Nuevas inversiones que vendrán a Honduras no compensarán fuga de grandes industrias

San Pedro Sula, Honduras.

Pese a transición de gobiernos, continúa una tendencia alta de empresas extranjeras que se van del país, impactando la economía local y afectando a miles de trabajadores directos e indirectos. Varias multinacionales del sector manufacturero, entre otras, han cerrado o trasladado sus operaciones a otros países.

A octubre de 2023, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) cifraba que se habían perdido 34,000 puestos de trabajo debido al cierre de maquilas, Este sector pasó de tener 179,000 a 145,000 empleados.

Otros informes de la sociedad civil indican que se perdieron más de 100,000 empleos debido al cierre de numerosas empresas. En otros sectores, la falta de generación de empleo incrementó la migración, dejando algunos cultivos sin mano de obra. Además, más de 7,000 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) cerraron operaciones solo en el Valle de Sula durante 2023, según informó el Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe).

Entre las corporaciones que anunciaron cambios en sus operaciones se encuentra Tabacalera Hondureña, una importante fábrica de cigarrillos, que a principios de julio de este año informó que trasladará su producción a México, dejando a Honduras únicamente como distribuidor. Estos cambios afectarán 66 plazas en la parte de producción, mientras que 34 colaboradores serán reubicados en otras plantas en México y Croacia.

En febrero de 2024, alrededor de 2,000 hondureños perdieron sus empleos debido al cierre de la maquila operada por la empresa Fibaro en Villanueva. Con 30 años de trayectoria en la industria textil en el norte del país, anunció en agosto del año pasado su cierre debido a una significativa disminución en las ventas internacionales, trasladando su capital a otro país.

Por otro lado, Gildan Activewear confirmó en julio del año pasado el cierre de operaciones de su planta de costura en Zip San Miguel, Choloma, lo que afectó a 2,700 personas. En un comunicado, el fabricante canadiense aseguró que este cierre era parte de un proceso para equilibrar su producción de costura de prendas básicas y continuar impulsando una plataforma de manufactura global eficiente.

En septiembre de 2022, la empresa HaneBands, de capital estadounidense, anunció el cierre de sus plantas en Choloma, donde laboraban 1,700 personas.

Delta Apparel, Inc., una empresa mayorista de ropa, también anunció la suspensión de sus operaciones de fabricación en Villanueva debido a los continuos problemas de liquidez. Se espera que la suspensión, efectiva a partir del 6 de junio de 2024, afecte a unos 2,413 empleados y dure al menos 120 días. Esta decisión sigue a reducciones operativas anteriores en México y a un cambio estratégico en el canal Global Brands de Delta Activewear.

Unas 250 empresas del sector camaronero en la zona sur del país han cesado operaciones en lo que va de 2024, resultando en la pérdida de al menos 40,000 empleos directos e indirectos debido a la disminución en la producción y exportación.

Según la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras (Fedecámaras), una 62 camaroneras cerraron en parte a la finalización de las relaciones diplomáticas de Honduras con Taiwán. Se espera que el resto se reactive paulatinamente tras la suspensión de embargo del mercado mexicano y que China continental se abra a la importación del producto.

A pesar de los desafíos, se espera la llegada de nuevas empresas, entre ellas, TTEC, una compañía global con más de 40 años de experiencia en servicios de BPO, tecnología, consultoría y análisis de experiencia del cliente.

Además, Starbucks, la mayor cadena de cafeterías del mundo, anunció en abril pasado sus planes para ingresar al mercado hondureño. La firma, con sede en Seattle, Estados Unidos, abrirá su primer local en la ciudad de San Pedro Sula en el segundo semestre de 2024, como parte de un plan de expansión de la marca en Latinoamérica, que también incluye a Ecuador.

En enero de este mismo año, el Gobierno anunció que el grupo Texhong invertirá 400 millones de dólares en una planta textil en Choloma, Cortés. La instalación comercial prevé dos fases y, según el Gobierno, se crearán cerca de 7,000 empleos por parte de la inversión china.

Honduras y China establecieron relaciones en marzo del 2023 y actualmente el Gobierno busca entregarle una cartera de proyectos para que China pueda financiarlos, entre ellos la construcción de nuevas represas.

Desde el aparato estatal se informó que durante el año 2023 hubo una Inversión Extranjera Directa (IED) de 1,076 millones de dólares y esperan que en 2024 se supere la barrera de los 1,000 millones de dólares. En 2022, la inversión extranjera experimentó una notable recuperación con respecto a 2021, aumentando de 738.9 millones a 920.3 millones de dólares, según el Banco Central de Honduras (BCH).

Para el empresario sampedrano Eduardo Facussé, las inversiones que se están anunciando son en sectores que no agregan valor a la economía, pues según argumentó, el país necesita apuntar a inversiones que generen producción nacional, como el agro, la construcción y la manufactura.

“Si solo estamos trayendo cosas importadas, estamos hundiendo al país, no podemos celebrar importaciones de marcas, productos o insumos, aunque se genere empleo, es mínimo comparado con los sectores grandes”, cuestionó.

