Estado pierde rastro de menores cuando cumplen su sanción en centros

Muchos de los jóvenes que han delinquido en el país han ido a parar a los centros Pedagógico e Intermedios El Carmen, para recibir opciones de estudio, trabajo y ayuda psicológica como parte de un proceso de rehabilitación que les permita cambiar su futuro alejados de la infracción, las maras y pandillas.

La Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium es el primer medio de comunicación en realizar un recorrido a profundidad en estos dos centros desde su operatividad en la ciudad.

Los centros tienen una capacidad para albergar a 320 jóvenes, pero hasta el 27 de julio de 2022 registraron únicamente 28 internos: 12 en el Pedagógico y 16 en Intermedios.

La cifra ha venido en picada en los últimos años, así lo demuestran bases de datos que conoció este rotativo, las cuales indican que en 2017 hubo 166 menores, pero la cifra ascendió a 200 en el año 2018. La curva comenzó a bajar en 2019 con 121 infractores, luego pasó a 77 en el año 2020 y finalmente a 57 en el año 2021.

Los administradores aplauden estos números, aunque no necesariamente significa que la juventud está delinquiendo menos que antes, pues la mayoría recibe medidas socio-educativas.

Para Nora Urbina, exfiscal y especialista en niñez, la reducción de menores en los centros refrenda que son los adultos quienes más delinquen y se debe además a un trabajo articulado.

Sin embargo, la experta enfatizó que “el Estado tiene el reto de atender la reinserción social y familiar, pues las comunidades están siendo impactadas por el crimen organizado. Muchos son amenazados y usados para venta de droga e ir a dejar el papelito de la extorsión, y saben que si no acceden terminan muertos o si aceptan caen en la cárcel”.

En El Carmen solo hay un menor con una sanción máxima de ocho años por violación y los que menos han recibido es de seis meses. Las infracciones que prevalecen son tráfico de drogas, violación y extorsión.

Hasta el 27 de julio se reportaron cinco jóvenes con medida cautelar y 19 sancionados entre ambos centros. Datos oficiales también detallan que la mayoría de infractores de El Carmen provienen de ciudades como Tocoa, San Pedro Sula, La Ceiba y Santa Rosa de Copán.

Los centros de El Carmen operan igual o mejor que los demás establecimientos para infractores en el país pese a recibir un presupuesto desfavorable. Su director develó que hay un fondo asignado de apenas 8,000 lempiras mensuales para su funcionamiento, en contraste de los 50,000 lempiras que recibían hasta hace un tiempo.

Se supo que de 2017 a 2021 se otorgó dinero del Patronato Nacional de la Infancia (Pani) a través de un fideicomiso denominado Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema, no obstante, en 2017 solo se contó con dicho dinero para noviembre y diciembre, la diferencia se dio porque las solicitudes de desembolsos trimestrales estaban condicionadas a liquidación y aprobación de un comité de fideicomiso y a disponibilidad presupuestaria del mismo Pani.

Para el presente ejercicio fiscal el dinero se incorporó al Tesoro Nacional según disposición de Finanzas. En 2017 se fijó para el Instituto Nacional Para la Atención de Menores Infractores (Inami) un monto de 19,486,674.81 lempiras; en 2018 la cifra alcanzó los 125,400,000 lempiras (22,500,000 lempiras provienen del Tesoro Nacional); en 2019 se estableció un total de 165,000,000 lempiras (de los cuales 26,000,000 lempiras provienen del Tesoro Nacional); en 2020 fue de 99,000,000 lempiras (del Tesoro Nacional se aportan 18,600,000 lempiras); mientras que en 2021 se registró la suma de 132,000,000 lempiras, de los cuales 15,827,540 lempiras salen del Tesoro Nacional.

Más allá del pírrico presupuesto con que opera, algunos sectores cuestionan el débil sistema judicial y la escasa efectividad de medidas por parte del Estado para evitar que estos vuelvan a caer en las garras de la criminalidad una vez pisen territorio ajeno a los centros de internamiento.

Luis Rivera, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), comunicó que inspeccionan mensualmente los centros y en marzo pasado observaron mejoras en El Carmen, siendo el primer cambio la separación de estructuras; no obstante, “hemos insistido en un trato digno, buen tratamiento psicológico, educativo y de recreación. También que se consiga becas y que municipalidades hagan algo más para reinsertarlos, pues lamentamos que después de que salen no haya seguimiento, es por ello que se sienten imposibilitados y lo más fácil es volver a lo que ya conocen”, apuntó.

De su lado, Luis Amador, exasesor de la pastoral juvenil y de campañas de prevención de la violencia, considera necesario revisar la situación familiar, pues sostiene que es allí donde están las respuestas y justificaciones de sus acciones. El párroco discrepó que “a nadie” le preocupe la raíz del problema, pues “lo más fácil es castigar”.

El líder católico indicó que “aunque hay programas de reinserción inteligentemente montados, no son bien acompañados ni vigilados. En estos centros urge personas que realmente les preocupe la vida de los jóvenes, que amen el proyecto y que haya una especie de paternidad”.

La jueza de ejecución Imelda Pérez, del Poder Judicial en San Pedro Sula, concuerda que no existe un seguimiento porque el Inami no se da a basto, por lo que sugiere intervengan organizaciones y alcaldías. La togada afirmó que los centros de El Carmen han mejorado mucho en los últimos tiempos. Explicó además que cada tres meses revisan las sanciones para cesar, modificar o sustituir.

“El 95% de menores que inciden son de escasos recursos económicos y hay quienes quieren salirse de la estructura, pero no tienen apoyo gubernamental”, especificó.

Encargados del Programa de Medidas Sustitutivas a la Privación de Libertad informaron que el total de casos en los últimos dos años se ha mantenido, siendo actualmente siete niños bajo este estatus solo de El Carmen, aunque este número puede ser inexacto porque hay varios que se desplazan a otras regiones del país o casos aún en proceso.

La normativa legal vigente refiere que se puede permanecer con medidas socio-educativas cuando la sanción no exceda los dos años y se llevará a cabo tomando en cuenta circunstancias personales, familiares, sociales y educativas, así como el tipo de infracción y convivencia, considerando el internamiento como el último recurso.