hecho. Dado que se trata de fondos ilícitos aplicados para campañas y vinculaciones con el narcotráfico, todo esto cae en delitos tipificados aquí en Honduras”.

La aparición de este video subraya la necesidad de examinar con detenimiento el contexto en el que se produjeron estas conversaciones y cómo puede afectar a las estructuras de poder y justicia en el país.

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Denis Díaz, abogado penalista, considera que “debemos partir de cómo funciona el sistema acusatorio en Estados Unidos, que es diferente al nuestro, todo medio de prueba que sea adquirido para un proceso penal, si es interno, debe seguir el debido proceso. Conociendo los antecedentes de cómo han funcionado los procesos judiciales y cómo ha trabajado la Fiscalía allá, este tipo de pruebas son valiosas y tienen un margen de error muy bajo”.

El consultor en seguridad apuntó que “si existe un video, es casi seguro que se llevó a cabo un debido proceso en Estados Unidos, hay un trasfondo procedimental que se debe tener en cuenta, ya que allá no suelen improvisar en sus procesos, especialmente cuando se trata de un alto funcionario”.

Aún con el oscuro panorama para Zelaya Rosales por el escándalo que surte de la divulgación de este material audiovisual y que contradice sus recientes declaraciones públicos cuando aseguró conocer solo a uno de los presentes y que no recibió dinero, Díaz sostuvo que “no podemos adelantarnos, ya que la denuncia de un tratado puede ser un obstáculo técnico y jurídico que al final podría complicar un proceso de extradición”.

Recordó que “en Estados Unidos suelen utilizar figuras como conspiradores o cooperadores para enjuiciar a estas personas, desde el momento en que se permite o se da lugar a que se cometa un delito, ya se tiene una responsabilidad, especialmente si el dinero proveniente del narcotráfico se ha usado para financiar campañas políticas”.

Desde otra interpretación, Eduardo House, abogado penalista y exjefe del desaparecido centro penal de San Pedro Sula, señaló que un video por sí solo no constituye un hecho probatorio y se trata de cuestiones que ocurrieron hace muchos años; sin embargo, desde el punto de vista penal, argumentó, “es importante considerar el tiempo de responsabilidad, mientras no se actúe, no se está delinquiendo, estos hechos, en mi opinión, no son relevantes, lo que realmente importa es determinar si ha habido un grado de participación o si se trata de otro tipo de implicación”.

“En Honduras hay delitos cometidos a través del narcotráfico y el crimen organizado, pero en Estados Unidos no actúan sin tener seguridad sobre lo que están haciendo, y aunque el video contribuya en cierto modo, se basan en pruebas más sólidas, respaldadas por declaraciones de testigos y otras evidencias claras como los vaciados telefónicos”, cerró.

Joaquín Mejía Rivera, defensor de derechos humanos en la zona norte de país, calificó el video como una “prueba contundente”, al tiempo que exigió la renuncia de todos los involucrados y una investigación imparcial por parte del Ministerio Público en diálogo bilateral con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“La presidenta Castro tiene la obligación de dar explicaciones inmediatamente, así como de revertir con carácter de urgente la decisión de denunciar el tratado bilateral de extradición (con Estados Unidos). Si no lo hace, se confirmará que no se trataba de soberanía nacional, sino de impunidad”, añadió.

Mejía Rivera pormenorizó que este es el momento que “como sociedad no se permita que las elecciones sirvan para blanquear a narcotraficantes, corruptos, golpistas y violadores a derechos humanos. El proceso electoral seguirá siendo una farsa si los enemigos de la democracia continúan participando impunemente”.

Alejandro Sevilla, exfiscal del Ministerio Público, enfatizó que “el video, por sí solo, no tiene suficiente peso, en Estados Unidos los juicios son llevados a cabo por jurados, y nunca se basan en una sola prueba. Pueden tener una prueba aislada, pero eso no garantiza una condena si la evidencia es insuficiente”.

Sevilla declaró que quien filmó el video probablemente lo hizo con la intención de crear esta evidencia, pero no es la única disponible. “Este video, junto con el testimonio de quien lo grabó, representa dos pruebas físicas, además, si hay otros testigos que presenciaron la entrega del dinero, eso añadiría más fuerza al caso”, dijo.

En su lectura del caso, se hablaría de una coconspiración, ya que la discusión sobre entregar dinero a otra persona involucra a varios conspiradores. Aunque el dinero no haya sido entregado, fue ofrecido y aceptado de palabra, lo que podría servir para cobrar favores en el futuro.

Sevilla indicó que lo que debería tener más peso es la prueba científica, ya que nada la supera, pero en este tipo de delitos, la prueba científica solo sirve para sustentar el caso. Por tal razón se le da mucho valor al testimonio, y más aún si se acredita una transferencia de dinero, una entrega controlada, un video o actas de vigilancia.

En su análisis puntualizó que a los fiscales estaunidenses les gusta “engrosar” los expedientes, y aunque tengan la posibilidad de solicitar una extradición, teniendo en sus manos un vídeo y el testimonio de quien grabó, esperarían tener más pruebas documentales o testimonios de las otras personas que estuvieron en a reunión u otros involucrados.

La renuncia de Carlos Zelaya como diputado y secretario del Congreso de Honduras, y del ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, en medio de un escándalo relacionado con el narcotráfico y la eliminación del tratado de extradición con Estados Unidos, supone un duro golpe para el Gobierno de Xiomara Castro y, según analistas y políticos, podría tener serias repercusiones para el oficialismo de cara a las elecciones de 2025.

Carlos Zelaya y José Manuel Zelaya, hermano y sobrino, respectivamente, del expresidente de Honduras Manuel Zelaya, derrocado en 2009, anunciaron el pasado sábado su renuncia para que el primero sea investigado por la Fiscalía de Honduras tras admitir que se reunió con dos narcotraficantes que le ofrecieron dinero para su campaña.

Carlos Zelaya reveló el sábado, tras comparecer ante la Fiscalía, que en 2013 participó en una reunión con Juan Ramón Matta Waldurraga, hijo del narcotraficante Juan Ramón Matta Ballesteros, que desde 1990 cumple cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos, y uno de los líderes de la banda narcotraficante “Los Cachiros”, quienes le ofrecieron dinero para su campaña, aunque aseguró que nunca lo recibió.