Diputados suplentes controlan fondo social: manejaron L436 millones

San Pedro Sula, Honduras. Entre los años 2023 y 2024, el Congreso Nacional (CN) canalizó 865.4 millones de lempiras del cuestionado fondo social a través de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD). Lo llamativo esta vez no es solo el monto, sino quiénes lo gestionaron: los diputados suplentes.

Estos cargos, que en teoría deberían tener un rol auxiliar y subordinado a los diputados propietarios, terminaron manejando gran parte del dinero público destinado a obras y ayudas sociales.

En total, los diputados suplentes gestionaron 436.7 millones de lempiras de la partida que el Poder Legislativo liberó a través de Gobernación, superando ligeramente a los propietarios, quienes canalizaron 419.7 millones, según un análisis de LA PRENSA Premium.

Apenas 0.6 millones fueron gestionados en conjunto, entre un diputado propietario y uno suplente, y una mínima fracción quedó sin identificar.

Esta tendencia reflejó un cambio de poder dentro del Legislativo, donde los suplentes, sin la visibilidad ni el peso político de sus titulares, están moviendo cifras millonarias con bajo escrutinio de un fondo que ampliamente ha sido señalado de usarse para fines proselitista.

La diferencia también está en el número de proyectos gestionados, ya que los suplentes encabezaron 495 obras, frente a 384 de los propietarios, según el análisis de este medio a partir de reportes compartidos de forma pública por el hemiciclo.

A partir de esa lista, LA PRENSA Premium identificó quiénes eran parlamentarios propietarios y suplentes. De esta manera se determinó que de los 128 diputados suplentes que integran el Congreso, al menos 53 realizaron gestiones de fondos, superando incluso a los propietarios, de los cuales solo 40 se involucraron. Este patrón de participación evidenció una activa e inusitada intervención de los suplentes en decisiones presupuestarias.

El análisis arrojó otro matiz: el favoritismo partidario; es decir, de los 436.7 millones asignados a suplentes, 356.6 millones fueron a congresistas del partido oficialista Libre, seguido muy por detrás por el Partido Liberal (50.4 millones) y el Partido Salvador de Honduras (29.6 millones). La concentración de recursos en manos de suplentes oficialistas refuerza la percepción de uso clientelar del fondo, probablemente con fines político-electorales en los territorios dominados por ese partido.

A nivel individual, algunos nombres resaltan por los montos gestionados. Grimaldo Josué Paz Sosa —quien era suplente del diputado Jorge Cálix, pero se mantuvo siempre en las filas de Libre tras que su propietario se sumara al Partido Liberal— canalizó 28.9 millones de lempiras, siendo el número uno en el listado de parlamentarios con cargos auxiliares.

Es seguido por Gustavo Alberto Cáceres Banegas (16 millones) y Karla Melissa Euceda Fúnez (13.5 millones).

Otros manejaron montos superiores a los 10 millones, a pesar de su bajo perfil público. La mayoría de ellos no tienen trayectoria conocida en gestión de obras sociales ni en administración pública.

El fondo social, lejos de estar dirigido por criterios técnicos o sociales, parece estar capturado por una estructura paralela de poder político, operada desde los márgenes institucionales mediante figuras suplentes.

Esta dinámica, además de erosionar la transparencia, diluye las responsabilidades directas, pues los suplentes no están sujetos a los mismos niveles de control y presión pública que los propietarios, opinaron expertos.

Geográficamente, el dinero gestionado por suplentes se concentró en bastiones del oficialismo, como Cortés (96.4 millones), Francisco Morazán (77.2), Olancho (53.7) y Santa Bárbara (51.2). En estos departamentos no solo se movió más dinero, sino que también se recurrió a una misma fórmula para canalizar los recursos, el uso de ONGs de reciente creación, en su mayoría vinculadas al partido Libre.

Este dinero proviene de un presupuesto de 950 millones de lempiras que aprueba anualmente el Congreso Nacional para obras sociales. Se canaliza a través de siete instituciones públicas, entre ellas las secretarías de Gobernación y Desarrollo Social (Sedesol), donde han aflorado evidencias de manejo irregular del recurso.

Aunque la ley no lo dice, los diputados gestionan el dinero, seleccionando asociaciones y alcaldías, y luego dirigiendo las solicitudes a las entidades.

