Preocupación por pacientes judicializados que conviven con enfermos mentales en el Mario Mendoza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Vistiendo un camisón rosa desgastado, sin ropa interior (porque según la encargada del área de internamiento de mujeres, la usan para ahorcarse) y con unas sandalias de hule dos tallas más grandes que la suya, Karina -nombre ficticio- se me acercó con los ojos vidriosos, pidiendo que, por favor, le ayudara a que la dejaran salir del hospital psiquiátrico Mario Mendoza, en Tegucigalpa, la capital de Honduras.

”¿Siente el olor? ¡Tita, aquí se respira muerte! Tenemos miedo, en la sala hay seres oscuros que han hecho cosas malas, esos espíritus asesinos pelean, golpean y vienen del infierno. En la noche todas oramos a escondidas para que se vayan”, me susurró, mientras movía su cabeza mirando ansiosa de izquierda a derecha.

Acompañada por el lente de Andro Rodríguez, de LA PRENSA Premium, me adentré en las entrañas del longevo Mario Mendoza, donde presencié el temor que impera por la convivencia entre enfermos comunes y pacientes judicializados -aquellos que han cometido delitos, en su mayoría homicidios-.

”Tranquila, platiquemos. ¿cómo está?”, le pregunté a Karina. Su semblante cambió. Con la blancura de su piel contrastando con la negrura de su largo cabello, la fémina sonrió y de inmediato se jactó de ser una reconocida y adinerada abogada, interna en contra de su voluntad en el centro psiquiátrico. Me sorprendió su actitud, pero le seguí la corriente. Ella hablaba de leyes y procesos judiciales en Honduras.

Cinco minutos después, se puso triste y me contó que extrañaba Alemania, su supuesto país de origen, de donde se había graduado con honores. Luego guardó silencio y se fue corriendo porque miró a varias de sus compañeras con su almuerzo, pues ya eran las doce del mediodía.

Aunque sufría del trastorno de personalidad, bipolaridad, entre otros padecimientos, algo de razón tenían las declaraciones de Karina, o al menos así lo interpreté cuando entré a las salas de internamiento y fui testigo del ambiente hostil entre dos grupos de enfermos mentales.

En el centro hospitalario se vive una situación sensible debido a las remisiones desde los presidios, pues las autoridades consideran que no fue concebido para tales situaciones.

”Nuestro hospital no está diseñado para ser un centro de reclusión de pacientes privados de libertad. Nuestra atención a pacientes internos dura aproximadamente tres semanas, entonces cuando ellos -pacientes judicializados- vienen aquí, vienen con órdenes de estadías largas. Incluso las complejidades de seguridad con ellos y todo eso, es bien complicado”, me dijo Mario Aguilar, director ejecutivo del Hospital Mario Mendoza.

Actualmente, el hospital psiquiátrico, con capacidad de internamiento para 45 hombres, está en colapso, donde al menos 25 son personas judicializadas. Por su parte, de las 33 camas disponibles en la sala de mujeres, hay 22 ocupadas, de las cuales seis son mujeres con historial delictivo.

Las enfermedades más comunes que les diagnostica a los pacientes son esquizofrenia, ansiedad, depresión compulsiva, bipolaridad, trastornos de personalidad, entre otros.

Mientras que los delitos más comunes cometidos por pacientes en esta condición son homicidios, violencia doméstica, hurto, además de otras acciones ilícitas, informaron.

El recorrido por las salas duró aproximadamente siete horas. En ese tiempo, no hubo presencia de guardias de seguridad. Además, “ellos ni siquiera tienen un arma para defenderse por el peligro que implica al tener a enfermos mentales cerca, solo toletes tienen”, confió un enfermero del hospital.

Tanto terror invade la zona que el guía que me acompañó a dar el recorrido por el hospital no quiso entrar a las salas de internamiento, pues con los ‘curriculums’ de los hospedados, prefirió no exponerse a una “situación de riesgo”, como él mismo le llamó.

Entré sin vacilar. Eran aproximadamente las diez de la mañana, por lo que era el turno de los hombres para salir a tomar el sol. Ah, porque aunque los pacientes judicializados están mezclados con los comunes, sí hay separación de salas y convivencia entre hombres y mujeres.

Lo primero que vi fueron a varones de distintas edades, uniformados con camisa y pantalón azul marino, deambulando de un lado a otro, algunos sentados en las bancas con la mirada perdida y otros riendo sin motivo aparente.

En un gesto inesperado, uno de ellos extendió su mano hacia nuestro fotoreportero. El agarre fue tan feroz, como si buscara anclar su desesperación en la piel ajena, que los nudillos le blanquearon y el dolor susurró en el apretón. Mi compañero, desconcertado por la intensidad del contacto, se liberó casi por instinto.

Entre la tensión y el misterio de avanzar, el paciente, que irónicamente se hacía ‘loco’ cada vez que le preguntaba su nombre, le pidió que lo fotografiara junto a uno de sus compañeros mientras hacían señas con una sonrisa distorsionada.

Avancé unos pasos y llegué a la sala de internamiento. Algunos pacientes me seguían, no me quitaban la vista de encima, pero curiosamente, cuando les hacía conversación, se reían entre ellos, hablaban cosas sin sentido, mientras que a otros siquiera les entendía lo que susurraban.

Todo iba relativamente “normal”, hasta que ingresé a los dormitorios y me estremeció la escena que presencié.

Había cuatro pacientes -supuestamente judicializados-, todos sudados, unos con los ojos muy abiertos, casi salidos, y furiosos. Hacían fuerza en vano por levantarse de la vieja camilla oxidada, con colchones rotos, en la que estaban acostados, algunos hasta amarrados, una medida tomada por las autoridades para evitar acciones violentas.

