Llegar a El Pozo y La Tolva fue “la tumba” para 39 reos

En cierto modo, el tiempo no le dio la razón al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien exclamó en su momento que “se acabarían la fiesta y los privilegios” para los criminales y que habría un control rígido de los presos al crearse las cárceles de “máxima seguridad” de El Pozo y La Tolva.

En los últimos cinco años han habido charcos de sangre en estas prisiones situadas en Ilama, Santa Bárbara, y en Morocelí, El Paraíso, sin que los muros con concreto hidráulico, rejas, cámaras y guardias lo pudiesen evitar.

Entre las promesas del exmandatario al anunciar una nueva era para el sistema penitenciario a partir de 2016 figuraron un mayor control interno, cero paso de armas, drogas, celulares y otros dispositivos, pero hasta ahora la seguridad de cárceles sigue siendo un reto para el Estado, donde los objetivos planteados parecen cada vez más lejos y las soluciones no llegan.

Según un monitoreo realizado por la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium, desde que se pusieron en marcha estas dos cárceles de “máxima seguridad” en 2016 y 2017 se han producido 39 asesinatos de reclusos: 22 en La Tolva y 17 en El Pozo.

No obstante, las autoridades penitenciarias rechazan que exista una crisis en estos penales, pero el hacinamiento, falta de control y ausencia de programas reales de reinserción han profundizado una problemática carcelaria nunca resuelta, ya que lo que menos se logra tras estas rejas es la rehabilitación y mucho menos una garantía de sobrevivencia.

Los sucesos se registraron entre el 19 de junio de 2017 y el 4 de julio de 2022. La mayoría de los muertos pertenecían a la Pandilla 18 y Mara Salvatrucha, según informó en su momento la Policía.

Expedientes judiciales describen que entre las víctimas figuraban procesados y condenados por extorsión, asociación ilícita, homicidio, robo de vehículo, secuestro, almacenamiento de armas y otros delitos.

Del total de hechos perpetrados en ambas cárceles, seis sucesos fueron los de mayor impacto mediático en el país.

El 19 de junio de 2017 fue estrangulado César Alejandro Chavarría Ávila en La Tolva. Fue la primera muerte en un centro de máxima seguridad y desencadenó una ola de cuestionamientos por los controles que se decía allí existían.

El 26 de octubre de 2019, las cámaras de seguridad de El Pozo captaron cuando fue ultimado a punta de pistola y a puñaladas Magdaleno Meza Fúnez, a manos de otros presos.

El vídeo de 1:13 minutos no mostró ninguna reacción de los agentes ante el violento ataque contra Meza, cuyo nombre salió a relucir durante el juicio por narcotráfico en Nueva York de Antonio Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández.

El 14 de diciembre de 2019, un amotinamiento en La Tolva dejó cinco muertos y varios heridos.

Después de estos hechos, el entonces presidente Hernández declaró estado de emergencia en las prisiones y ordenó que las Fuerzas Armadas tomaran la seguridad.

La intervención de los militares no bastó, pues durante la mañana del 12 de diciembre de 2020, un reo de La Tolva ligado a la mediática desaparición del niño Enoc Pérez fue ultimado con saña. Bayron Humberto Meléndez Alas estaba en el módulo tres y era el principal sospechoso.

Casi un año y medio después, el 9 de marzo de 2022, ahorcaron a cuatro reclusos y los sacaron en medio de la basura tras una reyerta en el módulo dos de La Tolva. No habían pasado ni cuatro meses de 2022 cuando el 4 de julio hallaron en el módulo cinco del área de procesados de El Pozo los cuerpos de otros seis privados de libertad.

Del total de muertes suscitadas en todas las cárceles del país en el período analizado, 22 de las víctimas eran miembros de la Pandilla 18, 12 eran integrantes de la Mara Salvatrucha, dos eran de la banda Los Chirizos y uno del grupo pesetas (exMS-13).

El criminólogo Nery Ordóñez considera que “estos eventos se desprenden del encierro, soledad y principalmente por la cuota de poder”, pues argumenta que en prisión todos buscan sobrevivir y cada quien impone su hegemonía.

“La forma de demostrar que mando es matando, los grupos organizados tienen su código de ética donde hablar demás está prohibido y se paga con la muerte”, subrayó.

El analista en seguridad apuntó que “estas dos cárceles no son la excepción, hay mucha rivalidad, estructuras que no se llevan entre sí o con las contrarias y la causa común es la cuota de poder, esto ha disparado las tragedias”.

Glenda Ayala, directora del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), coincidió en que persiste un débil manejo de cárceles y afirmó que no hay seguridad ni cumplimiento a decisiones judiciales, como la de instalar cámaras de seguridad en los módulos.

“A los reos los tienen encerrados muchas horas, sin buena alimentación, pocas visitas y sin recibir el suficiente sol , además de pésima asistencia social y médica”, apuntó la abogada. A su vez, anunció que denunciarían ante la Corte Interamericana las actuales condiciones que imperan en las prisiones.

Por su parte, Eduardo Hause, quien fue director de establecimientos de centros penales en 1989, ahora INP, cuestionó su construcción porque “no cuentan con los lineamientos de tratados firmados ni se tiene conocimiento científico sobre cómo se maneja un ordenamiento penitenciario”.

Señaló que “no puedo creer que no hayan pabellones adecuados ni tratamiento especial para internos. El INP no sabe cómo tratar este problema social, carecen de estadística criminal, psicología penal y estudios psiquiátricos”, añadió.

La Comisionada Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, se unió a las voces que lamentan la inseguridad en las cárceles: “El Estado debe evitar riñas, lesiones y muertes de reos. Tiene el deber de garantizar la vida, salud, alimentación, agua y comunicación con sus familiares”.

Las cárceles hondureñas han sido escenarios de matanzas, incendios, motines, fugas, intentos de escapes, enfrentamientos, introducción de armas, granadas, drogas, licores y dispositivos electrónicos.