Corte Suprema de EEUU crea una Presidencia sin ley

Por: Kate Shaw/The New York Times

Se entenderá correctamente que la decisión radical de la Suprema Corte de Estados Unidos que otorga al Presidente amplia inmunidad contra procesos penales aumenta enormemente el poder y reduce enormemente la rendición de cuentas del Presidente.

Pero también debe entenderse como una decisión sobre el poder y la rendición de cuentas del propio tribunal. Al dejar de lado el texto, la estructura y la historia de la Constitución de Estados Unidos en favor de vagas preocupaciones sobre la necesidad de “salvaguardar la independencia y el funcionamiento eficaz del Poder Ejecutivo” y “permitir al Presidente llevar a cabo sus deberes constitucionales sin excesiva precaución”, la corte revela que fallará —y nos gobernará a todos— con base en su propia visión distorsionada y libre de un orden constitucional óptimo.

Es cada vez más claro que este tribunal se ve a sí mismo como algo más que un participante en el sistema democrático de Estados Unidos. Se ve a sí mismo como el que hace cumplir la separación de poderes, pero no está sujeto a esa separación.

La decisión también continúa protegiendo a Donald Trump de que rinda cuentas por sus acciones antes y durante el 6 de enero del 2021. La corte le había dado a Trump una victoria decisiva al retrasar meses en decidir este caso —su juicio penal federal por interferir en las elecciones, originalmente programado para iniciar el 4 de marzo, parece cada vez menos probable que llegue a darse.

Pero el fallo otorga a Trump una victoria más duradera, y a la democracia una pérdida aún más duradera: desecha el principio largamente establecido de que los Presidentes, como todos los demás, están sujetos al cumplimiento de la ley, y anuncia que todos los actos oficiales adoptados por un Presidente tienen derecho a inmunidad absoluta o presunta de procesamiento penal.

La errada decisión del tribunal en este caso no podría llegar en un momento más peligroso. Ha eliminado un control importante sobre la oficina de la Presidencia en el mismo momento en que Trump se postula para el cargo con la promesa de convertir el aparato de Gobierno en un arma contra aquellos que considera sus enemigos.

Como deja claro un disentimiento de la jueza Sonia Sotomayor, algunas de las hipótesis más extremas de los argumentos orales en este caso ya no son puramente hipotéticas. Ella escribe que esta nueva inmunidad presidencial “es como un arma cargada” para cualquier Presidente que “desee anteponer sus propios intereses, su propia supervivencia política o su propio beneficio financiero por encima de los intereses de la nación”. ¿Un Presidente “ordena al equipo SEAL 6 de la Marina que asesine a un rival político? Inmune. ¿Organiza un golpe militar para mantenerse en el poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un perdón? Inmune. Inmune, inmune, inmune”.

Una cosa es que un aspirante a Presidente prometa anarquía. La única manera de cumplir esa promesa es con un tribunal dispuesto y cooperativo. Parece que Trump tiene uno.

En julio de 1974, la Suprema Corte rechazó un reclamo extravagante de inmunidad presidencial: el intento de Richard Nixon de que el tribunal le excusara producir cintas de la Casa Blanca relacionadas con el allanamiento y el encubrimiento del Hotel Watergate. Nixon nunca enfrentó cargos penales por su participación porque, tras su dimisión, Gerald Ford le concedió un “perdón total, libre y absoluto”. Pero el texto del indulto de Ford dejó claro que, de no haber sido por el perdón, Nixon podría haber sido procesado legalmente por su conducta mientras era Presidente.

Como dejó muy claro el indulto Ford-Nixon, el País entendió bien que los ex Presidentes podrían enfrentar un juicio por sus crímenes durante el mandato. Hace apenas tres años, cuando el Senador Mitch McConnell votó a favor de absolver a Trump tras un juicio político por incitación a la insurrección, McConnell explicó: “Tenemos un sistema de justicia penal en este País. Tenemos litigios civiles. Y los ex Presidentes no son inmunes a que rindan cuentas a cualquiera de los dos”.

Pero este caso tiene que ver tanto con el tribunal como con el Presidente. Esto se debe a que una deformación tan profunda de la separación de poderes no puede permanecer contenida. En este caso, el tribunal anuncia que un importante mecanismo de rendición de cuentas, los cargos penales en virtud de estatutos aprobados por el Congreso, casi no está disponible en el contexto de los ex Presidentes.

Un tribunal dispuesto a declarar al Presidente fuera del alcance de la ley, independientemente de las acciones del Presidente o del Congreso, podría utilizar ese mismo poder para encubrirse con la misma inmunidad frente a procesos legales.

Aunque ninguno de los precedentes del tribunal respalda la decisión de inmunidad, el tribunal sí se basa en un acervo de razonamiento diferente, que se puso de manifiesto en las recientes declaraciones de magistrados que se enfrentaban a rendir cuentas a entidades externas, en particular el Congreso. La más flagrante fue la declaración del juez Samuel Alito en julio pasado a The Wall Street Journal sobre el Congreso y la Corte: “Sé que esta es una opinión controvertida, pero estoy dispuesto a decirla”, dijo el juez Alito. “Ninguna disposición de la Constitución les otorga” —es decir, al Congreso— “la autoridad para regular la Suprema Corte, punto”.

El razonamiento del tribunal también está alineado con lo que el Juez Supremo John Roberts dijo al Senado cuando el liderazgo del Comité Judicial le escribió en mayo después de revelaciones de que pendones con “Detén el Robo” habían sido colocados en las casas del Juez Alito. Se le solicitó una reunión para hablar de la ética de la Suprema Corte; la brusca negativa del Presidente del Tribunal invocó amplias “preocupaciones respecto a la separación de poderes” que, él afirmó, “aconsejan contra comparecencias así”.

Ahora está claro que el tribunal que encabeza Roberts cree que la separación de poderes significa que tanto los Presidentes como los tribunales están fuera del alcance de la ley.

Kate Shaw es profesora de Derecho en la Universidad de Pensilvania y conductora del podcast de la Suprema Corte de EU “Strict Scrutiny”. Envíe sus comentarios a intelligence@nytimes.com.

©The New York Times Company 2024