El paraíso entre rejas: mareros dominan a su antojo cárceles de máxima seguridad (VIDEO)

San Pedro Sula, Honduras.

Luego de ser encontrado culpable por cometer varios delitos como miembro de la transnacional y sanguinaria organización criminal Barrio 18, Darwin Humberto Fúnez Reyes, de 34 años, fue remitido a ‘El Pozo’, la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, donde la condena que debía cumplir desde 2016 se convirtió en apenas un “tirón de orejas”, pues vivió la ironía de disfrutar de privilegios que afuera muchos carecen.

En un módulo carcelario donde reina violencia y es común el derramamiento de sangre, los criminales con las mentes más perversas viven a sus anchas.

Además, con la venia de las autoridades penitenciarias, los reos viven con comodidades que van desde acceso a celulares, internet, comidas deliciosas para fechas especiales y hasta les permiten montar su propia guardia con fusiles de grueso calibre.

El escenario anterior quedó evidenciado en un video que circuló por las redes sociales a inicios de este 2023 y que ha generado indignación colectiva debido al poder que manejan los antisociales y el ambiente en el que viven al interior de ‘El Pozo’, en Ilama, Santa Bárbara, una de las cárceles de máxima seguridad en Honduras.

Ante ello, el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, se escudó el miércoles -12 de abril- diciendo que se trata de un hecho ocurrido en 2020, es decir, en la administración pasada.

“Este video es del 2020, no es actual. Videos del pasado, como este, estarán saliendo a luz. Es la estrategia que el crimen organizado planificó para afectar el trabajo que estamos implementado. Falta mucho por hacer, pero vamos bien”, escribió el jerarca policial en Twitter.

Siendo esa una declaración con la que no terminan de ponerse de acuerdo entre los cuerpos de seguridad, pues Digna Aguilar, portavoz del Instituto Nacional Penitenciario (INP), aseguró que se trata de una grabación de hace cuatro años.

“Se realizó una investigación y se determinó que el video fue en ‘El Pozo’, de Ilama, Santa Bárbara y es de diciembre de 2019, hasta se entrevistó al personal de ese centro penitenciario”, mencionó.

Sin embargo, una investigación desarrollada en conjunto por LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus descubrió que ambas teorías no tienen sustento y que la grabación corresponde a diciembre de 2022, es decir, en la actual administración, según lo mostró una verificación y un análisis minucioso de la veracidad del video. Además, testigos oculares y reportes de incautaciones en este centro penal durante los últimos meses reflejan la fragilidad del recinto carcelario.

De hecho, una fuente señaló que Fúnez Reyes, quien estaba a unos meses de salir en libertad, fue asesinado por difundir en canales sociales y de mensajería el mencionado video, por lo que su compañero de celda se encargó de propinarle un certero disparo que le quitó la vida el pasado 2 de febrero, dos meses después de la polémica fiesta al interior del centro penal. Otras fuentes consultadas por este medio sostienen que esa es la principal versión que se maneja sobre la causa del homicidio.

Mientras tanto, las autoridades manejan el caso como “por conflicto interno” y se mantienen herméticos sobre las razones de lo ocurrido en el centro penal, donde las armas vuelven a ser las protagonistas del caos.

En el polémico video en mención se ve a varios miembros de la pandilla 18 disfrutando de una gran fiesta. Las fuentes consultadas por este medio y los análisis apuntan a que fue en Navidad de 2022.

Mientras un grupo cocina sus propios alimentos haciendo uso de arma blanca, otros disfrutan del ambiente grabando videos con celulares y se pasean en las afueras de sus celdas como si de un parque se tratara.

De pronto, detrás de los protagonistas del video, cuya identidad es un misterio, se ve pasar a varios pandilleros, entre ellos uno que sostiene en su hombro un fusil de grueso calibre, aparentemente haciendo un tipo de guardia en los pasillos.

El ambiente luce sucio, con ropa tendida en ambos extremos, mientras globos y decoraciones navideñas adornan las paredes. “La 18, ya se sabe, feliz Navidad”, dice uno de los pandilleros.

Luego, un movimiento brusco de la cámara del dispositivo móvil permitió ver cómo otros tres sujetos estaban en la parte superior del módulo, armados y vigilando el exterior.

