MP presenta casación contra sentencia que absolvió a Leonel Sauceda

Con un recurso de casación, el Ministerio Público pretende que se revoque la sentencia absolutoria otorgada en febrero pasado al comisionado general de la Policía Nacional, Leonel Sauceda Guifarro.

La Fiscalía asegura que “el Tribunal de Sentencia no valoró ni analizó la totalidad de la prueba que acreditaba cómo éste habría malversado caudales públicos y lavado activos”.

En la exposición de los motivos de casación por quebrantamiento de forma, la Fiscalía Especial de Impugnaciones y la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial argumentan que la declaración de los hechos que el Tribunal estima probados no son claros, terminantes y coherentes, por lo que a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se le solicitó revisar el expediente.

En el caso de la malversación, según el Ministerio Público, la terna de jueces “no observó cómo el acusado recibió 3.3 millones de lempiras de la Secretaría de Seguridad, que desvío para rubros personales y de su familia como alimentación, pago de servicios públicos y educación”.

En su comunicado, el MP detalla también que “en torno al delito de lavado de activos se ha vuelto a fundamentar una absolución de este tipo en las polémicas reformas aprobadas el año anterior a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos por parte del Congreso Nacional, pese a que en la causa concreta se cumplió con el requisito de ampliar la acusación a malversación de caudales públicos, como delito y conducta precedente, causando además suma extrañeza el hecho que la misma sala II del Tribunal de Sentencia durante el desarrollo del juicio oral y público reconoció que de 19.6 millones de lempiras el comisionado Leonel Luciano Sauceda no tiene la manera legal o lícita de justificar su procedencia”, por lo que consideran existe una flagrante contradicción de criterio de los juzgadores.

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La captura del exfuncionario policial, así como el aseguramiento de 83 bienes los efectuaron la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) a comienzos de febrero de 2020, luego de denuncias interpuestas por la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional.

Conforme a la investigación que realizaron en su momento agentes de la Atic, el comisionado general, “en un período de 11 años (2006 – 2017) no pudo justificar casi 20 millones de lempiras, lo que incluye movimientos en 13 cuentas de bancos a su nombre”, estableciendo la unidad de análisis financiero del MP que “los productos financieros, bienes muebles e inmuebles obtenidos e inversiones realizadas, carecían de fundamento económico legal, a pesar que el desglose salarial del acusado en la fase investigada asciende a casi 6 millones de lempiras, sin deducciones”.

Los investigadores afirmaron que “en algunos bienes adquiridos hasta por un millón quinientos mil lempiras (Lps. 1,500,00.00) no existía huella financiera, puesto que se pagaron en efectivo, por lo que no se determinó la procedencia de los fondos”.