Proponen reforma migratoria que dé residencia a 12 millones de inmigrantes en EE UU

Donald Trump ya está estructurando su nuevo gabinete y varios de los nombres que ya baraja o ha oficializado han causado preocupación entre los migrantes en Estados Unidos, en particular dos: Tom Homan, apodado el nuevo ‘zar de la frontera’ y Stephen Miller, uno de los pocos sobrevivientes del círculo original de Trump y la mano que guía su política migratoria.

En su anuncio, el 11/11, Trump dice que Homan tendrá entre su política la defensa de la “frontera sur, la frontera norte, toda la seguridad marítima y de la aviación”.

“Conozco a Tom desde hace mucho tiempo y no hay nadie mejor para vigilar y controlar nuestras fronteras. Asimismo, Tom Homan estará a cargo de todas las deportaciones de inmigrantes ilegales a su país de origen. Felicitaciones a Tom. No tengo ninguna duda de que hará un trabajo fantástico y muy esperado”, afirmó Trump, que asumirá su cargo el próximo 20 de enero.

En declaraciones que dio a la cadena CBS el pasado octubre, Homan dijo que no se han llevado a cabo redadas de indocumentados durante la administración demócrata de Joe Biden y adelantó que se van a reanudar bajo la nueva administración.

Homan, neoyorkino de nacimiento, fue nombrado director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en 2017 y tiene décadas de experiencia en la aplicación de las leyes de inmigración.

Fue oficial de policía, agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y agente especial del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización.

Fue galardonado por Barack Obama en 2015 con el Presidential Rank Award, el cual se les otorga a funcionarios civiles de EE UU por sus aportaciones a la seguridad en la frontera.

En cuanto a Stephen Miller, Los Ángeles Time lo describe así: “Miller, de 39 años, es un exasistente del Capitolio que ganó relevancia como un combativo redactor de discursos de Trump y arquitecto clave de sus políticas de inmigración de 2017 a 2021.

Desde hace tiempo defiende posiciones apocalípticas de cómo la inmigración amenaza a Estados Unidos. Centra sus mensajes en las personas que están en el país sin permiso de residencia, pero también aboga por restringir la inmigración legal”.

Aunque está claro que la misiva de Trump es contra aquellos inmigrantes ilegales que han cometido delitos, su retórica ha sido confusa, pues también prometió redadas masivas en contra de 11 millones de inmigrantes.

Según estimaciones del Consejo de Inmigración Americana, el deportar un millón de personas anualmente costaría 88,000 millones de dólares.

En otra reciente entrevista de Homan para CBS 60 minutes en la víspera de las elecciones generales, reveló cómo se realizarían las deportaciones masivas que Trump promete. Allí afirmó que la operación comenzará con la deportación de criminales y amenazas a la seguridad nacional.

Seguido de estas, el enfoque va por migrantes indocumentados que tienen órdenes de deportación pendientes. También desmintió aseveraciones que lo involucran campos de concentración o redadas arbitrarias en barrios residenciales. Señaló que las redadas se harán en centros de trabajo y puntos de detención específicos.

Debido a que en EE UU hay muchos inmigrantes ilegales con beneficios temporales como el TPS o el Daca, la comunidad de líderes latinos en ese país se unió para realizar la propuesta de una nueva reforma migratoria, dado que la última tuvo lugar hace 27 años.

La reforma consiste en reactivar una sección de la ley que se llama (I) 245( I) para las personas que gozan del beneficio del estado de protección temporal más conocido por sus siglas como TPS.

En concreto la sección 245(i) es una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) en Estados Unidos que permite a ciertos inmigrantes indocumentados ajustar su estatus y obtener la residencia permanente (green card) sin tener que salir del país, pagando una multa.

Normalmente, los inmigrantes indocumentados que buscan la residencia deben regresar a sus países de origen para procesar la solicitud, pero la 245(i) les da la oportunidad de hacerlo dentro de EE UU si cumplen ciertos requisitos.

En el caso de los Dreamers más conocido el programa cómo Daca, pedirán que se mantenga la protección de la ley por 10 años más para todos aquellos que puedan demostrar su buen carácter moral y que tengan más de 10 años en el país.

También la reforma incluye que se mantenga el programa Parol in Place conocido como PIP, por afectar los cónyuges de ciudadanos estadounidenses directamente, y que se proteja de la deportación a todos aquellos individuos que puedan demostrar sus buen carácter moral, que no sean una carga económicas del Estado y que no afecten en la seguridad nacional.

La última reforma. Hace 27 años, alrededor de 240,000 hondureños que habían emigrado a Estados Unidos de forma ilegal estuvieron a punto de lograr la residencia permanente.

Pero “con un penal” de último minuto en un partido de fútbol decisivo, se quedaron fuera.Esa reforma migratoria que se conoce como Nacara (Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano) fue aprobado por el Congreso de EE UU en 1997, por lo que ciertos inmigrantes de Nicaragua, Guatemala, Cuba, El Salvador y la antigua Unión Soviética obtuvieron alivio a sus deportaciones y algo mejor, la añorada “green card”.

A casi tres décadas de eso, Carlos Pereira Trejo, líder hondureño en Florida y activo dirigente del Partido Republicano, recuerda aquel trágico suceso, que ahora vuelve a cobrar relevancia por la propuesta que los líderes latinos lanzarán este día.

“Es una ley triste para los hondureños porque hasta el día de la votación en el Congreso (los hondureños) estábamos dentro porque éramos víctimas del comunismo y de la guerra fría; y los líderes hondureños de ese tiempo se vendieron por dinero y nos quedamos sin nada”.

“Por fortuna se utilizó el tema del huracán Mitch para proteger a los hondureños, pero desafortunadamente no fue una cuestión permanente sino que ha sido temporal por 26 años”, lamentó. Para recordar, con Nacara casi un millón de personas obtuvieron su residencia de inmediato y quedaron fuera 240 mil hondureños.

“Dicen las malas lenguas que a cada líder, dos hondureños, les dieron 100 mil dólares a cada uno para que pudieran entrar otras comunidades. Donde sea que los dos estén (porque ya fallecieron) que Dios les perdone ese pecado si fue así, pero nos afectaron un montón. Hoy fuera otra historia para montones de hondureños que todavía están con TPS”.