Defensa de Juan Orlando Hernández no optó por recurso de reposición tras rechazo de amparo

La defensa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien Estados Unidos reclamó en extradición por presuntos delitos asociados al narcotráfico y armas, descartó la opción de solictar un pedido de reposición ante la sala constitucional luego que el pasado miércoles dieran por rechazado el recurso de amparo a su favor.

El pedido de reposición debía presentarse antes de este sábado y el tiempo se agotó, aunque a criterio de expertos penalistas, suele ser un recurso no efectivo porque no tiene más que pedir reconsideración a la misma sala constitucional, que difícilmente cambiaría de opinión, lo que serviría únicamente para dilatar lo inminente: la extradición.

El pasado 6 de marzo, la sala de lo constitucional resolvió declarar inadmisible la garantía de amparo del cual se hizo mérito interpuesto por los abogados defensores de Juan Orlando Hernández. “Las cuestiones de mera legalidad son situaciones que son expuestas por parte de los recurrentes y que la sala considera que por no ser propias de la materia de justicia constitucional, están fuera del análisis de esta sala, ya que son situaciones que deben ser planteadas en las instancias; es decir, situaciones probatorias que han sido alegadas por ellos”, dijo en ese momento Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial.

El expresidente Juan Orlando Hernández aún no ha sido extraditado porque hasta en horas del mediodía de este sábado no se habían estampado las firmas de dos de los 15 magistrados, requisito para proceder con los trámites junto a la Cancillería, secretarías de Seguridad y Defensa, así como con autoridades de Estados Unidos.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó el 28 de marzo la extradición de Hernández, que fue autorizada el día 16 del mismo mes por un juez natural.

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Hernández Alvarado es acusado por “conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos”, con el “conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos” a aguas “a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos”. Además, se le acusa de “fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos”.

El segundo cargo es por “usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión” de “ametralladoras y dispositivos destructivos”. Las armas y los dispositivos destructivos serían “en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de los que se le acusa en el cargo uno”.

El cargo tres se refiere a una “conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos”.

Algunos analistas jurídicos coinciden en que la siguiente semana el expresidente estaría siendo entregado a las autoridades estadounidenses en Tegucigalpa.

El 14 de febrero, tres semanas después de que Juan Orlando Hernández concluyó su segundo mandato en el poder, Estados Unidos le solicitó a Honduras su “arresto preventivo” con fines de extradición, acusándolo de tres cargos.

Según la Fiscalía de Estados Unidos, entre 2004 y 2022 “Hernández participó en la conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares, por rutas aéreas y marítimas (...) la conspiración transportó más de aproximadamente 500,000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos”.

Fiscales estadounidenses se han referido al exgobernante como “co-conspirador” y que convirtió a Honduras en un “narco-Estado” al involucrar militares, policías y otros civiles en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Hernández, antiguo aliado de Washington, ha criticado la justicia de Estados Unidos al afirmar que lo señala con base en “declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos” que fueron extraditados por su gobierno.