Se acrecienta la violencia a 14 días de las elecciones generales

Sigue aumentando el número de hechos violentos registrados en distintos puntos a pocos días de celebrarse las elecciones generales en el país.

La noche de ayer sábado murió de manera violenta un candidato a regidor por la Alcaldía de San Luis y dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre) tras salir de una concentración política.

Elvir Casaña falleció producto de varios impactos de bala en la aldea El Colirio, siempre en el departamento de Santa Bárbara.

Por otro lado, un tiroteo suscitado durante un cierre de campaña del Partido Liberal dejó una persona muerta y dos heridas en el municipio de San Jerónimo, Copán.

El fallecido fue identificado como Luis Gustavo Castellanos, mientras que los heridos responden a los nombres de Carlos López y Manfredo Alvarado.

En horas de la tarde de ayer sábado también fue asesinado el conocido alcalde de Cantarranas, departamento de Francisco Morazán, Francisco Gaitán.

El edil fue atacado luego de terminar una concentración política; el sospechoso fue capturado horas después por la Policía. La muerte violenta del político desató una ola de protestas por parte de los pobladores exigiendo justicia.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) difundió recientemente un infome que detalla que Honduras se sitúa en uno de los momentos de mayor fragilidad de los últimos 10 años, siendo catalogado como un país de “alerta elevada”por el Índice de Estados Frágiles del Fondo para la Paz.

Su informe señala que de los 305 conflictos registrados en el país entre enero y octubre del presente año, la cuarta parte han sido conflictos electorales.

El capítulo hondureño de Transparencia Internacional analizó desde una perspectiva sistémica, dinámicas electorales cuando se convierten en un tipo de conflicto social, teniendo como período de estudio los primeros 1o meses del año, como antesala a las elecciones generales del 28 de noviembre.

Mediante un sistema de monitoreo y registro de conflictos ingresado de manera segmentada, la ASJ categorizó los diferentes conflictos sociales ocurridos en el país a partir de sus particularidades como: actores o grupos involucrados, manifestaciones observables, lugar, fecha, medio de verificación y efectos que produce.

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Esta categorización derivó en cinco tipos de conflicto: electoral, político, económico, institucional y del Estado de Derecho. De estos, 103 fueron producidos por el mismo Estado a través de su función de garantizar el imperio de la ley; 60 por las condiciones de precariedad económica, limitaciones presupuestarias y el incremento al costo de la vida; 49 conflictos institucionales desde la función de entregar servicios públicos, como la vacuna contra covid-19; 11 en ámbito político por luchas de poder y acceso al Estado como fuente de riqueza y privilegios; y 82 que fueron producto de la competencia electoral, que involucran la capacidad de los órganos electorales y el sentimiento de polarización de la población.

Por su lado, el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) puso a disposición de la población un boletín que describe la violencia política electoral ocurrida desde el 20 de diciembre de 2020 al 25 de octubre de 2021.

El documento detalla que en ese período de tiempo ocurrieron 27 homicidios, 18 coacciones, seis amenazas, 11 atentados, una coerción y un rapto por esa causa. Del total de las víctimas, 49 fueron hombres y 14 mujeres.

Los resultados publicados son el insumo para que las instituciones vinculadas con dichos procesos vigilen el comportamiento del fenómeno de la violencia entre actores políticos, promuevan las acciones necesarias para disminuir los conflictos y establezcan las reformas pertinentes para garantizar la participación equitativa de los movimientos políticos.

A inicios de noviembre, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Foro Nacional de Convergencia (Fonac) capacitaron a 169 observadores electorales para que a lo largo de un mes monitorearan violencia electoral y de género, noticias falsas y discursos de odio.

Los capacitados son integrantes de la red nacional de veedores sociales del Fonac, a quienes se les encargó la misión de recopilar en el período comprendido entre el 13 de noviembre y el 13 de diciembre del presente año, incidentes relacionados a conflictividad política y de violencia contra grupos colocados en situación de vulnerabilidad como la mujer, fake news y manifestaciones que inciten a la descalificación y atenten en contra de la dignidad humana.

El Fonac, junto con otras organizaciones de la sociedad civil como la Pastoral Social Cáritas de la Iglesia Católica de Honduras, Grupo Sociedad Civi, el Centro de Estudios de la Mujer en Honduras y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, acordaron ejecutar acciones de cooperación para la gestión y tratamiento de la información mediante el establecimiento de un sistema de alerta temprana y el establecimiento de nexos con actores relevantes para la respuesta a incidentes de violencia electoral y de género, tales como la Policía Nacional del Honduras, Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y los gobiernos locales.

Del mismo modo, se aprobaron actividades de comunicación y participación en talleres con actores nacionales y territoriales con el objetivo de socializar hallazgos, colectar lecciones aprendidas para futuros procesos electorales y asegurar la sostenibilidad del sistema.