Caos y estancamiento: ¿qué dejó el Congreso de Luis Redondo en 2024?

Tegucigalpa, Honduras.-

En 2024, el Congreso Nacional cierra su ciclo, bajo la presidencia de Luis Redondo, como una de las instituciones más criticadas, ineficaces y menos productivas de la historia reciente de Honduras.

Desde su instalación en 2022, el Hemiciclo Legislativo ha sido testigo de continuos conflictos internos, enfrentamientos entre bancadas y un estancamiento que ha dejado en evidencia su incapacidad para generar leyes relevantes, con un bajo número de proyectos aprobados y una baja, muy baja productividad.

Y es que, según datos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), los diputados acumulan este año aproximadamente 440 proyectos de ley, de los cuales 320 están engavetados (72%), mientras que solo 120 han sido sometidos a debate.

”Si lo comparamos con otros años, ya tiene una mora legislativa grande ya que rozaría los mil proyectos engavetados. Sin embargo, no es solo la presentación, sino que muchas veces no se presentan proyectos que abonan o son importantes, sino que se mantiene la agenda legislativa en función de los intereses”, expresó Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de la ASJ.

El último fracaso en el Congreso se generó el miércoles, cuando no lograron consensos para aprobar el Presupuesto General de 2025 y la sesión #39 se reprogramó para el jueves.

Tampoco se han aprobado las leyes peticionadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), las polémicas adendas de energía eléctrica, entre otras.

Una de las críticas más contundentes hacia el Congreso Nacional ha sido la falta de independencia respecto al Poder Ejecutivo. La institución, en lugar de ejercer su función de control y balance, ha sido vista como un apéndice del gobierno de Xiomara Castro, según entrevistados.

”Muy mala gestión la del Congreso, aplazado en estos tres años porque no ha buscado el bien común sino del beneficio partidario, además de que continúan los mismos vicios del pasado”, expresó el analista y abogado Graco Pérez.

El experto criticó la creación de comisiones que son formadas por personas que carecen de la formación necesaria, el desembolso de bonos (este año, cada diputado recibió L50 mil para el Día de la Madre, L100 mil para Semana Santa y L200 mil para Navidad) que no deberían existir y los sueldos de los diputados suplentes.

”El Congreso ha creado una gran burocracia y un derroche de recursos que no se ven reflejados en la realidad, pareciera que el país viviera en la opulencia, en la abundancia de recursos, el congreso se despilfarra”, agregó el entrevistado.

Sumado a lo anterior, está la falta de respeto de diversos parlamentarios en el Hemiciclo, donde pareciera que gobierna la “ley del más fuerte”, que el que golpea más fuerte a la mesa es el que tiene más respeto.

En los últimos años se han visto golpes, empujones, forcejeos y bochornosas peleas por parte de los congresistas.

En abril pasado, por ejemplo, la diputada Iroshka Elvir le arrebató el micrófono a Luis Redondo durante una sesión legislativa, desencadenando una oleada de silbidos y gritos que llevaron a que el control de la reunión se perdiera por completo.

Pero el caso más reciente fue en octubre pasado, cuando se intentaba dar lectura al segundo debate de la Ley de Justicia Tributaria. Allí, se registró un enfrentamiento entre el diputado Jorge Zelaya y el parlamentario de Libre, Octavio Morales, después de que este último le arrebatara la moción para la interpelación al jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, debido a sus declaraciones sobre temas políticos.

”Las peleas demuestran el bajo nivel de los representantes del Congreso. Es una vergüenza estos medios de confrontación, insultos, agresión física que no lleva a ninguna solución para los problemas del país”, agregó Pérez.

A esto se suman otros zafarranchos que se registraron desde el inicio de la legislatura y, como golpe de imagen, el narcovideo que mostró al exdiputado y exsecretario de Congreso Nacional, Carlos Zelaya, negociando con grandes capos hondureños.

Para Miguel Cálix, experto en temas políticos, el estancamiento del Hemiciclo es el resultado de una incapacidad crónica para generar consensos y gobernar efectivamente.

Desde el inicio de la gestión de Redondo, la composición del Congreso –donde el partido oficialista, Libre, está en minoría (con 40 diputados, tras que 10 saltaran al Partido Liberal, frente a los 43 del PN)– obligó al oficialismo a buscar acuerdos con aliados como el Partido Salvador de Honduras (PSH).

Sin embargo, desde el comienzo, la falta de consenso interno dentro de Libre, particularmente en la elección de la presidencia del Congreso, dejó al Hemiciclo sumido en la ingobernabilidad.

”El problema inicia con el tema de la presidencia del Congreso. O sea, Libertad y Refundación no pudo lograr consenso interno. Logra los votos del Partido Salvador de Honduras (PSH), votan a favor, de Luis Redondo, porque obviamente es uno de ellos. Pero Libertad y Refundación se parte”, mencionó Cálix.

Cálix subrayó que no se puede culpar exclusivamente a Luis Redondo por esta crisis; la incapacidad para generar acuerdos radica en el propio partido Libre, que, a diferencia de gobiernos anteriores, no ha sabido negociar de manera efectiva ni con su propio aliado ni con la oposición.

”Ahora, después de tres años, claro que él es el responsable, pero el inicio, el problema lo genera la Libertad y Refundación por no ser capaz de generar los consensos”, mencionó.

A modo de ejemplo, recordó la estrategia exitosa del Partido Nacional durante el gobierno de Ricardo Maduro, cuando fue capaz de pactar con la oposición, en momentos difíciles, para lograr consensos en la elección de figuras clave como el Comisionado de Derechos Humanos. Sin embargo, en el caso actual, con Libre en el poder, la negociación ha sido esquiva, y los pocos intentos de acuerdo han fracasado.