Otros estaban sedados, con la boca abierta y los ojos blancos. Les acababa de hacer efecto el medicamento. Por las orillas de la sala pasaban los pacientes comunes, que no podían evitar verlos con desprecio y hablar incoherencias en voz alta. Se notaba su molestia.

Cuando ingresé a la sala de internamiento de mujeres, fue todo lo contrario a la de los varones. Un grupo de al menos nueve mujeres se acercó para contarme episodios mágicos de sus vidas, mientras que otras hacían muecas y gestos de muerte en su cuello señalando a pacientes judicializadas. Intenté acercarme a una de ellas para conocer el otro lado de la moneda, pero se quedó en silencio. Yo entendí.

Para la psicóloga clínica, Fanny Ordóñez, la condición de los pacientes judicializados altera la estabilidad de los demás pacientes generándoles ansiedad, estrés y actitudes defensivas.

A su criterio, algunos de los riesgos de que ambos tipos de pacientes convivan en el mismo entorno es la condición judicial como tal y la evaluación psiquiátrica que implique que no pueda socializar por su trastorno mental y por su alto grado de agresividad debido a sus traumas. “Todo paciente psiquiátrico debería estar aislado en su propia habitación para que su proceso sea de mayor beneficio”, expresó.

Cuando una persona con enfermedades mentales comete un delito es considerada no imputable -no responsable de sus actos-, por lo que tras una evaluación psiquiátrica por expertos del Ministerio Público, un juez determina internarlo durante un determinado tiempo para tratar su enfermedad en un hospital psiquiátrico, en lugar de ir a la cárcel.

”Es inimputable quien, en el momento de la acción u omisión y como consecuencia de anomalía o alteración psíquica, alteración en la percepción o intoxicación plena, no posee la capacidad de comprender el carácter ilícito de su conducta o de actuar conforme a esa comprensión”, reza el artículo 30 del Código Penal.

En Honduras, los dos hospitales psiquiátricos existentes son el Mario Mendoza, el cual trata afecciones intermedias, y el Santa Rosita, enfocado en enfermedades crónicas. Ambos tienen decenas de años de existir y múltiples falencias a lo interno.

Al respecto, el doctor Aguilar consideró urgente la creación de un nuevo hospital para los pacientes judicializados, una propuesta que existe desde hace años pero que ha sido olvidada por las autoridades de turno. “Debe haber un centro especial para ellos, que pueda recibir atención en una unidad y no en este hospital. Movilizar gente de cárceles de alta seguridad es bien complicado, incluso para ellos. Entonces, estarlos trayendo de a veces zonas tan largas complica y para ellos es mejor atenderlos ahí”, explicó.

Sin embargo, el general en condición de retiro, Luis Maldonado Galeas, consideró que otra de las soluciones a la problemática podría ser la existencia de un anexo para enfermos mentales judicializados en el mismo Mario Mendoza o espacios cercanos a centros penitenciarios.

”Los pacientes -judicializados- deben estar separados porque en su subconsciente seguramente hay una personalidad que podría reaccionar conforme a lo que ha sido su naturaleza delictiva o criminal, por lo que las circunstancias en la que ingresan al centro son totalmente diferentes. Además del hospital, otra opción puede ser un anexo por cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Así se podría tener estructurada la atención, medidas especializada y todo lo que ellos necesitan”, expresó.

La psiquiatra Alejandra Munguía, jefa del servicio de atención a niños y adolescentes en el Mario Mendoza, también consideró necesaria la separación entre ambos grupos al no tener la misma condición legal. “También podrían contratar psiquiatras para las cárceles, esa sería otra opción más viable porque también hay psiquiatras que ocupan trabajar pues”, mencionó.

Por su parte, al conversar sobre la problemática con la nueva ministra de la Secretaría de Salud, Carla Paredes, dijo que la salud mental es un punto que ahora ocupará un lugar central durante su gestión. Aunque no detalló sus estrategias, mencionó que serán atendidas las necesidades de los pacientes con problemas mentales.

”Esta problemática recae sobre el diseño original de nuestros hospitales, en el pasado, no se contempló la complejidad y diversidad de necesidades de nuestros pacientes, no se previó adecuadamente la atención para aquellos con historiales delictivos, quienes requieren un cuidado especializado y medidas de seguridad distintas”, expresó.

Sumado a la problemática, una fuente del sistema penitenciario me confió que a pesar de la necesidad de los enfermos mentales, estos siguen siendo enviados a cárceles en lugar de centros especializados.

“En Támara hay un módulo llamado La Isla, donde están los enfermos mentales, hay procesados y condenados, pero no son trasladados por atrasos en evaluaciones debido a los pocos psiquiatras que hay. Cuando les dan su medicamento los encierran en celdas, donde pasan tirados, sucios y solos hasta que se les pasa el efecto ”, lamentó.

Le escribí a Ramiro Muñoz, coronel de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), para corroborar la información y hablar sobre la problemática, pero no me respondió.

Después de sumergirme durante siete largas horas en el laberinto de emociones de las salas de internamiento, finalmente emergí hacia la sala principal. La luz del sol agonizaba, mientras que el bullicio de la vida cotidiana retumbaba en mis oídos.

Los llamados de pacientes por altavoces se mezclaron con el brillo del suelo, creando ilusión de normalidad. Entendí que era de las pocas que sabía que tras esa fachada del Hospital Mario Mendoza, se oculta una verdad descarnada que se desmorona en silencio. “Dos realidades totalmente diferentes”, pensé.