“Hospital móvil” de $223,000 a punto de ir a la basura

Pudriéndose en un contenedor en las instalaciones de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) está la carpa comprada como “hospital móvil” por 223,000 dólares (5.5 millones de lempiras) para la emergencia de covid-19 en Honduras.

LA PRENSA Premium constató que la carpa así como aires acondicionados, sistema de ventilación y ductos para el aire están en el contenedor desde diciembre.

Las partes de la carpa comprada por Copeco en 2020 durante la emergencia del covid-19 fueron llevadas a ese contenedor en diciembre de 2021, luego de haber permanecido instalada en un predio en Villanueva, Cortés, donde solo sirvió como triaje.

Investigaciones señalan que el “hospital móvil” fue comprado por Copeco por 223,000 dólares sin seguir los procedimientos para una compra de emergencia y sin haber ni siquiera consultado con expertos de la Secretaría de Salud.

Según documentación, la adquisición del “hospital móvil” fue firmada por Gabriel Rubí, exministro de Copeco, quien es investigado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) en ese caso junto con otros exempleados.

La carpa móvil se compró a la empresa DLV Enterprises, dedicada a la venta de productos y servicios para refugios de emergencia.

Investigaciones indican que en Copeco no se siguió el procedimiento de compra de emergencia, pues antes de hacer el pedido ni siquiera consultaron a la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Honduras (Oncae) encargada de tener registros de proveedores para el Gobierno.

En esa oficina cada institución debe consultar como requisito obligatorio si el equipo que requieren lo puede suplir un proveedor registrado.

En caso de no tener los productos o equipos requeridos se hace con proveedores en el exterior que también están registrados, pero Copeco nunca lo hizo para adquirir el “hospital móvil”, que según las especificaciones de ellos vendría a ayudar a pacientes con covid.

Informes indican que la compra se hizo directamente de funcionarios de Copeco y la empresa internacional a la que le pagaron los 223,000 dólares.

La adquisición se hizo sin garantía de calidad y de cumplimiento y tampoco consultaron opiniones de expertos de la Secretaría de Salud para determinar si en realidad lo que comprarían era lo que necesitaba el personal médico para la atención, indica parte de la investigación.

El “hospital móvil” fue llevado a Villanueva sin anuncios oficiales y fue instalado en un predio donde los ciudadanos comenzaron a quejarse por el temor de tener un centro tan cerca de las viviendas.

La carpa fue instalada el 10 de abril de 2020, pero no comenzaron a usarla, pues en el predio no había luz eléctrica, agua potable ni servicios sanitarios.

“Al no encontrar un lugar donde ubicar el supuesto ‘hospital móvil’ una iglesia prestó un predio, pero solo era una carpa con aire acondicionado”, dijo una de las personas que estuvo involucrada en la instalación.

Pasó más de un mes hasta que la alcaldía de Villanueva tuvo que invertir alrededor de medio millón de lempiras para la adquisición de transformadores y de esa forma instalar la energía eléctrica y el agua.

Durante el mes que estuvo abandonada la carpa, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública inició las primeras investigaciones y con los documentos de compra se dieron cuenta del valor de la carpa, que no era un hospital móvil.

Como la carpa solo tenía aire acondicionado, camillas y una pequeña zona de aislamiento de pacientes, al final tuvo que ser habilitada como triaje donde médicos comenzaron a atender a pacientes sospechosos de covid- 19.

En el lugar también se hacían pruebas de covid y las muestras eran enviadas al laboratorio de la Secretaría de Salud en San Pedro Sula.

Durante la investigación realizada por la Fiscalía contra la corrupción sobre la compra del “hospital móvil” se conoció que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) hizo una cotización de lo que costaba un hospital móvil con equipos médicos y el precio era de 15,000 dólares menos de los 23,000 dólares que costó el que adquirió Copeco.

Los fiscales desde el inicio de las investigaciones tomaron declaraciones a los exfuncionarios de Copeco y personal administrativo, quienes detallaron cómo hicieron la compra.

Declaraciones de los involucrados apunta que los funcionarios de Copeco, después de haber comprado el “hospital móvil”, comenzaron a enviar documentos a Oncae para hacer parecer que habían seguido los procedimientos de compra.

La Fiscalía aún no ha interpuesto requerimientos fiscales en contra de los involucrados en la compra irregular del hospital móvil por el decreto recién derogado que impedía acusar sin que antes el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) hiciera la auditoría e investigaciones sobre el manejo de los fondos ejecutados por servidores públicos.

Con la derogación de esa normativa, el Ministerio Público ya puede realizar las acciones para acusar a los responsables de las irregularidades.

La Fiscalía acusó a Gabriel Rubí, excomisionado de Copeco, por delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios por haber suscrito un contrato de más de 4 millones de lempiras para la construcción de un triaje en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax en la capital.

También están acusados el exsubcomisionado de Copeco Gustavo Adolfo Cruz Gómez y el exadministrador Cristian Elia Santeli. Rubí enfrentó audiencias y se defiende en libertad.