El equipo de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus remitió el video a una productora nacional, que prefirió mantenerse en anonimato, la cual lo analizó y garantizó que no ha sido sometido a ningún tipo de modificación o alteración, por lo que tanto el audio como las imágenes que se aprecian en el mismo son auténticas, a diferencia, claro está, de las letras que fueron colocadas a modo de descripción: “Fiestas de cárceles de máxima seguridad de Honduras”.

Hay más evidencia que apunta a que la polémica celebración fue en la Navidad pasada. Además de los insumos prohibidos y otorgados a este grupo de criminales convictos, la festividad fue adornada con música urbana que retumbaba entre el techo y paredes del módulo.

Mientras los reclusos hablaban entre sí y se jactaban de sus comodidades, de fondo sonaba una pegajosa canción llamada ‘El Cel’ de Ozuna, Arcangel, J Balvin, Randy y Chencho Corleoni.

Lo curioso del hallazgo es que esa canción corresponde al quinto disco del cantante puertorriqueño Ozuna, el cual fue lanzado el 6 octubre de 2022, como parte de su álbum Ozutochi.

De modo que es simplemente imposible que el video en cuestión sea del 2020, 2019 o años anteriores, tal como lo argumentaron las autoridades de la Secretaría de Seguridad.

”Es inaceptable, inadmisible e intolerable que tengan esta libertad de estar armados en un centro de máxima seguridad, esas conductas de desenfreno no pueden existir. El video refleja que no se cumplen las condiciones que debe tener un recinto como este”, mencionó luego de ver el video Luis Maldonado Galeas, general en condición de retiro.

Maldonado consideró que los privados de libertad pueden convivir en almuerzos o convivios, pero que debe ser bajo un espacio controlado, sin embargo, las imágenes difundidas muestran que ellos tienen el control y promueven la integración de estos grupos al interior de los centros penitenciarios.

Celebraciones, armas y celulares siguen a su merced. Mediante una solicitud de información SOL-INP-242-2023 que realizó el equipo de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus al Instituto Nacional Penitenciario (INP), se pidió conocer las fechas festivas en que las autoridades otorgaron permisos el año pasado.

Los registros de permisos para fechas especiales incluyen el Día del Padre, San Valentín, Día de la Madre y fiestas navideñas de 2022, sin embargo, remarcan en una nota que en cárceles de máxima seguridad “las celebraciones son monitoreadas y controladas”.

Sobre este tema, la vocera del INP mencionó que en las fechas festivas como Navidad los familiares de los individuos suelen llevarles su porción de comida y algunas frutas para disfrutar de la celebración, sin embargo, una fuente confidencial que conversó con este medio reveló lo contrario.

“Pues ellos -los miembros de grupos criminales- cocinan en fuego, en Navidad hicieron pollo, mandaron a comprar arroz chino, platos para todos. Es normal que anden armados, ya nadie les dice nada”, mencionó la persona, luego de puntualizar que este tipo de privilegios solo los viven los miembros de maras y pandillas.

Por su parte, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), explicó que las reuniones son normales en los centros de máxima seguridad, el problema es que los internos están armados y hasta usando celulares, lo cual sobrepasa los límites.

“Si son cárceles de máxima seguridad ¿cómo es posible que entre un arma?”, reflexionó Maldonado, puesto que las aduanas son estrictas y los escáneres detectan cualquier anomalía.

El presidente del Codeh reconoció que al interior de las cárceles quienes mandan son los privados de libertad y existen pequeños gobiernos, es decir, estructuras en cada módulo penitenciario, quienes ayudan a mantener la gobernabilidad.

Según lo consultado con un experto, las armas que los pandilleros aparecen sosteniendo en el video son fusiles M 16, es decir, armas prohibidas capaces de disparar de 800 a 900 balas por minuto con un alcance de hasta 500 metros, las cuales solo tienen las fuerzas públicas y las unidades de investigación.

Tomando en cuenta que el video fue grabado en diciembre de 2022, este rotativo también indagó sobre las incautaciones de armas de fuego en centros penitenciarios de máxima seguridad realizadas en los primeros meses de este año.

Según los registros plasmados en la mencionada solicitud de información recibida, desde enero de 2023 han decomisado seis armas de fuego, 12 armas de fabricación artesanal tipo chimbas, dos cargadores, 90 municiones, 13 cartuchos percutados y una granada de fragmentación en los módulos de máxima Seguridad.

