Sin rastro de más de 100 unidades de ambulancias del 911 compradas en el gobierno pasado

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - ¿Dónde están? ¿Quién las tiene? ¿Se concretó realmente la adquisición? ¿Qué fue lo que pasó con las más de 100 ambulancias compradas en el gobierno pasado por el Sistema Nacional de Emergencias (911) y que hasta la fecha están desaparecidas? Estas son las preguntas en lo que se presenta como un nuevo capítulo de corrupción en Honduras.

LA PRENSA Premium tuvo acceso a documentos que autorizaban la compra de al menos 163 ambulancias, realizada por la institución mediante contratación directa a través de los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Sin embargo, del proceso no constan facturas, solamente registros de desembolsos por parte de la Tasa de Seguridad, autorizaciones de liberación de fondos para el proyecto de las ambulancias y documentos de traspaso de bienes.

Los desembolsos, indican los documentos revisados por este medio, se realizaron entre mayo de 2017, justo después de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) aprobara la millonaria compra, y septiembre de 2018.

Este rotativo identificó registros de transferencias del portal de transparencia, que indican que fueron 70.7 millones de lempiras desembolsados para la adquisición de ambulancias destinadas al SNE, aunque las resoluciones indican que el presupuesto era mayor.

De acuerdo a la resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad CNDS-015/2017, el proyecto, denominado “Adquisición de unidades de ambulancia para el Sistema Nacional de Emergencias (911)”, se completaría en dos fases: una primera adquisición de 40 ambulancias valoradas en 2,100,000 dólares (equivalentes a aproximadamente 49 millones de lempiras a cambio de esa fecha).

Una vez realizada la primera compra, comenzaría la segunda fase de adquisición de 123 vehículos de asistencia para llegar a un total de 163 unidades de emergencia, pero no se detalla el monto de esta última etapa. Tampoco hay constancia de más fondos liberados ni la cantidad de unidades compradas, más allá de lo que se consigna en la resolución del CNDS.

Al final, una serie de actas de verificación y traspaso de bienes parcial dan cuenta de apenas 21 unidades para el 911.

Según se menciona en el texto, el proyecto fue implementado para hacerle frente a la demanda de ambulancias que enfrentaba el país durante los años en mención, donde la población era de 8,570,154 millones de habitantes y la cantidad de unidades de emergencia estaba desproporcionada.

“Honduras tiene una flota de aproximadamente 120 unidades de ambulancia a través del territorio nacional, de las cuales, la mayoría corresponden a empresas privadas que cobran por los servicios que ofrecen o por instituciones como la Policía Nacional que limitan el uso a sus empleados únicamente”, agrega el texto.

“Basado en las necesidades del pueblo hondureño, es necesario y urgente adquirir un aproximado de 163 ambulancias para atender las emergencias a nivel nacional; debido a la infraestructura del país, la adecuación de vehículos es más sostenible” argumenta la resolución 015-2017 emitida por el CNDS en febrero de 2017.

Sin embargo, los pocos inventarios existentes no indican a plenitud si se realizó la compra no solo de vehículos sino también motocicletas tipo ambulancias, las cuales también están perdidas.

Los documentos en mención fueron firmados por Lisandro Rosales, exdirector del Sistema Nacional de Emergencias (911), por lo que este rotativo intentó contactarse con el exfuncionario, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Uno de los grandes problemas con respecto a las adquisiciones mediante fondos de la Tasa de Seguridad es la opacidad. Muchas de las compras fueron vía contratación directa y sin comprobantes disponibles, bajo el argumento de la reserva de información por motivos de seguridad nacional.

Justamente eso sucedió con el proyecto de las ambulancias del 911, del cual no hay facturas ni documentación de respaldo consolidada de forma total, apenas hay reportes aislados.

Del total de la compra de las ambulancias, la mayoría de desembolsos se mantuvieron constantes en un rango de 3.5 millones de lempiras y 8.3 millones de lempiras, no obstante, hay una transferencia alta por el orden de 21.4 millones de lempiras el 24 de agosto de 2017. Este es de los pocos montos de los que consta oficio de desembolso.