Tras es el escándalo por presunto desvío de fondos en Sedesol, investigaciones conjuntas de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus revelaron que los fondos manejados por Gobernación fueron filtrados principalmente mediante organizaciones como Manos a la Obra (AMO) y Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE).

Ambas ONG fueron utilizadas también por los suplentes. Pues estos diputados gestionaron 58 millones de lempiras vía la Asociación Manos a la Obra, y 32.1 millones de lempiras a través de Mujeres Unidas Extraordinarias.

Estas asociaciones también han sido señaladas por su vinculación política y limitada experiencia previa, lo que ha levantado cuestionamientos sobre su idoneidad y transparencia en la ejecución de los fondos. Estas dos organizaciones carecen de registros públicos sobre licitaciones y presentan un opaco entramado con enlaces familiares y políticos directos con diputados del partido de gobierno.

Durante visitas de campo realizadas por LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus, semanas atrás, en barrios y aldeas de departamentos de Cortés y Santa Bárbara se confirmó que hay obras que siguen siendo meras promesas. En varias zonas no hubo ni movimiento de tierra, apenas algunas dejaron ver ejecuciones muy recientes, poco consolidadas o inexistentes.

Este panorama refuerza las advertencias del sociólogo Jorge Aleto Larios, asesor de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma, quien alertó que continúan latentes los riesgos de corrupción y falta de transparencia en el uso de fondos públicos asignados a diputados a través de organizaciones no gubernamentales.

Larios señaló que el problema tiene su raíz en una decisión reciente. “A partir de esta legislatura, de este gobierno, del 2022 a la fecha, los diputados suplentes tienen un mejor sueldo, tienen que hacer presencia en el Congreso porque reciben un salario que antes no lo recibían”, apuntó.

A criterio del académico, la asignación de dinero a diputados suplentes, cuya labor debería ser únicamente legislativa, ha generado una cadena de irregularidades. “Les dan a ellos esa facultad para que reciban dinero del Congreso para ejecutar proyectos sociales, todo eso trae como consecuencia lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, lo que está pasando”, sostuvo.

En muchos casos, los recursos públicos asignados a estos legisladores terminan mal manejados, sin control ni fiscalización. “Incluso hacen tratos con organizaciones que no hacen una rendición clara de cuentas, y aunque hay algunos diputados que el dinero de esos proyectos lo ejecutan a través de las municipalidades, otros lo hacen por su cuenta y eso se presta a que no haya una revisión clara”, expuso.

Según Larios, el patrón es claro y preocupante. “Lo que tenemos como consecuencia es actos de corrupción, se está haciendo hoy lo mismo que se hizo en el pasado, el Gobierno actual condenó en el pasado lo que está replicando en el presente, a esos fondos solo les cambiaron el nombre”, cuestionó.

Recordó, además, que existen instituciones específicas: “Para eso está la Secretaría de Infraestructura, Transporte y Servicios; el Fondo Hondureño de Inversión Social y otras dependencias, también están las municipalidades, que pueden gestionar fondos para proyectos”.

Esta visión crítica es compartida por Lourdes Ramírez, especialista en prevención de violencia, convivencia social y transparencia, quien lanzó fuertes cuestionamientos en contra del manejo de fondos públicos por parte de los congresistas.

A su juicio, el desvío de recursos hacia organizaciones de fachada, sin control ni resultados tangibles representa un saqueo sistemático que ha socavado la confianza ciudadana y perpetuado la impunidad en Honduras.

"El saqueo sistemático de fondos públicos por parte de los mal llamados ‘padres y madres de la patria’ no es una novedad, lleva más de dos décadas erosionando la institucionalidad hondureña”, advirtió Ramírez, quien ha trabajado de cerca con iniciativas anticorrupción y de fortalecimiento institucional.

La experta citó informes de la Fundación Democracia Sin Fronteras, que han documentado con evidencia nombres y montos exactos de diputados que canalizaron millones de lempiras hacia Organizaciones No Gubernamentales de maletín, muchas de ellas sin sede física ni personal capacitado para ejecutar proyectos sociales.

“A pesar de los esfuerzos de la Maccih (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras), que judicializó más de una docena de casos, la impunidad sigue reinando”, agregó. Ramírez cuestionó duramente que el dinero destinado a mejorar la vida de las comunidades vulnerables, en realidad haya terminado en redes de corrupción política sin consecuencias legales.