Uno de los grandes problemas que enfrentó Luis Redondo, según Cálix, fue que un partido con tan solo 10 diputados (PSH) asumiera la presidencia del Congreso, lo que debilitó aún más la capacidad de negociación del gobierno.

Entonces la oposición, consciente de la debilidad del oficialismo, ha obstaculizado sistemáticamente la gestión legislativa, y lo que es peor, el oficialismo ha mostrado una falta de voluntad para negociar.

Parece que, en lugar de construir una agenda común, el gobierno se ha empeñado en un discurso confrontativo, mientras la oposición ha sabido utilizar la debilidad del gobierno para presionar.

El informe “Estado de País Transparencia” de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reveló cifras preocupantes sobre la gestión del Congreso Nacional (CN) en 2023.

De los 367 proyectos presentados, solo 72 fueron aprobados, mientras que 295 quedaron engavetados (80.1%) y 88 fueron enviados a comisión. En cuanto al ritmo legislativo, los diputados solo sesionaron 43 días de los 103 posibles.

El análisis también destacó la disparidad en el gasto público, ya que, de los L1,103.9 millones asignados al Congreso, el 58% se destinó a salarios, y L222.8 millones fueron otorgados en subvenciones a los diputados.

Además, en la investigación “Monitoreo legislativo: asesores, asistentes y consultores en abundancia; resultados en escasez” se mencionaron datos sobre el gasto en personal.

Entre enero y octubre de 2024, el Congreso Nacional destinó L106 millones al pago de asesores, asistentes y servicios profesionales. La mayoría de estos profesionales (siete de cada diez) recibieron entre 31,000 y 60,000 lempiras mensuales. En total, se erogaron 44 millones de lempiras en asesores y consultores durante el mismo período.

Por su parte, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en un informe, reveló que el monto erogado en el CN por subvenciones, subsidios y ayudas sociales de agosto de 2023 a agosto de 2024 sería de L314 millones.

“Monto sobre el cual, se desconoce en su gran mayoría la asignación, ejecución y liquidación de los mismos, denotando la opacidad y falta de rendición de cuenta sobre dichos recursos”, menciona el informe.

En junio, luego del receso durante un mes de los parlamentarios, hubo dos semanas sin convocatorias a sesiones legislativas. Luego, convocaron a sesiones donde abordaron la controvertida Ley de Justicia Tributaria, pero fue interrumpida por una insurrección liderada por la bancada nacionalista.

Sin embargo, en varias ocasiones, los congresistas han logrado aprobar leyes incluso por unanimidad, como el Acuerdo de Donación No. 2360740 entre Honduras y Japón (JICA) por 2,863 millones de yenes, la amnistía registral en el RNP, el Contrato de Préstamo No. 2329 con el BCIE y reformas a la Ley de Protección al Consumidor, entre otras.

También lograron alcanzar un consenso para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público, un proceso que, aunque se extendió por varias semanas, demuestra que con voluntad política es posible alcanzar acuerdos.

Este año, el Congreso Nacional demostró que es posible alcanzar consensos, al aprobar varias mociones de ley por unanimidad, lo que confirma que los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas son factibles.

Sin embargo, a pesar de estas excepciones, la realidad es que muchos otros temas siguen sin ser abordados porque no están en el interés de los actores clave, según los entrevistados.

Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, explicó que “desde que se eligió a la Junta Directiva del Congreso, no se respetó la voluntad de la mayoría de los diputados. Luis Redondo fue elegido a golpes y patadas, por lo cual él no es un presidente legítimo; está usurpando ese poder del Estado”.

El parlamentario sostiene que esta falta de legitimidad ha generado un estancamiento en el Congreso, debido a la incapacidad de Libre para construir consensos con las fuerzas de oposición. “Hoy son víctimas de sus propias acciones y tienen ese poder del Estado paralizado”, añadió, subrayando que el partido de gobierno, con apenas 40 diputados, enfrenta un escenario adverso ante la mayoría opositora.

Por su parte, Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, señaló que este Congreso, liderado por Libre, es el “más improductivo en la historia democrática del país”.

Zambrano coincidió en que el problema se originó desde el inicio de la legislatura, cuando “violentaron la Constitución al imponer por la fuerza una directiva ilegal en 2022”.

También criticó la falta de diálogo y capacidad para generar consensos, afirmando que la agenda legislativa es “pobre y mediocre”, diseñada únicamente para responder a los intereses del Poder Ejecutivo.

”No han sido capaces de sentarse con la oposición de manera permanente, de tener reuniones semanales entre jefes de bancada y los que coordinan el Congreso para construir una agenda de interés del país, una agenda en la que se puedan establecer temas propuestos por la oposición y temas propuestos por el gobierno. Ya solo queda un año y este congreso queda en historia como el peor congreso del país”, puntualizó.

LA PRENSA Premium consultó con el jefe de bancada de Partido Libre, pero al cierre de este artículo, no hubo respuesta.

El desempeño del Congreso evidencia que el país sigue arrastrando problemas estructurales en su sistema político, pues se encuentra atrapado entre las expectativas de la ciudadanía y los intereses de una clase política que prioriza sus beneficios sobre el bienestar colectivo.

Si bien aún quedan meses para revertir esta percepción, el camino no es sencillo. La independencia legislativa, la transparencia en la gestión y un enfoque real en las prioridades nacionales son desafíos pendientes que, de no atenderse, seguirán debilitando la confianza en el sistema democrático del país de cara a las elecciones de 2025.