Fuga masiva de casi 100 fiscales bajo gestión de Johel Zelaya

Al menos 95 fiscales del Ministerio Público han abandonado la institución por diferentes motivos entre enero de 2024 y julio de 2025, período que coincide con la gestión de Johel Zelaya al frente de la entidad.

LA PRENSA Premium, mediante la solicitud de información SOL-MP-3268-2025, conoció el número de fiscales que han salido del MP desde el 1 de julio de 2018 al 31 de julio de este año, confirmando que desde 2024 se han disparado los casos.

La División de Recursos Humanos confirmó, por años, la cantidad de personal que ha salido de forma temporal o definitiva.

Entre los motivos están la renuncia voluntaria, despido, licencias de trabajo y permisos temporales, según información del Ministerio Público, aunque la institución no desglosó los datos por causa específica, pese a la solicitud de este equipo.

En muchos de los casos, según conoció LA PRENSA Premium, los funcionarios han solicitado licencias de trabajo para no perder todas sus prestaciones.

En total, desde el 1 de julio de 2018 al 31 de julio de 2025, el Ministerio Público dejó de contar con los servicios de 301 fiscales, según la información facilitada a este medio.

El Ministerio Público indicó que en 2018 se contabilizó la salida de 17 fiscales, aunque el data solo incluye los últimos seis meses.

La cifra casi se triplicó en 2019, con 45 casos. En los siguientes tres años se mantuvo por debajo de ese umbral: 34 en 2020, 43 en 2021 y 41 en 2022.

Un año después, en 2023, la cifra cayó a 26.

Sin embargo, los números se dispararon en 2024, el primer año de gestión de Zelaya (nombrado interinamente en noviembre de 2023 en un proceso polémico y juramentado oficialmente en 2024). Ese año hubo un dato récord: 52 fiscales menos en la planilla.

En tanto, en los primeros siete meses de 2025 el fenómeno registró un alza mayor, pues hasta julio se contabilizaban 43 salidas de fiscales. De mantenerse este ritmo, el año podría cerrar con la partida de aproximadamente 70 funcionarios.

Sin embargo, la salida de fiscales en los últimos dos años ha llamado la atención. LA PRENSA Premium recogió testimonios de exfiscales que confirman que su fuga se debe al exceso de trabajo, ya que tienen asignados hasta dos mil expedientes y, aun así, están expuestos a sanciones disciplinarias constantes, además de la falta de incentivos laborales como aumentos salariales.

Este medio conversó con uno de los exfiscales, quien decidió no dar su nombre por temor a represalias. Relató que se vio obligado a salir del Ministerio Público tras escribir una serie de comentarios y quejas en un grupo de WhatsApp.

En los mensajes, el exfuncionario se quejó sobre el trato recibido en la presente administración, la falta de aumentos salariales, la ausencia de independencia en las decisiones y las reformas al reglamento —porque supuestamente les afectaba—.

Por estos mensajes, el entrevistado fue llamado en varias ocasiones a audiencias de descargo.

El exfiscal relató que los demás fiscales, asignados a unidades regionales, se sumaban a las quejas después de que alguien tomaba la iniciativa y alzaba la voz.

El exfuncionario se quejaba por las carencias, como vehículos de trabajo y otros recursos logísticos, así como por la presión de resultados frente al aumento en la carga de trabajo.

Debido a estos comentarios, el fiscal fue trasladado a una zona alejada de la ciudad, lejos de su familia. Debió alquilar una vivienda con el mismo salario, por lo que decidió pedir una licencia por un año, aunque debe cumplir una serie de requisitos.

Por ejemplo, si el fiscal bajo licencia no se reincorpora a sus labores, debe renunciar, quedando solo con derecho al 50% de las prestaciones tras haber trabajado 30 años en el Ministerio Público. Para recuperar el restante 50%, debe interponer una demanda en los juzgados.

“Nos tienen sin condiciones. Los aumentos que dan son pírricos, se van en impuestos y pago de Injupemp (Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo), así como transporte, hasta para llegar a un juzgado a cumplir con el trabajo”, manifestó el exfiscal.

Otro fiscal consultado por LA PRENSA Premium acaba de ser trasladado desde una ciudad en la zona atlántica hasta occidente, por un expediente del que afirma cumplió todas las diligencias legales. “Estamos acostumbrados a los traslados, pero cuando se hacen de forma injusta, no es aceptable”, expuso.

Otros fiscales mencionan que actualmente hay más audiencias de descargo para el personal, pero bajo condiciones más complicadas. El ejemplo más claro es que la persona encargada de esta actividad, con sede en Tegucigalpa, ya no goza de viáticos, lo que obliga al personal de San Pedro Sula a viajar a la capital para participar en el proceso.

