Extorsión subió durante 2023, pese al estado de excepción vigente en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. – La extorsión, uno de los delitos que ha atormentado a los hondureños durante muchos años, aumentó a un 11% a nivel nacional en los últimos doce meses, de acuerdo al informe “Un año de lucha contra la extorsión en Honduras: evaluando avances y resultados”, publicado este martes por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

A pesar de la implementación del estado de excepción destinado a combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana, los datos recopilados por la ASJ muestran un fracaso evidente en el cumplimiento del Plan Antiextorsión, con solo tres de las 30 acciones planeadas han sido cumplidas.

“Es el resultado de la ineficiencia porque aparentemente hay absoluta incapacidad de parte de esos actores para poder comprar, planificar y ejecutar acciones para de verdad reducir el fenómeno de la extorsión que tanto daño causa”, expresó a LA PRENSA Premium, Santiago Herrera, gerente de Política Limpia del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

“Ha sido absolutamente inefectivo el estado de excepción porque el mercader, el pulpero, el camioncito y el señor conductor del autobús que entra a la colonia y va a otro destino, el que utiliza el taxi y el negocio que opera formalmente tiene que incluir dentro de su presupuesto un elevado costo para poderse proteger de este flagelo”.

Expertos señalan la falta de responsabilidad de las autoridades como el factor principal que perpetúa la extorsión por parte de bandas criminales. Esto ha llevado al cierre de negocios, la migración forzada e incluso pérdidas de vidas por resistirse a pagar a estos grupos delictivos.

La presidenta Xiomara Castro implementó el estado de excepción en diciembre de 2022 como respuesta a la creciente violencia y extorsión en Honduras. En noviembre pasado, esta medida se extendió hasta las 6:00 pm del 1 de enero de 2024.

De acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad, hasta la fecha han sido detenidas 357 personas acusadas de extorsión, de las cuales apenas 40 han sido remitidas al Ministerio Público.

Este medio consultó al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, a través de WhatsApp, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Por su parte, la viceministra Julissa Villanueva dijo que “es el señor ministro Sánchez quien dirige ese rubro de forma personalísima con su cúpula estratégica” y se limitó a decir que “es importante modificar estrategias de acuerdo a los resultados objetivos”.

La encuesta en mención fue aplicada por Le Vote Honduras para la ASJ del 30 de octubre al 7 de noviembre. Abarca una muestra de 850 personas adultas de 18 años en adelante, originarios de 167 municipios a nivel nacional.

“¿Ha sido usted o alguien de su familia inmediata (hijos, esposo, esposa) víctima de extorsión en los últimos 12 meses?”, es la pregunta que se les realizó por llamada telefónica a cada uno de los encuestados.

Al comparar los resultados con años y fechas anteriores (2018, 2022 y mayo de 2023), se identificó un aumento preocupante en el delito de la extorsión.

En 2018 el porcentaje de victimización estaba en 8.5%, cuatro años después, en 2022, aumentó en 9%. Para mayo del año en curso el porcentaje bajó a 8.4%, pero se disparó a 11% para noviembre de 2023.

Los departamentos más afectados fueron: Cortés (16%), La Paz (15%), Colón (14%), Yoro (14%) y Francisco Morazán (13%).

Los encuestados también fueron consultados sobre el método de pago solicitado por las estructuras criminales y aunque el dinero en efectivo fue el más incidente con un 47%, se identificó el cobro de la extorsión a través de transferencias bancarias (30%) y billeteras electrónicas (14%).

Y es que los primeros cinco meses de 2023, donde también se aplicó la encuesta, los resultados indicaron que un 60% de la población pagó extorsión en efectivo, un 20% a través de transferencias bancarias y un 11% por billeteras electrónicas.

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ, lamentó el poco compromiso que ha tenido el gobierno en cumplir con el Plan Antiextorsión. “No hemos visto que se hable desde la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de políticas, estrategias o reformas a ley para mejorar la efectividad en el tema de la detección de transacciones atípicas mediante billeteras electrónicas”; apuntó.

El experto manifestó que no ha habido un trabajo integral entre las diferentes instituciones que se deben vincular a la lucha contra la corrupción.

”Un tema esencial es el seguimiento al dinero. Creo que ya se debe de dar un enfoque no solo a la investigación de la extorsión, sino que también al tema del lavado de activos, porque esto le permite a usted desarticular una red completa criminal. Se necesita ese trabajo integral, no solo es la policía, la fiscalía, sino que también otras instancias que permitan esa investigación amplia y compleja sobre el seguimiento al dinero”, explicó.

También mencionó la falta de regularización de las tarjetas sims, donde no ha habido control ni regulación de comunicaciones en el sistema penitenciario. “Siguen encontrando teléfonos celulares, se siguen gestionando, incidiendo desde las cárceles para manejar estos temas, entonces todos estos factores impiden avanzar en esta lucha”, dijo.

Del total de encuestados, solo el 15%, aproximadamente 127 personas, dijeron sentirse más seguros desde el estado de excepción, mientras que 52%, equivalentes a 442 personas, se siente igual.

Para Lester Ramírez, investigador y experto en temas de seguridad, las operaciones de extorsión ahora se están desarrollando en los alrededores de las ciudades debido a la presencia policial y militar implementada en puntos estratégicos.

”La extorsión no se está produciendo tanto en San Pedro Sula, sino más bien alrededor de San Pedro Sula, posiblemente en Choloma. Las operaciones de extorsión se desarrollan en otras zonas cercanas a la ciudad principal justamente por la presencia policial y militar en los lugares tradicionales, es decir, que la extorsión de alguna manera emigró hacia otros territorios y está vinculada al sector transporte”, apuntó.

El entrevistado también dijo que la falta acciones del gobierno para combatir la extorsión tienen que ver con capacidad y voluntad política, sumado a los cambios que han habido a lo largo del año, por ejemplo cuando la presidenta Castro ordenó devolver el control de los centros penitenciarios a los militares.

”Siempre hay tensiones entre policías y militares, por lo que no suelen compartirse información y es muy importante comprender que el tema penitenciario todavía funciona en estructuras del crimen organizado que controlan aspectos torales de las cárceles y eso también tiene que ver con este tema”, agregó.

Manifestó que Honduras no ha realizado acciones contra la extorsión de manera integral, pues generalmente lo maneja de manera coyuntural ante una crisis o atomizados según cada institución, por lo que es urgente solicitar cooperación internacional en términos de asistencia técnica para enfrentar la problemática.

“Se sigue manejando el enfoque, se puede decir, más punitivo, en vez del enfoque social de rehabilitación, especialmente en las cárceles. Y esto tiene que ver con quiénes son las instituciones que están encabezadas y también el enfoque político que se le quiere dar, se le quiere dar un enfoque de que hay control de todo esto, cuando no es así”, apuntó.

Cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad indican que han recibido 760 denuncias por el delito de extorsión a nivel nacional en el último año, donde la mayoría corresponde a Francisco Morazán y Cortés.

En comparación a 2021 y 2022, donde se recibieron 1,922 y 1,812, encontramos que las denuncias han caído entre aproximadamente 60% este 2023.

”Posiblemente tiene que ver con la falta de confianza que hay al denunciar, el temor obviamente, que son como los sentimientos o justificaciones tradicionales. También puede ser que no haya una campaña de comunicación efectiva de parte de la policía o del gobierno para denunciar. Acordémonos también de que el 911 ha estado intervenido y no sé qué tanto todo esto ha afectado la respuesta estatal”, consideró Ramírez.

El informe menciona que de las 30 acciones que están bajo ocho ejes de trabajo (operativo, tecnológico, comunitario, reforma al estamento legal, reformas al sistema penitenciario, gestión interinstitucional, educativo y presupuestario) solamente se han cumplido 3, mientras que otras tres están en proceso y 24 están incumplidas.

Las tres acciones cumplidas responden a la reforma de la Ley de Lavado de Activos (derogaciones de los decretos 57-2020 y 93-2021), la perfilación, selección y certificación de miembros de la carrera policial y la asignación de más de mil millones a la Policía Nacional, pese a la baja ejecución.

Por su parte, entre las acciones que todavía no se ha cumplido resalta la creación de una comisión integral de policías, fiscales, jueces, miembros del INP, así como operaciones estratégicas estructurales y de impacto contra cabecillas. Además, las reformas penitenciaras como la clasificación de la población privada de libertad por condición jurídica.

La ejecución presupuestaria también fue identificada como otro de los problemas de las autoridades, en este caso de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), donde de los 1,100 millones de lempiras aprobados para la implementación del Plan Antiextorsión en noviembre de 2022,, apenas el 30% ha sido ejecutado, es decir L 284.56 millones.

Además, “en octubre se aprobó un acuerdo ejecutivo para la compra de equipo tecnológico de seguridad, sin embargo, aún se refleja 0% de ejecución de ese presupuesto”, menciona el informe.

El presupuesto de la Secretaría de Seguridad supera los 10,000 millones de lempiras este 2023, con un aumento de 3,347 millones de lempiras comparado con el presupuesto anterior, aumentando más del 32% en 2023.

Al respecto, el gerente de Política Limpia del Cohep lamentó la falta de transparencia porque “no se ve lo que hicieron ni cómo lo hicieron, pues no rindieron cuenta. Lo que yo me pregunto es si la policía sabe en qué colonias operan -los extorsionadores-, si tienen los recursos como se los asignó la señora presidente, ¿por qué no trabajan? ¿por qué no ejecutan las acciones? ¿por qué no le dan seguridad a las personas?”, cuestionó el experto.