Aún no hay consenso para elección de la nueva Corte

San Pedro Sula

Un ambiente de incertidumbre y expectativa prima este año decisivo en la escogencia de las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público (MP) y Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Si bien una Junta Nominadora desarrolla el proceso de preselección de los aspirantes con mejores hojas de vida en el caso de la Corte, será el Congreso Nacional el encargado de definir posteriormente quiénes serán los elegidos para ocupar las más altas magistraturas de justicia del país.

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Sobre la Corte Suprema de Justicia, el Legislativo recibirá un listado con los nombres de al menos 45 candidatos, de los que elegirán a los 15 magistrados; entre ellos, el nuevo presidente del Poder Judicial.

Se conoció que hasta ayer hubo acercamientos entre las principales fuerzas políticas para dar a conocer su postura interna, sin aún llegar a consensos.

En Libre aseguraron que no hay división y que están listos para la elección, desde el Partido Nacional también afirmaron estar unidos, pero aducen que no han acordado nada en concreto con Libre, mientras que desde el Partido Liberal indicaron que esperarán el listado oficial para llegar a un punto en común toda la bancada.

En el caso del Partido Salvador de Honduras, se limitaron a decir que no serán parte de negociaciones “oscuras” que rompan el orden constitucional.Todo esto lleva a pensar que los partidos políticos no han comenzado las negociaciones en el Legislativo, puesto que aún no reciben el listado oficial de los candidatos.

Se prevén distintos escenarios considerando que el Poder Ejecutivo y la mayoría de legisladores en el Congreso pertenecen al Partido Libertad y Refundación.

Para ser ungido, cada candidato debe alcanzar al menos 86 votos; es decir, la mayoría calificada. Aunque en la práctica Libre tiene 50 curules, sus votos firmes garantizados son 32, puesto que hay 18 diputados disidentes (de Libre) que podrían cambiar las proyecciones de no llegar a acuerdos.

En tanto, el Partido Nacional mantiene 44 diputados, por lo cual su alianza será clave en la elección de los magistrados. De su lado, el Partido Liberal tiene 22 diputados, 10 el Partido Salvador de Honduras, cuyo diputado Luis Redondo dirige la Presidencia del Congreso y es aliado de Xiomara Castro, mientras que la Democracia Cristiana y el Partido Anticorrupción tienen uno cada uno.

Analistas consideran que el “arreglo mágico” sin disturbios ni contiendas sería que ocho nuevos magistrados fueran afines a Libre, cuatro al Partido Nacional y tres al Partido Liberal, dejando por fuera al Partido Salvador de Honduras, la cuarta fuerza política en el hemiciclo.

De consolidarse esto, el Poder Judicial quedaría en manos de la misma línea del partido de gobierno, lo que resultaría en una independencia a medias.

Esta fórmula no es la única posible, se habla también de una alianza bipartidista entre Libre y Partido Nacional o de los mismos nacionalistas en unión con el Partido Liberal, el Partido Salvador de Honduras y unos pocos de cualquiera de las dos facciones de Libre.

“Nada extraordinario pasaría en Honduras si promovieran principios de democracia. La elección de estos organismos habitualmente abre una serie de interrogantes porque las negociaciones que hacen no las orientan al servicio de la nación, ya que al final lo que hay es un diálogo con relación al reparto en proporción a la presencia de partidos políticos en el Congreso Nacional”, señaló el sociólogo Pablo Carías.

El académico reconoció que esto de alguna manera tuerce el camino hecho sobre el proceso de selección de candidatos y en el peor de los casos detonaría una crisis.

“Tengo mis dudas, el partido de gobierno no controla ni siquiera la mayoría simple (65 votos), no digamos la mayoría calificada (86), eso los inhabilita y los obliga a negociar”, apuntó Carías.

“Creo que no van elegir a los mejores, sino a los más domesticables. Este año, si no transparentan los procesos para elegir a una Corte, un Ministerio Público y a un Tribunal Superior de Cuentas, perderíamos una posibilidad de oro y habría que esperar varios años para que volvamos a tener la oportunidad”, añadió.

La Constitución establece que el Congreso necesita 86 votos para cada uno de los cargos, pero si no se llega al menos a la mayoría calificada, deberá efectuarse votación directa y secreta para elegir individualmente a los magistrados que faltaren, tantas veces como sea necesario hasta lograr el voto favorable de las dos terceras partes.

