CNA cuestiona fallo a favor de JOH y destapa sospechosa liberación de testigo clave

Tegucigalpa. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras cuestionó este miércoles la actuación de la justicia tras el cierre del proceso por fraude y lavado contra el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), al considerar que la Fiscalía "falló" y que la decisión judicial debilita la confianza en las instituciones.

“Dijimos que el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández sería un examen para la justicia hondureña. Hoy ya conocemos el resultado”, subrayó la directora del CNA, Gabriela Castellanos, en un video divulgado en sus redes sociales, en el que criticó el desempeño del Ministerio Público (Fiscalía).

Un tribunal ordinario dictó el martes el sobreseimiento definitivo o el cierre de la causa contra Hernández, que no llegó a la etapa de juicio. Esta decisión puede atacarse mediante un recurso de apelación, de acuerdo a la información judicial.

Hernández regresó a Honduras el pasado 26 de julio para enfrentar el caso, conocido como Pandora II, tras ser indultado el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump, de una condena a 45 años por narcotráfico.

Castellanos reconoció que la resolución tiene "un alcance estrictamente jurídico", aunque enfatizó que en el plano institucional no se puede decir que el país "haya sido bien evaluado" y afirmó que la Fiscalía "falló en lo más elemental".

“¿Cómo es posible que el principal testigo de la Fiscalía no estuviera disponible cuando fue requerido en el proceso?”, preguntó en referencia a Fernando Suárez, a quien calificó como “una pieza relevante” de la investigación en este caso de corrupción, que también involucró al expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), quien fue sobreseído.

Suárez, extraditado en 2024 desde El Salvador tras ser acusado de participar en el desvío de más de 10,5 millones de dólares para campañas políticas en 2013, había “revelado datos de interés para la causa”, según la funcionaria.

Castellanos exigió explicaciones sobre la liberación provisional del testigo el pasado 12 de agosto, coincidiendo con el inicio de la audiencia contra el exmandatario.También expresó dudas sobre la decisión del juez de excluir pruebas que, a su juicio, eran relevantes para el proceso.

"Sería irresponsable decir que este proceso deja fortalecida la confianza en nuestras instituciones. Al contrario, vuelve a dejarnos frente a la misma pregunta: ¿Puede realmente nuestro aparato judicial sostener un caso de corrupción cuando el imputado pertenece a la clase política?", aseguró Castellano, quien sostuvo que el sistema "no estuvo a la altura de la prueba".