Congreso Nacional no actualiza su portal de transparencia desde hace dos meses

San Pedro Sula

Hablar de transparencia en la administración pública hondureña es, con pocas excepciones, hablar de una serie de rezagos a la hora de mantener al día la publicación de la información de carácter público de las diferentes instituciones.

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En esta ocasión en particular, nos centraremos en la rama legislativa de los Poderes del Estado, es decir, en el Congreso Nacional, institución que mantiene una deuda en cuestiones de transparencia por dos motivos destacables: por una parte, y en esto no difiere mucho de otras instituciones públicas, el legislativo parece tener problemas para mantener al día la información que publica en su portal de Transparencia, incumpliendo los lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), y por otra parte, tampoco aparece publicada la información relacionada con las votaciones de los diputados y su asistencia a las sesiones legislativas, pese al compromiso de las autoridades legislativas de fortalecer la transparencia.

De acuerdo con Ivonne Ardón, comisionada del IAIP, todas las instituciones deben cumplir con cuatro criterios para ajustarse a la norma de transparencia de dicha institución.En primer lugar, dice Ardón, la información debe ser veraz. “Que lleve consignado el nombre de la persona que elabora la información, firma y sello”, precisa la comisionada.

En segundo lugar, la información debe ser oportuna, “que esté publicada en el portal de Transparencia en los primeros diez días hábiles que ordena la ley”, comenta Ardón.

En tercero, que la información sea adecuada, de modo que sea fácilmente obtenible y leíble para el usuario que busque acceder a ella.Y en cuarto, la información debe estar completa, que no omita ninguno de los criterios anteriores.

Ardón añade que, además de esos cuatro criterios de calidad, el IAIP tiene lineamientos para la publicación de la información que son los formatos en los que se va a cargar la información.

Pero cuando aplicamos esos criterios, difícilmente se cumple con ellos. Un análisis del sitio de transparencia en el IAIP mostró que, de 44 apartados revisados, únicamente uno, el “Informe anual”, aparecía actualizado hasta el mes de enero de 2023, si bien se deja constancia de que la actualización se hizo hasta el 27 de enero, es decir, 17 días después de la fecha prevista en el reglamento del IAIP.

El resto de los apartados, en su mayoría, se encontraban actualizados hasta el mes de diciembre 2022 e incluso mostraban mayor rezago. De modo que el Legislativo habría salido “aplazado” en una evaluación de cumplimiento.Por desgracia, dicha situación no es exclusiva del Congreso Nacional.

La comisionada Ardón explica que el IAIP supervisa las obligaciones de transparencia de unas 470 instituciones públicas, lo que incluye a las alcaldías, las instituciones desconcentradas, entes autónomos y los Poderes del Estado.

De ese total, entre el 65 y el 70% logra mantenerse en la máxima calificación de divulgación, pero eso mismo implica que el otro 30 a 35%, mantiene un margen de rezago en sus publicaciones, y entre ellas, el Congreso.

Entre los motivos que provocan el rezago, Ardón menciona la rotación de personal en las oficinas de transparencia de las diferentes instituciones, en donde los oficiales de transparencia son reemplazados por otros y dicha transición ralentiza los procesos de publicación de la información.

Para complicar las cosas, la funcionaria añade que los nuevos oficiales de información pública (OIM) “tienen que pasar por un proceso de certificación que lo damos en el (IAIP). La información no se carga solo por cargarla. Hay que saber qué información va en cada apartado, hay que saber utilizar los formatos y cómo van los enlaces porque hay hipervínculos que nos tienen que llevar a las otras instituciones donde se hacen otros procedimientos”.En otros casos el problema viene de más atrás.

“Si a veces un servidor público de equis institución no está, no hay quién firme los reportes, entonces por eso no la cargan, porque no se puede ir el archivo sin firma, sin sello y sin nombre de la persona que genera la información”, puntualiza Ardón.

Para conocer más a fondo esta situación en el Congreso, LA PRENSA Premium contactó con la oficial de información pública del Legislativo, por vía telefónica y a través del correo electrónico, pero hasta el momento de escribir este reportaje no se había recibido respuesta.Quien sí atendió nuestra solicitud de información fue la diputada Fátima Mena, quien como sexta vicepresidente es miembro de la Junta Directiva del Congreso.

Mena destacó que durante el actual Congreso han habido avances “significativos” en materia de transparencia, en especial si se compara con congresos anteriores.

“Primero que todo, la oficina de Transparencia se ha ubicado en un lugar que sea de fácil acceso para el público, que se encuentra a un costado, básicamente del Congreso, donde cualquier ciudadano puede entrar caminando, y se ha aumentado el personal de la oficina de Transparencia”, asegura la congresista.

Mena también destacó el compromiso con la transparencia en acciones como la derogación de la llamada Ley de Secretos, aunque reconoció que “hay mucho camino que recorrer, todavía”.

La diputada comentó que un reto que el Legislativo tiene todavía por delante es contar con su propio sitio web de transparencia, “donde se puedan incorporar el trabajo de todos los órganos del Congreso” donde pueda hallarse la información pública que genere el pleno, las comisiones, las bancadas, las juntas legislativa, la pagaduría y la gerencia legislativa, entre otras instancias.Y otro reto pendiente sería la incorporación a los portales ya existentes de los resultados de las votaciones.

Mena considera que “hay un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas”, pero este, en aras del interés público, necesita cimentar ese cometido y agilizar procesos.

San Pedro Sula. Tras revisar los informes de planillas del Congreso del último año, LA PRENSA Premium halló que, antes de marzo de 2022, la partida salarial de los jefes de bancada no figuraba en los informes y que fue justamente ese mes cuando aparece con un monto de L110,862.

A primera vista, se da a entender que dicho monto representa el salario de un solo jefe de bancada, pero para el mes de noviembre (el mes de más reciente publicación), el monto había aumentado hasta los L443,448.

LA PRENSA trató de contactar a los cuatro principales jefes de bancada: Tomás Zambrano (PN), Mario Segura (PL), Rafael Sarmiento (Libre) y Tomás Ramírez (PSH). Solo este último atendió, pero negó que su salario llegase a tales montos.

Para aclarar el asunto se solicitó al Congreso, a través del IAIP, el desglose salarial de los jefes de bancada, pero su respuesta nos llevó en círculos: remitieron el mismo informe que dio lugar a la petición, por lo que la cuestión sigue en el aire.