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The New York Times

Se desmorona la cruzada anticorrupción en Brasil

La Corte Suprema de Brasil anula condenas importantes de una de las campañas de mayor envergadura contra la corrupción en ese país, según The New York Times.

Foto: Dado Galdieri para The New York Times

La Operación Lava Jato inició cuando se desmanteló una operación de lavado de dinero en un lavado de autos.

lun 9 de diciembre de 2024

Por: Jack Nicas y Ana Ionova/The New York Times

BRASILIA — Una de las campañas de mayor envergadura contra la corrupción en la historia reciente está siendo eliminada silenciosamente.

La Suprema Corte de Brasil está desestimando pruebas clave, anulando condenas importantes y suspendiendo miles de millones de dólares en multas en una serie histórica de casos de soborno, argumentando que investigadores, fiscales y jueces sesgados violaron las leyes en su voraz búsqueda de justicia.

En fallos emitidos en el pasado año —la mayoría derivados de impugnaciones legales de personas que afirman haber sido tratadas injustamente— el tribunal ha deshecho casos en los que altos políticos y ejecutivos empresariales se habían declarado culpables.

De acuerdo con grupos anticorrupción, al menos 115 condenas han sido anuladas en Brasil. Las revocaciones están arrojando dudas sobre muchos otros casos en Panamá, Ecuador, Perú y Argentina, incluyendo las condenas de varios ex Presidentes.

$!José Antonio Dias Toffoli, juez de la Suprema Corte de Brasil, revocó condenas derivadas de la Operación Lava Jato.

Empezando hace una década, una amplia investigación llamada Operación Lava Jato dejó al descubierto una vasta intriga de corrupción que abarcaba al menos 12 países. Los investigadores descubrieron que las corporaciones habían pagado miles de millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales a cambio del otorgamiento de proyectos públicos.

Parteaguas

Los hallazgos trastocaron el panorama político de Latinoamérica, cerrando empresas multinacionales y generando miles de millones de dólares en multas y cientos de condenas. Algunos de los políticos y ejecutivos más destacados de la región fueron enviados a prisión, incluyendo al Presidente Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil.

La investigación alguna vez fue vista como un parteaguas en Latinoamérica, que prometía erradicar la corrupción sistémica que había podrido los cimientos de los gobiernos. Pero ahora Brasil y otras naciones tienen poco qué mostrar por ello.

“Las personas que deberían pagar por sus errores o crímenes hasta cierto punto se saldrán con la suya”, dijo Maíra Fernandes, abogada penalista y profesora en el Instituto Getúlio Vargas, una universidad brasileña.

Sin embargo, las revocaciones no carecen de mérito, añadió. Grabaciones filtradas y otras pruebas mostraron que un juez y los fiscales se habían coordinado contra los acusados, emplearon tácticas agresivas para forzar confesiones y ordenaron intervenciones telefónicas ilegales. “Aunque deje un mal sabor de boca, es consecuencia de una operación que se ensució las manos”, dijo.

La Operación Lava Jato comenzó en el 2014, cuando la policía federal de Brasil desmanteló una operación de lavado de dinero en un lavado de autos en Brasilia, la capital.

En el 2018, Jair Bolsonaro utilizó un mensaje anticorrupción para aprovechar la Operación Lava Jato como motor para impulsarlo a la Presidencia de Brasil. Pero su Administración también se vio manchada por escándalos de corrupción, y terminó poniéndole fin a Lava Jato cuando nuevas investigaciones empezaron a escudriñar a su familia.

La mayoría de las decisiones para revertir la Operación Lava Jato han sido emitidas por José Antonio Dias Toffoli, un juez de la Suprema Corte de Brasil. En una entrevista, el juez Toffoli dijo que sus decisiones se basaron en dictámenes anteriores de sus colegas en la Suprema Corte de que investigadores, fiscales y jueces habían coludido ilegalmente, invalidando las pruebas reunidas.

Sin embargo, algunos detractores creen que el juez Toffoli no debería estar decidiendo los casos. Antes de volverse integrante de la Suprema Corte, trabajó como abogado para el partido político de Lula y, más tarde, se desempeñó como abogado de Lula cuando éste fue Presidente. En el 2009, Lula lo nominó al máximo tribunal del País.

En entrevistas, los juristas coincidieron en que la Suprema Corte de Brasil tenía la responsabilidad de abordar los errores de Lava Jato. Pero también lamentaron el fin de la investigación.

Rafael Mafei, profesor de derecho en la Universidad de São Paulo, fue contundente: “Desde el punto de vista de resultados, Lava Jato fue un fracaso absoluto”.

Paulo Motoryn y Mitra Taj contribuyeron con reportes.

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