Razón por la que Gofundme suspendió donación para Juan Orlando Hernández

En menos de tres días, la cuenta que recibía donaciones para Juan Orlando Hernández rozaba los 30,000 dólares estadounidenses, hasta que en horas de la tarde de este miércoles ya no era posible acceder a la misma.

Esto desató una serie de incógnitas tras el revuelo generado por la apertura de las donaciones. La campaña había sido nombrada por la familia del exmandatario como “Ayúdanos a demostrar la inocencia de JOH”.

Ana García, esposa del exgobernante hondureño (2014 a 2022), explicó que la recaudación tenía como objetivo costear los gastos legales del exmandatario. Remarcó en un video que publicó el domingo que objetivo específico era costear otro abogado para la revisión de los documentos probatorios del magnánimo juicio. La meta de recaudación era de 300,000 dólares.

El revés para los Hernández tendría su causa en el mismo origen, debido a que la política de Gofundme remarca que no se trata de una plataforma de recolección abierta sin filtros.

Gofundme se define como una plataforma estadounidense de financiación colectiva con fines de lucro que permite a las personas recaudar dinero para eventos que van desde eventos de la vida como celebraciones y graduaciones hasta circunstancias desafiantes como accidentes y enfermedades.

En tal sentido, recaudación cuyo objetivo sea recibir dinero que irá al pago de una defensa legal por crímenes relacionados con narcotráfico serían, inminentemente, investigados y sometidos al filtro de la plataforma.

Aunque Gofundme permite que una persona física, jurídica o incluso organizaciones creen campañas para recibir donativos, las prohibiciones subrayan, por ejemplo, que no se permitirá la difusión ni la vigencia de las mismas si se trata, por ejemplo, de la utilización para “la defensa legal de presuntos delitos violentos y financieros”, igualmente para otros delitos como: soborno, acciones de terrorismo, autolesión, juegos de azar, campañas electorales, entre otros.

Es por ello que, en el caso de la recaudación de Juan Orlando Hernández, se habría incumplido ese principio al tratarse de delitos relacionados con violencia. Esto porque dos de los tres cargos contra Juan Orlando Hernández en la acusación de la Fiscalía de Nueva York son por portar armas de fuego y conspiración para el uso de armas automáticas.

Cargo II detallado: usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego, a saber: ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le señala en el cargo uno de la acusación de reemplazo y ayudar e instigar a la misma.

Cargo III detallado: conspiración para usar o portar armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos.

En caso de ser declarado culpable de participar en una conspiración de tráfico de cocaína, tendrá que pasar el resto de su vida en una fría celda de una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos o volverá a casa, como dice su esposa, Ana García, para disfrutar de la libertad.

Con vestimenta que nunca pensó que usaría, un uniforme de reo e identificado por la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) con el número 91441-054, el exmandatario cumplirá el mes próximo dos años de permanecer recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, llamado simplemente MDC Broolyn, para enfrentar un juicio en una corte del Distrito Sur de Nueva York. JOH “no tiene dinero para pagar un abogado”, dice Ana García Ante la falta de recursos para costear abogados privados, Juan Orlando Hernández ha solicitado un defensor público.

Inevitablemente, Hernández, arrestado en su casa en Tegucigalpa por la Policía Nacional el 15 de febrero de 2022, deberá comparecer ante el riguroso Castel, quien decidió celebrar un singular juicio simultáneo en el cual participarán, además, el general Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, y el expolicía Mauricio Hernández Pineda, acusados de narcotráfico e implicados en la misma conspiración.

El juez tiene programado el inicio del juicio el 5 de febrero. De los tres acusados, solamente Hernández, a través de su abogado Raymond Colon, solicitó el 10 de enero una prórroga de 30 a 45 días bajo varios argumentos: el defensor arguyó que se encontraba mal de salud y el imputado, por medio de una carta, alegó que no tienen tiempo para revisar parte de las pruebas incriminatorias recibidas hasta hace poco.

Ana García publicó en X que el juez Castel “no autorizó” la prórroga, “ni la asignación de un abogado de la defensa pública para ayudar” y anunció la creación de una solicitud de ayuda económica en GoFundMe con el fin de recaudar dinero con el cual pagarán a un defensor adicional.

Indistintamente de cualquier eventualidad en las próximos días, Castel podría enviarlo a una cárcel de máxima seguridad para que cumpla una pena de varios años de prisión o purgue una similar cadena perpetua (más treinta años) como la que le impuso (30 de marzo de 2021) al hermano, Juan Antonio Hernández, conocido por sus amigos y en el mundo de la mafia como Tony, quien permanece encarcelado en la Penitenciaría de los Estados Unidos, Victorville, CA (UPS Victorville).