Según la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si por alguna razón no se pueden elegir nuevos funcionarios como está previsto, los actuales se quedan hasta que haya una elección final, tal como ocurrió en la elección de la actual Corte en 2016.

Los 128 diputados del Congreso Nacional saben la importancia que representa este año por la elección de las nuevas magistraturas y fiscales, pero también están claros de lo difícil que resultará llegar a consensos.

El parlamentario Ramón Barrios externó su satisfacción por lo hecho hasta ahora por la Junta Nominadora y destacó que solo esperan que se concrete la elección político-partidista.

“Creo que nos van a llegar más de 45 candidatos y, entre más haya, en el Congreso tendremos mayor capacidad de maniobra, pues no es bueno que solo un partido tenga el control”, expresó. Barrios aceptó que esto los obliga a sentarse para elegir a los nuevos representantes del Poder Judicial y del resto de organismos a definir este año.“Este proceso es inédito, y si salimos bien librados seremos modelo en Latinoamérica”, concluyó el diputado de Cortés.

Alejandra Fuentes, oficial técnico-jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), reconoció que como sociedad civil son conscientes de la importancia que reviste la elección de los tres organismos, razón por la cual han recomendado que los funcionarios escogidos tengan capacidad para ejercer los puestos con independencia y que sus decisiones no sean viciadas por injerencias.

“Los electos deberán ser personas con capacidad académica, experiencia, ética y moral frente a situaciones de corrupción. Todos como ciudadanos tenemos una afiliación política y no debe satanizarse, lo importante es que decidan entre lo bueno y lo malo que afecta el interés de la población”, declaró la representante de transparencia.

“Sabemos que en los últimos años tanto la Corte como el MP han realizado acciones sin beneficio para el país, por tanto los retos que se vienen son muchos, pero esto se puede afrontar si eligen a los mejores servidores públicos”, agregó.

Por su parte, Ariel Díaz, representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en la Junta Nominadora que evalúa los perfiles para magistrados de la Corte, aseguró que trabajan intensamente para que el proceso se haga con la mayor transparencia posible.

“No puedo afirmar a qué partidos políticos pertenecen quienes están quedando, y aunque haya rumores, es normal, pues existe mucha polarización; no obstante, la población debe confiar en la Junta Nominadora”, dijo el profesional del derecho, quien a su vez recordó que como institución están obligados a denunciar cualquier situación irregular que llegara a presentarse.

La Junta Nominadora debe enviar el listado oficial a más tardar el 23 de enero para ser socializado en el pleno del Congreso.

Por otro lado, pese a que el Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas son organismos de relevancia en el país, los instrumentos técnicos no son tan rigurosos ni se lleva un control máximo como en el caso de la elección de la Corte Suprema; pero siempre hay una junta proponente y audiencias para los cargos.

Teóricamente, la Junta Nominadora es amplia y participativa, hay representantes de la Corte Suprema de Justicia, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Colegio de Abogados de Honduras, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, universidades privadas y sociedad civil.

Los protocolos instruyen que deben realizar consultas con diversos sectores para escuchar sus posturas y los candidatos propuestos o autopropuestos se someten a etapa de selección.

Al final saldrá una lista de cinco escogidos, dos de los que ocuparán el puesto de fiscal general y fiscal general adjunto, respectivamente.

El Ministerio Público estará bajo la administración y supervisión del fiscal general, quien ejercerá sus atribuciones por medio de los funcionarios que determinen.

Este tendrá un fiscal general adjunto, quien sustituirá en sus ausencias temporales o definitivas mientras se produzca el nombramiento del propietario, así como en los casos de excusa o recusación.La elección la hará el Congreso con el voto favorable de dos terceras partes de la totalidad.

El fiscal general actual cesa de su cargo el 31 de agosto e iniciará un nuevo período de cinco años el próximo 1 de septiembre.

Mientras tanto, para escoger a las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas, los aspirantes igualmente deben someterse a audiencias públicas, de los que tres son nombrados.

El Congreso es el órgano competente para elegirlos con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros. Los requisitos y el procedimiento para integrar el pleno de magistrados no incluyen una modalidad de junta nominadora o junta proponente, como sí ocurre con la Corte o el MP. Esto implica que el procedimiento es dirigido exclusivamente por el Congreso Nacional.