A miles de hondureños los enterraron sin saber quiénes eran

El pasado 25 de septiembre hallaron dos cuerpos embolsados en el barrio Medina y colonia Luisiana de San Pedro Sula, solo se supo que fueron atados de pies, manos y con signos de tortura.

Después del reconocimiento en las escenas los llevaron a la morgue como desconocidos y no se volvió a saber de ellos. Así como este caso, entre 2016 y el 26 de octubre del año 2022 un total de 2,428 cuerpos ingresaron a Medicina Forense y nunca fueron identificados ni reclamados por familiares, según bases de datos que analizó LA PRENSA Premium.

Un informe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) da cuenta que de 2019 a febrero de 2021 hubo 2,434 reportes de desaparecidos, por lo que se sospecha varios de este grupo pudieron estar entre los hallados muertos y luego enterrados en los nichos.

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En Honduras funcionan cementerios públicos y privados con una dualidad que separa los muertos entre la alta sociedad, los de clase media y baja. Los primeros, quizá los segundos y algunos del tercer grupo lograron ser despedidos hasta con flores, mientras que por otro lado descansan aquellos llamados “olvidados” o sin nombre, hombres y mujeres que están en un lugar donde casi nadie llega y de los que nada se sabe.

Hasta hace unos años los cadáveres eran sepultados en masa dentro de fosas de los cementerios municipales, pero a raíz de intervenciones de organizaciones de derechos humanos se destinó fondos para construir 95 cámaras aéreas de cemento con el objetivo de colocar únicamente dos cuerpos por nicho; sin embargo, una fuente ligada a la dirección de Medicina Forense, que pidió omitir su identidad, develó a este rotativo que la normativa no se cumple porque a la fecha se ponen hasta cinco cuerpos por nicho a fin de ahorrar costos, incluso estimó que solo hay espacio para colocar cadáverese en uno o dos años más.

Los principales motivos de la no reclamación de cuerpos es por desconocimiento de familiares, costo de actos fúnebres o por temor a también ser víctimas de la violencia. De hecho, investigaciones policiales establecen que muchos de los ahora occisos eran hombres de clase media-baja, ultimados por arma de fuego y se trataría de ajuste de cuentas o venganza entre estructuras criminales.

Se conoció que del total de fallecidos, apenas el 1% correspondería a personas extranjeras de países como Guatemala y Colombia, cuyos cuerpos nunca fueron repatriados.

Más del 80% de las personas muertas de manera violenta fueron halladas en estado de descomposición y algunos desmembrados. Los que ingresan a la morgue bajo esta condición van directo a los nichos, mientras que al resto los mantienen en cuartos fríos de -24 grados bajo cero y son sometidos a tratamientos de conservación para evitar la putrefacción.

Luis Maldonado, exgeneral de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) y analista en seguridad, recordó la importancia de que tienen el Estado y demás instituciones en el proceso de identificación de cuerpos, así como la tecnología aplicada para estos casos.

“El numero que refleja la data de Medicina Forense es significativo y esto solo es el indicativo de que las víctimas asumieron una conducta de aislamiento de su familia y comunidad, posiblemente muchas se dedicaban a actividades ilícitas, pero habría que valorar el espacio, la forma de muerte y la motivación para determinar una causa exacta”, apuntó.

Maldonado enfatizó que cualquier teoría dada por la Policía sobre estos hechos no es totalmente real porque se carece de una investigación profunda.

El proceso de identificación comienza con características referidas por parientes, luego mediante un peritaje odontológico forense que puede indicar edad aproximada. De no lograr el reconocimiento mediante estos métodos se utiliza la comparación de ADN de un familiar y sangre extraída del cadáver.

En caso de que tampoco se pueda saber de quién se trata, entonces se envía un listado a medios de comunicación para su difusión. Una vez pasen los tres meses estos son enviados a los nichos según turno de llegada. A la fecha se realiza de dos a tres inhumaciones masivas por año y en cada una se mueven siete u ocho cadáveres.

El miembro de derechos humanos, Julio Velásquez, expresó que “la actual situación del país hace que no solo se tenga que enfrentar una crisis económica sin precedentes, sino también una inseguridad pública por las elevadas cifras de violencia que se traducen en muerte y dolor para miles de familia”.

El portavoz del Conadeh añadió que “entiendo que Medicina Forense tiene un protocolo especial y para su reconocimiento es indispensable la presencia de algún familiar, de lo contrario se vuelve complicado, aunque también se sabe que varias veces hacen caso omiso a los llamados”.

En abril pasado sepultaron los restos de 26 personas que después de varios meses no fueron reclamadas en Medicina Forense, este fue el primer grupo de cadáveres no reclamados por sus familiares que fueron enterrados en 2022. Entre los muertos figuraban 24 hombres y dos mujeres que no fue posible su identificación científica por método de huellas. El depósito de cadáveres desconocidos se satura con frecuencia por la violencia que sufre el país.

Las cifras de los documentos analizados solo refrendan que existe en Honduras una profunda crisis forense en materia de identificación humana y un enorme desinterés como sociedad. Organizaciones defensoras de la vida insisten en lo valioso que resulta cotejar rigurosamente las bases de cadáveres no identificados.