Sin embargo, no se les asignan vehículos ni se les pagan viáticos por ese desplazamiento.

Además, si la audiencia de descargo coincide con una audiencia en los juzgados, no se considera justificante para faltar. Por la ausencia, se notifica en las tablas de avisos como incumplimiento de la citatoria.

Entre las fiscalías con más carga laboral figuran la Especial Contra la Corrupción (Fescco), Derechos Humanos, Instrucción y Delitos Comunes. En estas unidades, cada fiscal lleva entre 1,300 y 2,000 expedientes en promedio —aunque ciertos departamentos sobrepasan ese número—, además de la carga de audiencias en los juzgados de lo Civil.

Justamente, el retiro de empleados ha ocurrido en las fiscalías especializadas, según conoció este medio a través de entrevistas, ya que el Ministerio Público (MP) omitió ese dato en su respuesta a la solicitud de información.

Se produce una situación en efecto “bola de nieve”: los cientos de expedientes que tenían a su cargo los fiscales que abandonaron la institución son asignados a otros compañeros que ya tienen una carga laboral excesiva.

En unidades tan sensibles como las que investigan homicidios y trata de personas, además de la acumulación de trabajo, algunos fiscales decidieron renunciar por falta de motivación, al carecer de logística y sentir la presión de resultados.

"En una ocasión veníamos de una audiencia de un imputado por delitos graves de tráfico de personas y, en el camino, nos quedamos botados porque el carro estaba malo. Aparte, en ocasiones teníamos que pedir jalón a los agentes de la DPI”, apuntó uno de los exfiscales.

Según se constató en estadísticas internas recientes en San Pedro Sula, desde 2010 han quedado más de 109 denuncias sin investigar en la Fiscalía de Instrucción. A muchas se les venció el término para realizar el procedimiento de ley y no hubo suficiente personal para atender esa carga de trabajo.

Esas denuncias que quedaron sin ser investigadas tampoco se convirtieron en acusaciones en los juzgados. Se trata de delitos que afectaron a la mayor parte de la población, como asaltos en la vía pública o en viviendas, así como robo de vehículos.

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), considera que la salida de fiscales del Ministerio Público afecta gravemente la impartición de justicia, pues al no haber reemplazo se debilita la unidad o fiscalía que lleva el caso.

Como aspecto positivo, resaltó el nuevo concurso para la contratación de 60 plazas a nivel regional. De esas regionales se elegirán fiscales con el mejor desempeño para cubrir plazas en las grandes ciudades. Desde 2019 no se contrataban fiscales.

Esta fuga de fiscales está asociada a la desmotivación, subrayó el experto. No hay incentivos ni recursos financieros para ascender a los fiscales auxiliares a las titularidades.

Añadió que no solo los fiscales están siendo afectados, pues la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) —conocida como la policía del MP— pasó de tener 450 empleados, en su mayoría agentes, a únicamente 160 agentes de investigación. “No solo son los fiscales, sino también los peritos, los agentes y ese personal científico que acompaña al fiscal en los casos. Lamentablemente, esa es la dura realidad del Ministerio Público”.

Dijo que la contratación de los 60 fiscales es un primer paso, pero se debe revisar qué se está haciendo actualmente para eficientar aún más el trabajo mediante una mejor organización interna, aunque también se necesita voluntad de otras instituciones para que el sistema funcione de manera óptima.

LA PRENSA Premium conoció que los agentes de la Atic que ya no están en el Ministerio Público, en su mayoría, renunciaron por la falta de aumento salarial; otros, en menor escala, por cambios en los acuerdos con fiscales; y tres fueron despedidos.

Además, los investigadores también manejan más de 100 casos cada uno, para los cuales deben realizar diligencias y remitir informes a los fiscales, lo que hace imposible judicializar todos los casos que investigan.

Para muchos, los nuevos abogados enfrentan un gran reto, pues el salario ofrecido es de 25,000 lempiras —más deducciones—, y deberán asumir los gastos de hospedaje si son asignados a lugares donde no residen.

“Nosotros lo que hacemos en la ciudad es alquilar una casa y pagarla entre tres compañeros, porque cuando nos trasladan eso incurre en gastos”, apuntó uno de los fiscales.

A lo anterior se suma la denuncia sobre retrasos en las transferencias desde Finanzas hacia los fondos para operatividad y salarios del MP.

En una misiva enviada a Duarte el 15 de agosto de 2025, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Elky Alvarado, expone al funcionario que se vive una situación que está afectando gravemente la operatividad del MP y la economía de los servidores de esa noble institución y, por ende, el desempeño de la justicia en el país.