“Es indignante que no hay medicina en los hospitales, no hay desarrollo social ni comunitario”, expresó con contundencia. La falta de servicios básicos en áreas críticas contrasta con los millones de lempiras que, según registros oficiales, fueron entregados a congresistas para ser administrados a través de organizaciones intermediarias.

La situación se agrava en regiones como Cortés. “Aquí, en el departamento de Cortés, diputados han recibido millones de lempiras en las diferentes legislaturas y no vemos el impacto en obras que se puedan verificar”, denunció.

El abogado Rafael Canales, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras y candidato a diputado por el Partido Liberal, aseguró que el escándalo por el manejo de fondos públicos por parte de diputados es solo “la punta del iceberg”.

Afirmó que la entrega de recursos a través de ONG para proyectos sociales está viciada desde su origen y se ha utilizado con fines estrictamente políticos.

Para Canales, lo más grave no es solo el monto, sino la ilegitimidad de las atribuciones asumidas por los congresistas.

“Sobre todo es anormal, porque no es función ni atribución constitucional. Han manejado fondos únicamente por reglamentos secundarios que ha aprovechado principalmente el Poder Legislativo para hacer campaña política, haciendo de mal uso, sin auditorías, sin seguimiento y destinado casi siempre para buscar ventaja en las campañas políticas", aseguró.

Los fondos públicos en cuestión ascienden a cifras alarmantes. “No hablamos de pocos lempiras, sino de cantidades millonarias, esto lo que trae es principalmente deteriorar la democracia, porque cualquier diputado suplente o propietario son lo mismo, generalmente se reeligen ambos y lo utilizan estrictamente para ayudar a comunidades, pero con compromisos políticos en los cuales ponen de ventaja a muchas personas", apuntó.

Consultado sobre los posibles delitos que podrían configurarse en estos casos, Canales fue enfático al señalar que primero, cuando se utilizan fondos públicos, es apropiación indebida. "Lo único que ellos lo legalizan bajo figuras y utilización como función de gestión, pero realmente son ejecutores, porque el dinero lo sacan estrictamente para ellos y después salen con una simple liquidación", comentó.

Añadió que no hay control efectivo sobre el uso de los recursos, dejando entrever que cualquier persona puede conseguir una factura, un comprobante o tomarle una fotografía a cualquier casa. Con estos fondos mal utilizados se inician obras que no se concluyen, como canchas de fútbol que quedan a medio construir, sin estudios de factibilidad que respalden su ejecución y sin auditorías previas o posteriores que validen el uso adecuado de los recursos.

Para él, el que varias obras estén en marcha, cuando los fondos fueron aprobados desde el año pasado e incluso tiempo atrás, responde al calendario electoral. “Hay una total falta de transparencia y negativa para tener las auditorías correspondientes, se hacen a la carrera, obviamente, porque viene periodo electoral y la Ley Electoral prohíbe que cualquier funcionario público haga obras, si no me equivoco, 60 días antes o 90 días antes de la elección general”, especificó.

El jurista explicó que esto implica obras improvisadas y sin estudios técnicos ni evaluación de impacto: “Habrá obras mal hechas o mal ejecutadas y únicamente para salir del paso, sin ningún tipo de transparencia, reitero, ni rendición de cuentas.”

Criticó también el uso de estos fondos como un patrón que se ha repetido desde gobiernos anteriores. “Lo han venido haciendo desde hace muchísimo tiempo y no se presentan informes, lo que representa un manejo irregular de fondos públicos, que puede ser constitutivo de delito", arguyó.

Consultado si este fondo es una versión disfrazada del Fondo Departamental, Canales respondió sin rodeos: "Sí, es el mismo, nada más que lo disfrazan bajo figuras, lo mismo hicieron en el gobierno anterior, que se hizo un derroche excesivo de recursos públicos. Imagino que ahora se lo delegan a los suplentes y lo utilizan los propietarios para buscar otra figura o para que no se vea que un diputado gestionó mucha cantidad de dinero, sino que dividido entre el suplente y él".

Canales hizo un llamado a derogar cualquier tipo de ley secundaria que la Constitución no establezca, pidiendo que sean las alcaldías y el Poder Ejecutivo los asignados para ejecutar los diferentes programas.

El Ministerio Público abrió un expediente de oficio para investigar las millonarias transferencias, evaluar la trazabilidad de los fondos y establecer si es procedente realizar una acusación formal.