Ejecutan Operación Némesis IV contra manejo de millonarios contratos de Banadesa

De los años 2016 a 2019 son los contratos de Banadesa que están en la lupa de la Operación Némesis IV.

Las autoridad de investigación presumen que hubo un desvío de recursos en diferentes programas de inversión.

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Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio Público puso en marcha este viernes la Operación Némesis IV e investiga el uso y manejo de millonarios contratos de fideicomisos que entre los años 2016 y 2019 ejecutó el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) con otras entidades gubernamentales.

La denuncia en poder de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) refiere a un posible desvío de recursos en diferentes programas de inversión, entre ellos, para la administración de tierras, la reparación de la red vial primaria, secundaria y terciaria, la ejecución de unidades productivas de bienes incautados, el sistema de registro vehicular y placas y hasta de fondos provenientes de multas y licencias de conducir, siendo el centro de la investigación si estos se destinaron a fines distintos.

De momento, la información recabada ya se obtuvo de Banadesa para su análisis y pericia, sin perjuicio que otras diligencias requeridas se desarrollen en otras instituciones ante posibles delitos de violación a deberes de funcionarios, fraude y malversación de caudales públicos.

Por otra parte, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública judicializó un caso en contra de un exempleado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), al tiempo que, en atención a una denuncia se procederá a inspeccionar la Municipalidad de La Ceiba, a efecto de ejecutar auto de investigación, decomiso de documentación en los departamentos de tesorería, secretaría, contabilidad, tributación y departamento legal, por la emisión de permisos de operación presuntamente falsificados.

En Némesis IV, además, la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, en la ciudad de Tegucigalpa, investiga denuncias por presuntos actos de intimidación en perjuicio de operadores de justicia, efectuando dos decomisos y dos inspecciones en las oficinas del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

También se desarrollará una jornada de sensibilización referente al tema de libertad de expresión, con periodistas y comunicadores sociales capitalinos en las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Paralelamente, en San Pedro Sula se investigan casos de amenazas a fiscales, realizando cinco inspecciones en diversos puntos. Este despacho fiscal también hará diligencias por delitos de coacción, limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales y abuso de autoridad en perjuicio de miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos.

De su lado, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural presentará requerimiento fiscal por delitos relacionados con torturas y violación de los deberes de los funcionarios, a la vez se desarrollarán inspecciones en las comunidades garífunas de Bajamar y Sarawaina en conjunto con personal técnico de la Fiscalía del Ambiente.

La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer finalmente interpondrá alrededor de 40 acusaciones por violencia por razones de género. En tanto, las demás fiscalías especiales, regionales y locales, módulos y unidades especializadas del Ministerio Público, junto a la Atic y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (Dlcn), con apoyo de dependencias policiales, militares y administrativas, harán operativos, allanamientos, ejecución de órdenes de captura, detenciones infraganti, decomisos e incautaciones, entre otras acciones para reprimir y prevenir el delito.