Sobre los celulares incautados en los centros Morocelí, El Paraíso, e Ilama, Santa Bárbara, diseñadas bajo un modelo de seguridad extrema, se encontró que han detectado 43 dispositivos desde el 2020, donde apenas 19 corresponden a lo que va de este 2023.

Lo anterior significa que los anillos de seguridad son burlados porque siguen llegando a estos presidios armas de fuego y dispositivos móviles, tal como quedó constatado en videos difundidos por criminales en las últimas reyertas simultáneas que dejaron un muerto y seis heridos en cuatro cárceles (‘El Pozo’, ‘La Tolva’, Támara y El Porvenir).

Este rotativo indagó sobre si existe alguna investigación abierta en el Ministerio Público, donde se vive un paro de labores que ya lleva más de dos meses. El jefe de comunicaciones, Yuri Mora, se limitó a decir que el Instituto Nacional Penitenciario es la entidad debería dar el primer paso al respecto.

Por su parte, la vocera del INP informó que en su momento se abrió una investigación interna sobre la difusión del video y los reclusos implicados, sin embargo, no han informado las acciones que tomaron al respecto, si es que lo hicieron.

De su lado, Melissa Escoto, titular del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (Conaprev), declaró que si un privado de libertad tiene armas es que hubo alguien que lo facilitó o que fue permisivo para que pasara.

“La gobernabilidad de los centros sigue siendo un reto, ya lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el autogobierno, donde los reos tienen el control de los centros. La gestión del sistema penitenciario debería estar dirigida por personas civiles, especializadas en temas penitenciarios”, mencionó.

Actualmente, hay 19,584 privados de libertad en centros penales a nivel nacional, con 150% de sobrepoblación, según datos recabados por este medio.

En los centros penales se ha desatado en las últimas semanas una gran crisis por parte de los presidiarios, al punto de que la presidenta Castro anunció una intervención presidida por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.

Las peticiones de los criminales van desde frenar las capturas en las calles por parte de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), hasta la posibilidad de que una sola mara o pandilla esté recluida en un centro penal, lo que les otorgaría más control.

Un oficio al que tuvo acceso LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus (349-DN INP-2023), con fecha 14 de marzo de 2023, revela que el INP planeaba desde antes redistribuir a los privados de libertad, al punto de sacar de Támara a la Mara Salvatrucha y la pandilla 18.

En la orden se detalló que la distribución quedaría de la siguiente manera: Centro Penitenciario de Morocelí, en El Paraíso, e Ilama, en Santa Barbara, “será para las estructuras criminales maras y pandillas (Mara MS-13 y Pandilla 18)”.

En tanto, el Centro Penitenciario de Siria, El Porvenir, será para delincuencia común, bandas organizadas y procesados por otros delitos.

Támara servirá como filtro para los denominados “peseteados” (expandilleros) y los privados de libertad que ingresen por delitos comunes y, una vez que sea revisado su perfil criminologico, podrán ser traslados al centro penal que sea determinado por la autoridad penitenciaria.

El equipo de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus se intentó comunicar con el director del INP, Otoniel Castillo Lemus, para tener su versión de los hechos y accionar a tomar, pero no respondió las llamadas y tras solicitar una cita no fue otorgada al conocer el tema a tratar.

Varias fuentes revelaron a este equipo que diversas organizaciones internacionales que trabajan de cerca con el sistema penitenciario del país están perdiendo donantes por la corrupción que se vive en los centros penales a nivel nacional.

Fue en 2016 que el expresidente Juan Orlando Hernández, quien enfrenta un juicio por narcotráfico en Nueva York, anunció el traslado de reos de alta peligrosidad a las cárceles de máxima seguridad, donde supuestamente ni la señal entraba.

“Son instalaciones con última generación, todos los individuos peligrosos estarán aislados, tendrán una hora de exposición al sol, no tendrán derecho a llamadas telefónicas y serán suspendidas de forma indefinida las visitas”, dijo en ese entonces como una estrategia para hacerle frente a la criminalidad.

Sin embargo, esas declaraciones distan de la cruda realidad que se vive al interior de las cárceles de máxima seguridad, las cuales se han convertido en una especie de universidad del crimen para los más crueles y despiadados malhechores.