Vehículos públicos

El costo mensual de un auto promedio de una institución pública lo podemos calcular aproximadamente dividiendo el costo del vehículo (de L700,000 para el ejemplo) en 96 meses, con sus intereses al 12%, sale una cuota de L11,340. Si le sumamos los costos de mantenimiento y seguro de L7,000 y el chofer de L10,000 más beneficios de un 43%, nos da un costo mínimo de L32,640 por cada vehículo intermedio del Estado. Esto excluye el combustible en operarlo, el cual es variable, y todos los costos indirectos de manejar la flota.

Las empresas privadas pagan por kilometraje, un piso más kilometraje, o un fijo de uso. Las personas responden por su propio mantenimiento y seguro. Al no haber requerimientos de edad, el efecto de la depreciación se reduce sustancialmente. Generalmente las empresas logran este servicio a una pequeña proporción de este monto y los empleados emplean productivamente su auto, mejorando sus ingresos.

Es necesario atacar la ineficiencia de que se lleve correspondencia o se haga cualquier movilización en automóvil. Se puede promover el uso de la moto de los conserjes para hacer distintos movimientos de correspondencia a un costo reducido.

Adicionalmente, el pago de transporte en contrato puede servir como respaldo para financiar la adquisición de un vehículo propio para quien carece de uno.

Estos beneficios no incluyen el reducir la enorme carga e ineficiencia en la logística necesaria para operar una flota pública inmensa.

La reducción de gastos de administración, mantenimiento, personal de soporte y de las posibilidades de desperdicio o dolo en la adquisición y operación de vehículos es sustancial. Siempre existirá la necesidad de una flota vehicular propia y sus operadores, pero se reduciría a los vehículos de servicio.