Las prisiones en América Latina, ¿cuartel de las pandillas?

Por: Maria Abi-Habib, Annie Correal y Jack Nicas/The New York Times

CIUDAD DE MÉXICO — En enero, el Ejército de Ecuador fue enviado a tomar el control de las cárceles del País después de que se fugaron dos importantes líderes pandilleros y los grupos criminales desencadenaron una revuelta nacional que paralizó al País.

En febrero, dos reos con vínculos con una pandilla importante se convirtieron en los primeros en Brasil en escapar de una de las cinco prisiones federales de máxima seguridad del País, dijeron funcionarios.

Y en Colombia también el mes pasado, las autoridades declararon una emergencia en sus prisiones después de que dos guardias fueron asesinados y varios más fueran blancos en lo que el Gobierno dijo era una represalia por sus acciones contra importantes grupos criminales.

Al interior de las cárceles de Latinoamérica, los grupos criminales ejercen una autoridad indiscutible sobre los reos, extrayendo dinero de ellos para comprar protección o necesidades básicas como comida.

Refugios seguros

Las prisiones también actúan como un refugio seguro para que los líderes criminales encarcelados dirijan de forma remota sus empresas criminales en el exterior, ordenando asesinatos, orquestando el contrabando de drogas a Estados Unidos y Europa y dirigiendo secuestros y extorsión de empresas locales.

Cuando los funcionarios intentan limitar el poder que los grupos criminales ejercen tras las rejas, sus líderes suelen desplegar miembros en el exterior para contraatacar.

“El principal centro de gravedad, el nexo de control del crimen organizado, yace dentro de los recintos penitenciarios”, dijo Mario Pazmiño, coronel retirado y ex director de inteligencia del Ejército de Ecuador.

“Ahí es donde están los puestos de dirección, los puestos de mando”, añadió. “Es donde dan las órdenes y dispensas para que las pandillas aterroricen al País”.

La población carcelaria de Latinoamérica se ha disparado en los últimos 20 años, impulsada por medidas anticrimen más estrictas, como las detenciones preventivas, pero los gobiernos de la región no han gastado lo suficiente para manejar el aumento y, en lugar de ello, a menudo han cedido el control a los reclusos, dicen expertos en sistemas penales.

Los enviados a prisión a menudo tienen una opción: unirse a una pandilla o enfrentar su ira. Como resultado, las prisiones se han convertido en centros de reclutamiento cruciales para los cárteles y pandillas más grandes y violentas de Latinoamérica, fortaleciendo su control sobre la sociedad en lugar de debilitarla.

Los grupos criminales controlan total o parcialmente más de la mitad de las 285 prisiones de México, afirman los expertos, mientras que en Brasil el Gobierno a menudo divide las penitenciarías según la afiliación a pandillas en un intento por evitar disturbios. En Ecuador, los expertos dicen que la mayoría de las 36 prisiones del País están bajo cierto grado de control de pandillas.

Muchos países han impuesto políticas más estrictas de orden público, incluyendo sentencias más largas y más condenas por delitos menores relacionados con drogas, llevando a la mayoría de las penitenciarías de la región más allá de su capacidad máxima.

Al mismo tiempo, los gobiernos han priorizado la inversión en sus fuerzas de seguridad como una forma de combatir el crimen y mostrar su fuerza ante el público, en lugar de gastar en prisiones, que son menos visibles.

Brasil y México, los países más grandes de Latinoamérica con las mayores poblaciones de presos de la región, invierten poco en prisiones: el Gobierno de Brasil gasta alrededor de 14 dólares por preso por día, mientras que México gasta alrededor de 20 dólares. Estados Unidos gastó alrededor de 117 dólares por prisionero por día en el 2022. Los guardias penitenciarios en América Latina también ganan salarios bajos, lo que los hace susceptibles a sobornos de pandillas para contrabandear o ayudar a escapar a detenidos de alto perfil.

Lo que pone de relieve el poder de las pandillas carcelarias es el hecho de que algunos líderes de pandillas viven relativamente cómodamente tras las rejas, operando supermercados, peleas de gallos y clubes nocturnos y, a veces, introduciendo clandestinamente a sus familias al interior para estar con ellos.

En El Salvador, el Presidente Nayib Bukele declaró un estado de emergencia en el 2022 para abordar la violencia de las pandillas. Grupos de derechos humanos reportan que unas 75 mil personas han sido encarceladas.

Las tácticas de Bukele han diezmado las pandillas callejeras del País centroamericano, revertido años de terrible violencia y ayudado a impulsarlo a un segundo mandato.

Pero los expertos dicen que miles de personas inocentes han sido encarceladas.

“¿Qué consecuencias tiene?”, dijo Carlos Ponce, experto en El Salvador y profesor asistente en la Universidad Fraser Valley, en Canadá. “Esto los marcará a ellos y a sus familias de por vida”.

El uso frecuente de la prisión preventiva en toda la región para combatir el crimen ha dejado a muchas personas languideciendo en prisión durante meses e incluso años esperando ser juzgadas, dicen grupos de derechos humanos. La práctica ha afectado particularmente a los más pobres, que no pueden pagar abogados y enfrentan un sistema judicial con años de casos pendientes.

Casi la mitad de la población carcelaria de México aún está esperando juicio. “Las cárceles pueden definirse como centros de explotación de los pobres”, dijo Elena Azaola, investigadora en México.

Emiliano Rodríguez Mega, José María León Cabrera, Thalíe Ponce, Genevieve Glatsky y Laurence Blair contribuyeron con reportes.

©The New York Times Company 2024