Absuelven a Gladis Aurora López, acusada de malversación de caudales públicos
De acuerdo con la Atic, López firmó en junio de 2021 un acta mediante la cual solicitó materiales de electrificación para un proyecto social en la comunidad de La Ceibita.
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Un tribunal especial de Honduras absolvió a la diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y excongresista del ahora gobernante Partido Nacional, Gladis Aurora López, acusada de malversación de caudales públicos por un proyecto eléctrico, informó este martes el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte.
El Ministerio Público (Fiscalía) acusó en 2025 a López de malversación de arcas públicas por uso diferente, luego de que retirara materiales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) destinados a un plan de electrificación en la comunidad de La Ceibita, en el municipio de Opatoro, y se encontraran posteriormente en un proyecto privado en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras.
La resolución fue adoptada este martes por la Corte de Apelaciones Natural al aceptar el recurso presentado por la defensa de López y posteriormente comunicó a las partes durante una audiencia celebrada por el juez natural designado para conocer el caso, explicó Duarte.
La decisión también favorece al exjefe de Planificación e Ingeniería del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode) Ricardo Enrique Padilla, acusado de violación de los deberes de los funcionarios, y al excoordinador de la Unidad Municipal de Medio Ambiente en el municipio de Opatoro (La Paz) Wilmer Giovanni Vázquez, señalado por la presunta falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública.
De acuerdo con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), López firmó en junio de 2021 un acta mediante la cual solicitó materiales de electrificación para un proyecto social en la comunidad de La Ceibita, argumentando que contaba con la mano de obra necesaria para su ejecución.
Sin embargo, las investigaciones determinaron que la comunidad ya disponía del servicio de electricidad desde 2019, a través de un proyecto municipal.
La Fiscalía sostuvo que el uso de los materiales para un fin distinto al autorizado constituía el delito de malversación de caudales públicos por uso diferente y que la actuación ocasionó un perjuicio al Estado de 291.486 lempiras (unos 10.900 dólares). EFE