A su parecer, el problema se desprende de una incertidumbre en la lucha contra la corrupción, esto genera una falta de estado de derecho y, cuando no hay seguridad jurídica, no hay inversión. En esta batalla contra la corrupción, acotó, se ha estado perdiendo mucho tiempo, y la gente que quiere invertir no se siente segura.

Facussé ejemplificó el campo, donde gracias a invasiones y la falta de aplicación de la ley hacia la propiedad privada, muchas personas optan por no invertir. Sostuvo en su análisis, que el sector agropecuario es un rubro importantísimo, parte de la estructura primaria de nuestra economía, al igual que la construcción.

“El país nunca ha avanzado a un ritmo adecuado, el crecimiento económico debería estar entre un 6% y un 7%, pero apenas llegamos al 3%, lo cual solo genera más pobreza”, arguyó.

Sobre las salidas de múltiples empresas extranjeras del país y el cierre de operaciones de muchas otras locales, explicó: “Es complicado determinar las causas exactas, pero es evidente que cuando se presentan oportunidades económicas, la inversión tiende a acercarse; sin embargo, en ausencia de un estado de derecho y de seguridad jurídica, los inversores tienden a permanecer el menor tiempo posible”.

El mayor inversor en Honduras es precisamente el capital local, pero más allá de eso, continúa la necesidad de atraer otros capitales, pues debido al cierre de varias empresas, hay una gran migración que no se detiene, lo que indica que no hay otras oportunidades ni alternativas. Aunque no hay datos oficiales, el Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) estima que más de 60,000 hondureños migraron solo en el primer trimestre de 2024.

Después de los nacionales, los estadounidenses invierten mucho en nuestro país. “Ha habido una disminución en la demanda en Estados Unidos de los productos que fabricamos, entonces recortan primero donde hay riesgo, y como el país no se perfila con seguridad jurídica, recortan donde se sienten menos seguros”, apuntó Facussé, respecto a lo que podría arrastrar a inversionistas norteramericanos a llevarse sus empresas.

“La construcción tuvo un pequeño aumento, pero el sector que está creciendo como nunca es la banca, como si ese fuera el principal rubro. Los sectores que están creciendo no son los que generan bienestar o un mejor futuro, lo que estamos haciendo es concentrando la riqueza, pues, mientras el sector terciario, como la intermediación financiera y el comercio, concentran la riqueza, los otros sectores la pluralizan.”, dijo.

Uno de los factores principales de la fuga de inversionistas es la inseguridad jurídica, que genera incertidumbre. Las modificaciones en las políticas fiscales y laborales, así como la percepción de corrupción e inseguridad por la criminalidad, han creado un ambiente poco atractivo para las empresas extranjeras. Además, la pandemia de COVID-19 desde hace cuatro años exacerbó estas dificultades, llevando a algunas empresas a reevaluar sus estrategias globales y optar por cerrar sus operaciones en el país.

En 2020, cuando comenzó la crisis sanitaria en Honduras, más de 400,000 mipymes salieron del negocio. Aunque algunas lograron recuperarse en 2021, según estimaciones de la Federación Hondureña de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Femise), muchas pequeñas y medianas empresas (pymes) migraron a la categoría de microempresas, volviéndose informales debido al cierre de la actividad productiva y la baja de la demanda en el primer año de la pandemia.

Las mipymes generan el 75 % de los empleos en Honduras, ofreciendo puestos de trabajo a 1.4 millones de personas en el país; sin embargo, solo 400,000 de estos empleados reciben el salario mínimo. El cierre total o parcial de miles de empresas formales, en su mayoría mipymes, ha supuesto la pérdida de al menos 700,000 puestos de trabajo en el país, calcula Femise.

El magíster en Finanzas, Elfren Matute, pormenorizó que la inversión extranjera ha disminuido por la inseguridad jurídica, el debate de la Ley de Justicia Tributaria ha provocado un clima de inestabilidad para los inversionistas y a la vez por la extorsión, que no frena.

”Hay un clima inestable para realizar negocios, ya que la carga tributaria es muy alta, y los trámites que hay que realizar son lentos, porque no hay una política para atraer inversiones con procesos y reglas claras. El que se hayan ido varias empresas extranjeras ha tenido un impacto negativo, ya que cada empleo que se pierde representa una familia que se queda sin el poder adquisitivo para cubrir sus necesidades básicas, y a eso le sumamos que tampoco se están generando nuevos empleos”, apuntó el experto financiero.

Para el analista, el sector que más genera oportunidad es la maquila, pero hay un clima inestable para la inversión, ya que se habla de nuevos impuestos y la eliminación de incentivos tributarios para promover la inversión. “Primero hay que crear una política de inversiones que tenga reglas claras sobre impuestos, tasas, incentivos, trámites que hay que realizar, que haya eficiencia en los procesos y un compromiso de todas las instituciones involucradas para brindar un buen servicio”, señaló.

Parte de su análisis va encaminado a impulsar políticas públicas para la protección de empleos y la generación de nuevos, puesto que el Estado esta en la obligación de generar un ambiente de confianza para los inversionistas, y eso se logra teniendo estabilidad en las leyes tributarias y fiscales.

Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (Ccic), externó que esta es una situación crítica para país, hay gran necesidad de empleo, pero no hay suficientes oportunidades, y las empresas que tienen vacantes no logran encontrar el personal requerido. Por un lado, dijo, se necesita atraer más inversiones para dar empleo en diferentes áreas, pero también es urgente formar a las personas con las habilidades y capacidades requeridas que demandan las empresas.

“El empleo masivo lo genera el sector industrial, el sector de la maquila, y es el que más se adapta a la mano de obra disponible en el país. Por eso insistimos en la necesidad de capacitar a los hondureños para atraer diferentes inversiones, pero también proteger e incentivar a este sector que genera tanto empleo de manera directa e indirecta”, expuso e líder de los empresarios en la zona norte.

Qubaín reconoció que no están llegando tantas empresas extranjeras como se quisiera, al tiempo que insistió en que se debe garantizar la seguridad jurídica, la simplificación de trámites, dar incentivos a la inversión porque no competimos solos como país, todos los países y más nuestros vecinos, también están queriendo atraer más inversiones.

“Se debe mejorar la seguridad jurídica, el tema de la energía garantizando el suministro y a costos competitivos, la simplificación administrativa, facilitar los procesos para que una empresa obtenga todos sus permisos para instalarse en el país. Honduras es un país con mucho potencial, pero tanto el Gobierno como el sector empresarial debemos articular esfuerzos y mejorar todo lo que he mencionado para que las inversiones existentes puedan crecer y atraer nuevas”, destacó.

De acuerdo con el ministro del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Miguel Medina, se esperan inversiones en tecnología automotriz, una fábrica de porcelanato y cerámica que se instalarán en la zona norte y generarían más de 30,000 empleos.

Datos del último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) especifican que la población total de Honduras es de 9,876,514 personas. De esta cifra, el 71.9% corresponde a personas de 15 años y más, quienes se encuentran en edad de trabajar.

A nivel departamental, el 20% de esta población se concentra en el departamento de Cortés, seguido por Francisco Morazán con un 18.9%.

La fuerza de trabajo en Honduras representa el 56.4% de la población en edad de trabajar, el mayor porcentaje de esta fuerza laboral se encuentra en el departamento de Cortés, con un 20.9%, seguido por Francisco Morazán con un 19.3%.

Del total de la fuerza laboral, el 93.2% está ocupada, lo que equivale a 3,687,740 personas. Por otro lado, los desocupados suman 268,416 personas, representando el 6.8%. Dentro del grupo de personas ocupadas, el 49.4% tienen empleos plenos, mientras que el 50.6% están subocupados. Esto último indica que, a pesar de tener un trabajo, estas personas perciben un ingreso menor al que desearían recibir o trabajan menos tiempo del que quisieran.

Del total de personas ocupadas (3,687,740), el 50.9% son asalariadas en el sector privado, el 35.8% son trabajadores independientes; es decir, personas que trabajan por cuenta propia sin estar vinculadas contractualmente con un empleador específico. El 6.7% de los ocupados se encuentran en el sector público, el 4.7% son trabajadores familiares y apenas el 2.0% son asalariados domésticos.

Los asalariados del sector privado representan el 50.9% de la población ocupada. Analizando por departamento, de este 50.9% a nivel nacional, el 23.8% se encuentra en el departamento de Cortés, seguido por Francisco Morazán con un 18.2%. Estos dos departamentos son los principales generadores de empleo en el sector privado.

En el caso de los asalariados públicos y domésticos, Francisco Morazán presenta la mayor representación con un 32.2%. Este dato es consistente con la ubicación del Gobierno Central en la capital de Honduras, que emplea a un significativo número de personas en diversas entidades gubernamentales.

Los trabajadores independientes se concentran principalmente en los departamentos de Cortés (17.7%) y Francisco Morazán (17.3%). De manera similar, los trabajadores familiares también se distribuyen principalmente en estos departamentos, con un 16.8% en Cortés y un 12.6% en Francisco Morazán. En contraste, los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía muestran una baja representación en todas las categorías ocupacionales.

El ingreso promedio nacional de la población ocupada es de 8,721.9 lempiras, y al analizar por categoría ocupacional, se observa que el ingreso promedio más alto corresponde a los asalariados del sector público, con 16,583.1 lempiras.

A nivel departamental, los departamentos con el ingreso promedio más alto son Islas de la Bahía, Cortés y Francisco Morazán. En contraste, las categorías que presentan los salarios más bajos son los asalariados domésticos, los asalariados privados y los trabajadores independientes.

El departamento de Gracias a Dios tiene la mayor tasa de desocupación a nivel departamental, con un 10.8%, seguido por Francisco Morazán con un 9.9% y Cortés con un 9.1%. Esto indica que en estos departamentos se concentra una parte significativa de la población que desea trabajar pero no encuentra empleo.

Dentro de la población ocupada existen personas con problemas de empleo; es decir, que, estando ocupados, trabajan menos de una jornada de trabajo a la semana y desean trabajar más o que trabajan más de una jornada de trabajo y tuvieron ingresos inferiores a un salario mínimo.