ASJ denuncia el uso opaco de 1,837 millones de lempiras de diputados de la administración anterior

Tegucigalpa. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) formalizó este miércoles una denuncia pública y anunció acciones legales ante el Ministerio Público por el presunto manejo irregular de 1,837,349,701.14 de lempiras a través del Fondo de Administración Solidaria.

La investigación del organismo de sociedad civil revela que el mecanismo presupuestario, operado entre los años 2023 y 2025, fue utilizado por diputados, en su mayoría del Partido Libertad y Refundación (Libre), para proyectar campañas de reelección y financiar programas asistencialistas sin auditorías, liquidaciones ni criterios de transparencia.​

El informe de auditoría social expone que, mediante modificaciones a las Disposiciones Generales del Presupuesto aprobadas a partir de 2023, se autorizaron asignaciones anuales de hasta 950 millones de lempiras.

Aunque la norma habilitaba la intermediación de entidades comunitarias, patronatos o alcaldías, en la práctica diversas secretarías de Estado funcionaron como tramitadoras de las solicitudes individuales presentadas por congresistas para la entrega discrecional de becas, obras comunitarias menores, kits tecnológicos y cupones de alimentos.​

"Nosotros lo hemos catalogado y le hemos nombrado 'solidarios' porque son solidarios entre sí en temas de facilitar el andamiaje institucional en temas de ejecución, en temas de hacer campaña política con el dinero público, en temas de buscar reelección y muchos de ellos lograrlo a través del erario público", sostuvo Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de ASJ.

​La indagación técnica advierte que la Secretaría de Finanzas (Sefin) utilizó de forma sistemática la línea presupuestaria 449; destinada históricamente para atender contingencias y emergencias nacionales, para transferir los fondos del tesoro hacia dependencias como la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedesol), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Gobernación.

La utilización de esta partida impidió la trazabilidad pública de los recursos y el seguimiento dentro de los Planes Operativos Anuales del Estado.​

El flujo financiero alcanzó su punto cúspide en el año 2024, cuando las tres instituciones públicas ejecutaron de forma conjunta 898.5 millones de lempiras. Pese al volumen de capital movilizado, las consultas de acceso a la información realizadas por el equipo auditor ante Sefin y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) confirmaron que ninguna de las entidades ejecutoras ha presentado los informes finales de liquidación que demanda la legislación administrativa.

"Una línea para trasladar fondos para becas, obras o canchas no se debe utilizar para eso. Por qué Sefin decide utilizar líneas de emergencia para trasladar los fondos de becas, cupones y todo ese tema vinculado directamente al asistencialismo", cuestionó Aguilar.​

En el componente de subvenciones educativas, el informe identifica a 50 parlamentarios, 30 suplentes y 20 propietarios, que gestionaron más de 110 millones de lempiras para la repartición de casi 22,000 becas mediante el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

La mayor concentración de asignaciones se registró en dos fórmulas legislativas: el exdiputado Rasel Antonio Tomé Flores junto a su suplente movilizaron cerca de 29 millones de lempiras, mientras que Hugo Rolando Noé Pino y su suplente tramitaron un aproximado de 25.7 millones de lempiras. Asimismo, ASJ cuestionó la suscripción de un convenio entre Banadesa y Sedesol bajo causales ilegales de confidencialidad para bloquear el acceso a los expedientes de liquidación.

En el trabajo de campo y verificación directa con una muestra de ciudadanos registrados en los listados oficiales, los auditores detectaron falsificación de datos, donde supuestos beneficiarios declararon no haber recibido los montos reportados o no poseer los emprendimientos registrados en los expedientes de ayuda social.​

"No es que estemos condenando que se ayude; el tema es que se tiene que ayudar con transparencia, siguiendo procesos, liquidando y generando rendición de cuentas para evitar precisamente este tipo de investigaciones", afirmó el representante de ASJ.​ Ante los hallazgos descritos, la organización instó a los entes contralores del Estado a deducir las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.

La entidad propuso formalmente la aprobación de una Ley de Administración de Subvenciones que prohíba de forma expedita la intermediación de los diputados en la distribución de fondos públicos y garantice la publicación irrestricta de los padrones de beneficiarios en los portales institucionales.

Hoy mismo las autoridades de ASJ se trasladarán hasta el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente.