Nicaragua confisca las casas de “traidores”

Daniel Ortega y Rosario Murillo han dicho que consideran a los activistas de oposición terroristas por intentar derrocar al Gobierno al bloquear carreteras y paralizar el comercio.

Foto: Oswaldo Rivas/Reuters

Manifestantes se enfrentan a policías en Managua en el 2018. Oposición al Gobierno llevó a cientos de personas a prisión.

lun 9 de octubre de 2023

Por Frances Robles / The New York Times

Trabajadores con brillantes chalecos anaranjados se presentaron en una casa en Managua, la capital de Nicaragua, con herramientas para forzar la cerradura y retirar gabinetes.

Días antes, empleados de la Procuraduría General fueron a otra vivienda en Managua y dijeron que ahora era propiedad del Estado. Los hombres que llegaron a una tercera casa en camionetas de la policía lo hicieron con mazos.

"Estaban listos para derribar la puerta", dijo uno de los propietarios, Camilo de Castro, un cineasta cuya obra es crítica hacia el Gobierno.

De Castro y los otros propietarios de casas, Gonzalo Carrión y Haydee Castillo, son activistas de derechos humanos que están entre más de 300 nicaragüenses declarados traidores este año por el Gobierno sandinista, sin derecho a la ciudadanía o a tener propiedades. Ahora, el Gobierno ha empezado a confiscar las propiedades de sus opositores, lo que incluye las casas de dos ex Ministros de Relaciones Exteriores.

La campaña es un retorno al primer mandato presidencial del partido izquierdista en los 80, cuando los sandinistas expropiaron casas, desencadenando disputas legales de años de duración para que los dueños fueran compensados por sus inmuebles incautados. Daniel Ortega, líder actual del País, encabezó la revolución Sandinista que llevó al partido al poder y vive en una casa que confiscó hace décadas.

$!Un póster del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en Managua, Nicaragua.

Ortega fue derrotado en las urnas en 1990, pero después de cambios a la Constitución que hicieron posible que ganara, reclamó la Presidencia en el 2007. Pasó la siguiente década socavando la democracia del País al interferir con la Asamblea Nacional, las elecciones y la Suprema Corte.

Decenas de miles de personas se alzaron contra Ortega y su esposa, la Vicepresidenta Rosario Murillo, en el 2018, acusándolos de convertirse en aquello contra lo que alguna vez habían luchado: líderes de una dinastía dictatorial. La oposición al Gobierno llevó a cientos a prisión, y al menos 300 recibieron disparos en las protestas.

A principios de este año, 22 prisioneros políticos fueron liberados y exiliados.

La reciente medida de empezar a incautar propiedades llega tras la confiscación de una prominente universidad jesuita y el arresto de varios sacerdotes. El 25 de septiembre, los sandinistas confiscaron una escuela de negocios privada que la Universidad de Harvard fundó hace casi 60 años.

Murillo, quien funge como vocera del Gobierno, no respondió a una petición para dar comentarios. Ella y el Presidente han dicho que consideran a los activistas de oposición terroristas por intentar derrocar al Gobierno al bloquear carreteras, paralizar el comercio y recurrir ocasionalmente a la violencia.

Moisés Hassan, un ex miembro de la Junta Sandinista, huyó a Costa Rica hace dos años y fue despojado de su ciudadanía. Trabajadores de Gobierno confiscaron hace poco la casa en Managua de siete recámaras que compró en 1980, la cual había sido valuada hace poco en 280 mil dólares.

"La cruel verdad es que es la única cosas material que tenía además de mi pensión, que también me quitaron", dijo Hassan, de 81 años.

$!La Universidad Centroamericana en Managua fue confiscada por las autoridades, y varios sacerdotes fueron arrestados.

Jason Poblete, un abogado en Estados Unidos que se especializa en reclamos de propiedad internacionales, relató que hace más o menos año y medio empezó a recibir llamadas de dueños de inmuebles en Nicaragua que dijeron estar siendo acosados con recibos prediales insolutos falsos, una táctica que usa el Gobierno para darle a las confiscaciones "el color de la ley", señaló.

De Castro dijo que ningún abogado en Nicaragua aceptaría jamás sus casos. Añadió que varios activistas que fueron despojados de sus propiedades y ciudadanía planeaban presentar un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al argumentar que las medidas violaban la ley internacional. Entre los demandantes está su madre, la escritora Gioconda Belli, cuya vivienda también fue confiscada.

"Mientras el régimen esté en el poder, no podremos regresar y no podremos recuperar nuestras casas", señaló De Castro. "No creo que vayan a parar".

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