Oabi manejó sin control dinero y bienes incautados a narcos

SAN PEDRO SULA

Por años, el dinero que se incautaba en distintas operaciones a narcotraficantes o lavadores de activos, así como joyas, obras de arte y semovientes, no fueron registrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).

Nunca hubo control, según el informe de auditoría interna que hicieron en la institución que el actual gobierno busca liquidar.

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Al no haber registros y controles inexistentes -o muy deficientes- como indica el informe, no saben las cantidades o el destino de esos bienes, por lo que se limitaron al levantamiento de un inventario físico sin valores de referencia.

Sin embargo, los planes de una liquidación dejan dudas sobre si habrá una verdadera rendición de cuentas y sanciones por las irregularidades. No hay ningún pronunciamiento todavía si se procederá contra funcionarios o exfuncionarios.

A pesar de que el borrón y cuenta nueva puede dejar en la impunidad los casos de corrupción, en el Congreso Nacional, según las autoridades, trabajarán en una nueva normativa para la oficina.

En el informe de auditoría se indica que la Oabi dispone de un software denominado Sisbienes, el cual “es utilizado para el registro de bienes, pero el mismo presenta limitaciones que impiden un adecuado seguimiento y control que permita conocer, por ejemplo, si sobre dichos bienes existe un convenio marco, contrato de comodato o póliza de seguro”.

Tampoco registra con precisión el estatus legal de cada bien para diferenciar si estos están simplemente asegurados o si ya existe sentencia definitiva con orden de devolución o comiso por parte del juzgado de privación de dominio.

Otro de los hallazgos en la auditoría es que muchos de los bienes que han sido subastados, vendidos de forma directa y arrendados están valorados por debajo del precio del mercado y en otros casos carecen de avalúos previos, como requisito establecido por la ley.

Las inspecciones a los bienes asegurados se realizaban cada tres o cuatro años, por lo que cuando se aplicaron se detectaron bienes abandonados o destruidos, dando origen a problemas que la Oabi deberá enfrentar cuando en su caso la autoridad competente ordene la devolución a sus legítimos propietarios.

En las subastas, los arrendamientos y ventas directas debían contar con los avalúos por empresas certificadas e inscritas en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS); sin embargo, “muchos de ellos están valorados por debajo del precio del mercado y en otros casos carecen de avalúos”, indica el informe.

Los arrendatarios de bienes asegurados le deben a la Oabi, según los registros, un poco más de 125,610,385.79 de lempiras, más los impuestos de servicios públicos y bienes inmuebles, pues muchos fueron abandonados.

Las acciones u omisiones contribuyen a que la institución por un lado no obtenga los frutos que debería percibir como producto de una sana administración de sus rentas, sino que por el contrario dichos actos reflejan poca transparencia y coadyuvan a incentivar la corrupción.

Adicionalmente se percibe la existencia de grupos que continúan usufructuando bienes administrados por la Oabi, algunos subarrendando bienes sin autorización, otros sin pagar la renta correspondiente y otros pagando alquileres que no están acordes a la categoría del bien.

Lo anterior ocurre al amparo de contratos que fueron elaborados de manera arbitraria y antojadiza, suscritos en los meses previos a la entrada del nuevo gobierno, concluyen los auditores.

Los resultados de la auditoría evidencian debilidades de control interno, descuido, abandono, saqueo de propiedades y mal manejo de los bienes administrados, con el agravante que la institución está enfrentando una serie de demandas judiciales, que podrían causar un impacto negativo muy fuerte en su patrimonio.

Los auditores durante su trabajo destacaron que la persona que estaba como jefa de la sección de ventas y arrendamientos fue cesanteada antes de asumir el director ejecutivo actual, Jorge Gonzales, dejando las vacantes a sus subalternos quienes evaden toda responsabilidad sobre las irregularidades detectadas.

Pese a los graves hallazgos encontrados en la Oabi, el Ministerio Público no ha iniciado ninguna investigación para deducir responsabilidades.Incluso, en el mismo informe señala que a la Fiscalía le solicitaron documentos de algunos casos y no recibieron respuestas.

Un total de 177 empresas, que comprenden 163 sociedades mercantiles y 14 unidades productivas, fueron aseguradas en años anteriores, de las cuales 122 comercios han cerrado.

Del número anterior, 65 no tienen informe técnico y contable que especifique el motivo del cierre, y 12 cerraron por carecer de información contable, inventarios y locales propios.

Se informó que 12 eran empresas de maletín, 9 cerraron y se arrendó el inmueble en el que funcionaban, 4 cerraron y se dio en comodato el inmueble y una empresa se devolvió a sus dueños, apunta el informe de la Oabi.Un total de 19 cerraron por otros motivos.

En la auditoría se sostiene que la Unidad de Administración y Gestión Empresarial (Uage) de la Oabi desconoce el número total de empresas incautadas y clausuradas.

Además detectaron múltiples irregularidades en las subastas que hicieron donde los funcionarios de la Oabi pagaron con cheques las garantías que se pedían subvalando los bienes.