Las voces del campo

La pandemia, los desastres naturales, el desempleo y ahora las repercusiones de la guerra en Europa, parecen aliarse para agravar la precaria situación económica del país que se sustenta, principalmente, en la producción agrícola. Mientras Rusia dispara proyectiles contra comunidades indefensas de Ucrania, aquí siguen disparándose los precios de alimentos básicos, como el arroz y los frijoles, indispensables en la mesa de las familias que libran una guerra contra la pobreza.

Ante el asedio de estos jinetes apocalípticos el Gobierno debe empeñarse en sacar del atolladero a los productores del campo, por ser estos los primeros en el engranaje cíclico que mueve hacia arriba las cifras económicas en beneficio de la población. Hay que tomar en cuenta que cada uno de los productos de la canasta básica es cultivado y puesto en el mercado mediante un costoso proceso que no siempre es compensado con precios justos.

Para el caso, detrás de una bolsita de arroz hay toda una historia que muchos consumidores ignoran, la cual comienza desde que el grano es cultivado, mediante un proceso que dura casi un año, hasta que llega al consumidor después de pasar por la compleja maquinaria de los molinos industriales.

Sin embargo, si no hay suficiente mercado para colocar el arroz en granza húmeda, este corre el riesgo de perderse en el campo con el consiguiente perjuicio para el productor, lo mismo que para el consumidor quien tendrá que pagar un precio más alto por el poco alimento que llega a comercializarse. Esta es la queja que el sector productor de arroz, especialmente del norte y el atlántico, están planteando al Gobierno.

El caso es que recientemente los productores firmaron un convenio con la agroindustria la cual se comprometió a comprarles toda la producción del grano en casulla, pero resulta que solamente dos de los 24 molineros firmantes están cumpliendo con lo pactado.

Además de mediar entre los productores y los agroindustriales del rubro del arroz para solventar este desequilibrio, el Gobierno tiene la responsabilidad de apoyar las actividades que impulsen la generación de empleos en todo el sector agrícola. Otras de las medidas a tomar deberían ser: dotar de energía eléctrica, sistemas de riego y una mejor infraestructura vial a las zonas rurales para el fortalecimiento de sus unidades de producción.

Es importante que las nuevas autoridades gubernamentales escuchen a las organizaciones del campo quienes también demandan la reactivación del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola ( Banadesa) bajo una ley especial para su funcionamiento a fin de evitar la politización que contribuyó a la quiebra de la institución financiera.