Elección de la CSJ: claves para entender la modificación aprobada en el Congreso

Polémica envuelve al Congreso Nacional luego de la aprobación durante la madrugada de la Ley Especial de la Junta Nominadora para la Proposición de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los 15 magistrados que sean electos por el Congreso Nacional ocuparán sus puestos durante siete años a partir del 2023.

La CSJ tiene la potestad de impartir justicia en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, sometidos a la Constitución y a las leyes.

Luego de la aprobación de ayer, hay varios aspectos que cambian con respecto a la última elección de los magistrados. A continuación, algunas claves para entender lo que se aprobó ayer en el Congreso Nacional:

La ley, en su artículo 15, contiene las normas de quiénes pueden postularse como magistrados de la CSJ. Precisamente ese es el artículo que fue modificado.

El artículo 15 contenía cinco incisos, pero los congresistas únicamente dejaron el A, eliminaron los numerales B y D y modificaron los incisos C y E.

El inciso B señalaba que para postularse a la CSJ no se debía ser miembro activo de un partido político y el C no haber sido condenado por delitos dolosos, por violencia doméstica o por incumplimiento de deudas alimentarias.

Por otro parte, el inciso D dictaba que los postulados no debían haber sido o ser miembros titulares o suplentes de la Junta Nominadora.

El presidente del CN, Luis Redondo, presentó las sugerencias de eliminar el inciso B y modificar el numeral C.

Inicialmente, los liberales, los nacionalistas, los del Partido Salvador de Honduras (PHS) y la diputada disidente de Libre, Beatriz Valle, rechazaban permitir que políticos y funcionarios públicos puedan postularse como magistrados de la CSJ.

Pero, finalmente, la ley se aprobó con 73 votos a favor, incluyendo a diputados de Libre, del Partido Liberal y unos cuantos del PSH.

La diputada Maribel Espinoza reprochó que se pretende incorporar como candidatos a la CSJ a dirigentes o miembros de un partido político y a personas que tengan sentencias por delitos dolosos, violencia domestica o incumplimiento de deudas alimentarias.