En el oficio No.028-Cecop-SNE911-2017, el entonces subdirector del 911, Juan Carlos Zelaya, le solicitó al entonces director ejecutivo del fideicomiso de la Tasa de Seguridad, Francisco Cosenza, en julio de 2017 autorizar el desembolso por el orden de 21.4 millones de lempiras para el proyecto de Unidad de Emergencias Médicas (UME), aprobado en la resolución CNDS 015-2017.

Casi un mes después, el 15 de agosto de 2017, el entonces director titular por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y coordinador del comité técnico del fideicomiso, Juan Ramón Molina, junto con la directora suplente por el gobierno, Lourdes Hernández, solicitaron al Banco Central de Honduras debitar esa cantidad para depositarla al proyecto UME de la Tasa de Seguridad.

También hay registro de una autorización de desembolso por el orden de 7.3 millones de lempiras en agosto de 2017

De otras transferencias no hay constancia como tal.

En la búsqueda también se logró identificar que de la Tasa de Seguridad salieron fondos para pagar los gastos operativos de la Unidad Médica de Emergencias, entre abril de 2018 y diciembre de 2018.

Por este gasto, según cálculos de LA PRENSA Premium, se pagaron 54.3 millones de lempiras, aunque la resolución de la CNDS daba cuenta que se destinarían hasta 84.2 millones de lempiras.

Si se suman estas dos líneas de presupuesto (adquisición de las ambulancias y los gastos operativos) la cantidad erogada alcanza los 124.9 millones de lempiras.

En las últimas semanas el SNE recibió una denuncia en su contra por supuestamente no atender a tiempo a un ciudadano que reportó una emergencia en la capital. Ante ello, la institución desmintió la situación que coordinó con otros entes de socorro y aprovechó para emitir un comunicado sobre la falta de unidades por el presunto saqueo.

La fuente de la interventora del SNE confirmó a este rotativo que la documentación del traslado de los más de cien bienes no está registrada, por lo que creen que hay personas en el interior del país que tienen algunos de los vehículos que fueron comprados.

Otra de sus teorías sobre la compra de las ambulancias es que algunas no fueron reales, lo que abre la brecha de un posible saqueo millonario al gobierno de Honduras, una práctica con incidencias en otras instituciones del país.

Al respecto, Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), lamentó la falta de voluntad política para acelerar la investigación de las ambulancias adquiridas por el 911 hace seis años.

”Ya se debería saber el paradero de las más de cien ambulancias e incluso, si se desconoce, pues tiene que existir una ruta de quienes fueron las personas involucradas y las autoridades tienen que requerirlas para saber lo que ocurrió, así como el paradero de las mismas, pero lo que pasa es que no ha existido voluntad política para realizar ese ejercicio de rendición de cuentas”, expresó.

La postura de Aguilar fue respaldada por el abogado Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), quien hizo un llamado a las autoridades a dar con el paradero de las ambulancias y exponer a los responsables con las debidas pruebas.

”Nosotros como sector privado creemos que todo acto de corrupción debe ser sancionado por un juez. No es posible que se hayan perdido tantas ambulancias. En cada institución hay un auditor y esa persona debe saber si se hizo o no. Consideramos que una sentencia ejemplar en este caso será esencial para evitar estas situaciones”, manifestó.

Urtecho lamentó el cierre del fideicomiso sin una debida investigación, por lo que pidió a las autoridades agilidad para presentar al menos un informe con los primeros hallazgos a la brevedad.

”Esperamos que la Uferco no se tarde años en investigar y conste que no, no ocupan dinero para indagar sobre el paradero de los bienes”, agregó.

Por su parte, Hugo Maldonado, presidente del Comité de Defensa de Derechos Humanos (Codeh), se sumó a la petición de una investigación responsable por parte de las autoridades para encontrar las decenas de ambulancias perdidas. “Si se compraron ambulancias, hombre, que se haga un inventario y se investigue el caso”, expresó.

Este medio consultó sobre el tema con Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, quien informó que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) ya tiene abierta una investigación para determinar lo ocurrido, pero todavía no hay avances.